La Contralora de la República, Marta Acosta, defendió los datos de su informe sobre el sobreprecio de energía que pagó el Instituto Costarricense de Seguridad (ICE), por tres años (2017, 2018 y 2019).
Frente a los diputados de la Comisión de Gasto Público, Acosta afirmó que el ICE advirtió en “13 ocasiones” del problema con las tarifas. Los reclamos más antiguos ocurrieron desde el 2010.
Acosta fue convocada porque el jerarca de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) acusó a Contraloría de presentar una cifra incorrecta en los gastos que pagó el ICE al aplicar la fórmula de precio establecida por Aresep.
De acuerdo con Acosta, el ICE pagó un total de $24 millones de sobreprecio por unos contratos con generadores privados de energía y tiene que resarcirse ese monto.
La fórmula aplicada “provocaba un doble de reconocimiento de los costos de explotación (de energía) y una tarifa mayor, en favor del privado”, según Acosta.
Contraloría puso un tiempo límite al 26 de marzo para el resarcimiento del dinero y que las directivas del ICE y Aresep determinen “definan cómo lo van a hacer”.
El regulador de Aresep, Roberto Jiménez aseguró a los diputados “que esos veinticuatro millones que dice la Contraloría, es su perspectiva”.
“Podemos demostrar que ese valor que establece la Contraloría, no es el correcto”, afirmó frente a los diputados, hace dos semanas.
Acosta dijo que la “deja un mal sabor” que exista esa historia de advertencias, incluyendo un criterio de una comisión ad hoc que Aresep definió para el tema. En el 2017, Aresep cambió la fórmula.
“Que no venga a decir el regulador que nosotros estamos inventando y que estamos invadiendo sus competencias”, dijo la Contralora.
No obstante, pese a las “desaplicaciones” que hizo Aresep, la Contralora prefirió no adelantar su criterio sobre si la tarifa fue “dolosa” porque existe un “proceso judicial con solicitud de medida cautelar”. Por ser un caso judicial, el expediente es privado para el ICE y Aresep.
“Hicieron caso omiso de esto. Ahí se los dejo”, le dijo Acosta a los diputados.
No obstante, pese a que se le preguntó, Acosta dijo no tener respuesta sobre cuánto afectó el sobreprecio a los usuarios finales del servicio eléctrico.
“No tenemos cálculo de impacto por usuario”, aseguró.
Los diputados sugirieron un careo entre el regulador Jiménez y la Contralora.
No me parece que sea necesario porque nuestro informe está ahí y es público. Lo que yo vendría a decir en una sesión de esas es lo mismo que yo ya dije el día de hoy”, dijo la funcionaria a UNIVERSIDAD, tras la audiencia con los diputados.
Diputados nuevamente preocupados por privacidad de datos
Los diputados dedicaron mayor parte de la sesión con Acosta a discutir sobre una eventual audiencia privada, organizada para conocer detalles específicos sobre contratos con empresas privadas. Esto también ocurrió un año atrás y se impidió que la Contralora hablara.
Sobre la información de contratos con privados, uno de ellos tiene que ver con la compra de Cable Visión (ICE la adquirió en el 2013) y el segundo es un contrato con la transnacional Huawei.
Este último desató un amplio debate sobre la asistencia del diputado Jonathan Prendas, porque tiene un expediente en Fiscalía abierto tras un viaje que presuntamente fue pagado por un empresario relacionado con Huawei.
Esta semana, la oficialista Paola Vega presentó tres documentos para pedir que se inhibiera a Prendas de escuchar datos del ICE. Uno frente a la Fiscalía, un segundo en Contraloría y el tercero frente a los diputados.
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Tras presentar la moción, Prendas atacó a la diputada calificando sus “fundamentaciones” de “ridículas” y comparó su caso en Fiscalía con la experiencia de activismo ambientalista de Vega.
“Tan ridícula es la fundamentación que usted está haciendo, compañera, que yo podría plantear que por su pasado como activista en pro del medio ambiente, todas sus luchas de la Asamblea Legislativa en pos de mejorar o trabajar ese tema, es un conflicto de interés para usted porque está relacionada con ese sector”, afirmó Prendas.
Prendas acusó a Vega de lanzar una “cortina de humo” con el fin de “desviar la atención de la UPAD”, investigación del congreso en la que Prendas participa.
Vega, no obstante, respondió a las acusaciones de Prendas con enfado, argumentando que la acusación por “presunto enriquecimiento ilícito no son palabras menores”.
“No me compare con su persona. De toda la trayectoria, pasado y acciones de esta diputada, ninguna ha terminado con un expediente abierto por la Fiscala General de la República, así que no me meta en su mismo saco, yo no estoy siendo investigada por la Fiscala”, dijo Vega a Prendas.
“He estado denunciando las prestaciones ilegales que su persona recibió y que en este momento se ha salvado de tener que devolver al Estado por una gestión de la Presidencia Legislativa ante la Procuraduría”, afirmó Vega.
“Desde el inicio de mi gestión, he estado detrás de los actos que no son apegados a la ley que han hecho usted y personas de su bancada”, dijo, refiriéndose a los siete diputados que conforman el bloque independiente Nueva República.
Tras los ataques, los diputados intentaron reanudar la sesión para considerar el caso de Prendas y, para futuro, tener claridad sobre cómo convocar a una audiencia “privada” o “secreta” (según dijo el diputado José María Villalta, esto solo lo podrían decidir los diputados en el plenario con los legisladores de todas las fracciones).
El independiente Erick Rodríguez defendió el caso de Prendas porque “se puede dar filtración por cualquier diputado” de la información que se vea en una sesión privada.
Pese a la larga discusión de procedimiento, los diputados no llegaron a nada para la sesión.
La Contralora, Marta Acosta, dijo que no iba a hablar datos de contrataciones privadas específicas.