En su audiencia virtual ante la Comisión legislativa Especial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Contralora de la República, Marta Acosta Zúñiga, alertó que durante el primer cuatrimestre de este año, las transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central a la CCSS disminuyeron un 34,2% y que si esto se sigue presentando el resto del año, la Caja deberá usar más recursos del superávit para cubrir sus gastos corrientes.
De estas transferencias depende por ejemplo, el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNCP), que también recibe recursos del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf). Acosta resaltó que el RNCP ya presenta un déficit de ¢1.713 millones este año.
La jerarca destacó que esta disminución de transferencias corrientes incrementa la deuda del Estado con la CCSS. Al 31 de marzo de 2021, la CCSS contabilizaba la deuda estatal en ¢2.234.540 millones, cifra que dista del cálculo del Ministerio de Hacienda, que asegura que la deuda es solo de ¢191.431 millones; es decir, un 8,6% del total de la deuda, precisó la Contralora.
Acosta recordó a los diputados el fallo judicial que condenó al Ministerio de Hacienda a cumplir con estas obligaciones y lo dispuesto en la Ley 7374 y ordenó que, de forma consensuada Hacienda y la Caja adoptaran una metodología para fijar una suma que cuantifique cuánto se le debe a la Caja por los servicios que brindó y que le correspondían antes al Ministerio de Salud.
De los ¢2.04 billones de deuda estatal que el Gobierno mantiene con la CCSS, el 81,2% corresponde al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 18,8% al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El SEM representa el 66,9% del total del presupuesto de la CCSS, destinado a proveer servicios de salud a la población costarricense. Se financia con los ingresos corrientes, contribuciones sociales, ingresos no tributarios o intereses de títulos valores y transferencias corrientes que provienen principalmente del Gobierno Central.
El IVM representa el 30,5% del total del presupuesto de la CCSS, y Acosta dijo que muestra riesgos por la disminución del aporte de los afectados, así como por la reducción de jornadas laborales y cierre de empresas.
