La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó a los diputados este martes que no aprobar el presupuesto extraordinario de ¢600.045 millones que les envió el Ejecutivo “sería catastrófico”, pues obligaría a tomar dinero de otras partidas como programas sociales, inversión pública, salarios o pensiones para resarcir el faltante de los recursos que no se estimaron a tiempo para amortizar la deuda interna.
“Si no se aprobara el presupuesto sería catastrófico porque no habría contenido para hacer los pagos y entonces debería aprobarse un presupuesto para tomarlo de otras partidas como inversión o pensiones. También quedaría la opción de que no se pague la deuda, lo cual sería inviable porque el Estado está obligado a honrar su deuda”, señaló Acosta al salir de su audiencia de dos horas en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Acosta reiteró a los diputados de ese foro que el presupuesto es especialmente importante para “levantar el límite de endeudamiento con autorización de la Asamblea Legislativa; es decir, dar contenido presupuestario y poder enfrentar los pagos de la deuda”.
Entre esos pagos de deuda están algunos por ¢48.000 millones en títulos a corto plazo y otros ¢134.000 millones por compromisos a largo plazo, rubros de deuda interna que ya se giraron sin autorización presupuestaria, según dio a conocer hace pocos días la propia Contraloría (CGR).
Todos ellos responden faltantes en las estimaciones del Gobierno anterior para las inversiones de este 2018, las cuales ahora son cuestionadas tanto por los cálculos iniciales como por la tardanza con la que se abordaron sus correcciones.
El presupuesto se presentó desde septiembre de 2017 y los cambios en la conformación de la deuda ya habían sido advertidos por la CGR desde mediados de año; sin embargo, las solicitudes extraordinarias no llegaron al cierre de la administración anterior sino que se concretaron hasta el segundo mes del gobierno actual.
Ahora mismo, todas estas condiciones son investigadas en la comisión legislativa para el Control de Ingreso y Gasto Público; así como en la propia Contraloría, primer ente que advirtió sobre la magnitud de los pagos no avalados en la ley del presupuesto.
Según comunicó Hacienda, el desfase se relaciona directamente con los problemas de liquidez que debió sortear el país a finales de 2017, para los que adquirió ¢599.000 millones más en compromisos a corto plazo de los ¢292.700 millones que se habían estimado para el segundo semestre.
Tras las explicaciones de la contralora, la presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, afirmó que “ciertamente (el presupuesto) se tiene que aprobar”, aunque “una cosa es el presupuesto y otra el pago de amortizaciones anteriores que se dieron sin su contenido presupuestario”.
“Hemos señalado, y yo creo que ese debe ser el espíritu de esta comisión, que jamás podría no aprobarse el presupuesto extraordinario. Eso es algo que la comisión no ha contemplado, pero ciertamente este dictamen deberá contemplar observaciones puntuales de la contralora y los miembros de la subcomisión para que se transparente el procedimiento”, subrayó.
Sobre los hechos que hicieron que se realizaran pagos sin autorización legal y que no se corrigiera el presupuesto con mayor antelación, la contralora Acosta afirmó que mantienen sus investigaciones internas, cuya duración dependerá de cómo se desarrollen las averiguaciones”.
“(Cuánto duremos) no lo sé, dependerá de lo que nos vayamos encontrando en el camino, pero sí estamos investigando y vamos a resolver lo que tengamos que resolver porque evidentemente es un pago que se hizo a contrapelo de normas y deteriorando la transparencia presupuestaria”, concluyó.
Este es el primer presupuesto extraordinario que envía la administración Alvarado al Congreso; sin embargo, la ministra de Hacienda ya reveló que pronto enviarán otro por una cifra cercana a los ¢300.000 millones pues los ingresos nacionales quedaron por debajo de las expectativas.
