La controlara general de la República, Marta Acosta, aseguró que el país se asoma ya a una “inminente crisis de deuda y de liquidez” si no realiza reformas estructurales en el corto plazo y mediano plazo, como parte del análisis sobre el proyecto de Presupuesto de la República para el año 2019 que debió rendir esta mañana ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
“Hay dos opciones”, le dijo a los diputados: “un ajuste ordenado con cambios profundos y estructurales o una inminente crisis de deuda y liquidez si no tomamos medidas, algo que afectaría profundamente a la economía como un todo, pero principalmente a los más vulnerables”.
Según indicó la contralora, los riesgos de liquidez incluso ya son una realidad, pues la aprobación del presupuesto “no asegura que los recursos van a estar disponibles si las condiciones de la economía cambian”.
Además, Acosta se refirió a la complicada condición de los ingresos nacionales, cada vez más dependientes de la deuda pública (53,5% del total) por encima de los ingresos corrientes. Esto, dijo, sucede por primera vez en la década y se agrava porque la carga tributaria apenas se estima en un 12,82% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio de la década (13,09%).
En esa línea, la jerarca indicó que parte de la desaceleración de los ingresos se debe a “la excesiva fragmentación del sistema tributario y la aglomeración de la recaudación en pocas rentas”, lo cual “deriva en una amplia cantidad de impuestos que aportan relativamente poco, en contraste con el costo operativo y de gestión que involucran”.
En total, seis impuestos recaudan el 86,5% de los ingresos corrientes; sin embargo, las cifras crecen a un ritmo muy lento y son insuficientes para cubrir los gastos del Estado. Sólo en destinos específicos —partidas ineludibles del gasto creadas vía legislación—, el Estado presupuestó un 11,5% del PIB, mientras que los gastos del estado ascienden al 29,6% de la producción.
Así las cosas, la contralora indicó que “la insostenibilidad y el desequilibrio fiscal son las principales características” del expediente, que prevé un déficit del 8% del PIB, ante lo que subrayó que “es imperativo tomar medidas que tengan efectos en el corto plazo con una visión de sostenibilidad”.
La contralora general asegura que el desequilibrio financiero del país se denota en el Presupuesto de la República para el año 2019 y que, si no se corrige pronto, podría derivar en una “inminente” crisis de deuda y de liquidez. @SemanarioU pic.twitter.com/jCB7bJbCUI
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) October 16, 2018
Además, señaló que para 2019, las necesidades de liquidez serán de aproximadamente un 15,9% del PIB, un monto que “plantea retos importantes ante un escenario de déficit fiscal mayor, un saldo de la deuda creciente y una mayor concentración de la deuda con vencimiento en el corto plazo” que dejan en cierto suspenso las capacidades de financiamiento.
Reformas pendientes
Como parte de sus indicaciones sobre el proyecto de presupuesto, la contralora recordó que “el servicio de la deuda, las transferencias corrientes y las remuneraciones acaparan el 93% del presupuesto, lo que evidencia un escaso margen de acción disponible” para la Hacienda pública.
En esa línea, Acosta señaló que estas obligaciones “dificultan el equilibrio presupuestario”, ante lo que argumentó que ciertamente “no deberían girarse fondos públicos a instituciones que no los están utilizando”.
Este tipo de acciones son ilegales actualmente; sin embargo, ya se dejan de girar más de ¢400.000 millones por ese rubro y el proyecto de reforma fiscal permitiría al Estado “presupuestar los destinos específicos (obligaciones de ley) considerando la disponibilidad de “ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades”, cuando la deuda pública supere un 50% del PIB.
Entre sus argumentos, la contralora además recordó que “persiste un déficit primario (sin contar intereses) desde el 2009” que ya supera el 3% del PIB, un ajuste que habría que realizar para restar vulnerabilidad a las finanzas públicas, cuyos gastos crecen a un ritmo inalcanzable para los ingresos y obligan a elevar cada vez más los porcentajes de la deuda.
Por este motivo, Acosta reiteró que considera necesario actuar desde los ingresos y desde los gastos para cerrar esa brecha, algo que ya inició con la reforma fiscal y que podría resolverse solucionando “los problemas en empleo público, que son más profundos”, entre otros detalles.
El Gobierno contempla un ¢2,6 billones en remuneraciones para este 2019 (7,2% del PIB y 24,3% de los gastos totales), cifra que se contuvo en un crecimiento del 0,6% este año por medidas administrativas que se tomaron, pero que no son sostenibles en el tiempo y “no son suficientes para cambiar la tendencia inercial del gasto”, según la jerarca.
Sólo el Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública reciben el 81,6% de los pagos salariales del Estado.
Otro punto de análisis que brindó la jerarca es que el gasto tributario del país (producto de las exoneraciones y ventajas fiscales) ya se acerca al 39% del PIB, cifra que supera hasta en 14 puntos el promedio de la región.
No revisar esos detalles implicaría posibles recortes en materia de transferencias, rubro que representa una inversión de ¢3,4 billones (9,1% del PIB y 31% de los gastos totales). De ellas, un 84,2% se destina a gastos sociales que, según la Contraloría, son los que más podrían sufrir si se concretan los problemas de liquidez en el Gobierno Central.
Sin compromisos
Finalmente, la contralora general aseguró que el presupuesto es austero y “lo más conservador posible”; sin embargo, no prometió que el texto no vaya a sufrir cambios importantes como los que ocurrieron en el ejercicio del actual presupuesto producto “un elevado riesgo de que cambien las proyecciones de mercado”, como puede ser en el caso de la composición de la deuda.
Al respecto, eso sí, destacó que un 41,6% del presupuesto (¢4,5 billones y 12,3% del PIB) se contempló para pagar el servicio de la deuda, un rubro que creció un 52,6% en relación con la ley del 2018 para evitar esos faltantes. De ellos, cerca de 1,5 billones corresponderían al pago de amortizaciones a corto plazo.
No obstante, esto puede variar si las condiciones así lo requieren, pues el desequilibrado panorama financiero del país no permite asegurar que se podrán conseguir los financiamientos de la forma en que se tienen previstos.
De cualquier manera, no todas las noticias son negativas, pues —en caso de aprobarse definitivamente la reforma fiscal— podrían realizarse ajustes más bien favorables.
Por el momento, sin la aprobación de la reforma, Acosta subrayó que “las cifras son contundentes al mostrar un deterioro profundo y progresivo” de las finanzas públicas que “no puede ser permanente”, pues estas “se encuentran en un punto de inflexión que requiere de un ajuste ordenado, pronto e integral, o redundarán en una inminente crisis de deuda y de liquidez”.
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En cuanto al proyecto fiscal, la contralora afirma que es un primer paso necesario, pero que no resolvería por sí mismo el problema de las arcas estatales.
