La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), pedirá medidas cautelares para un total de 13 personas detenidas el día de ayer mediante la llamada operación Diamante.
A partir de las 10:30 a.m. arrancará la audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público, será hasta que finalice que la FAPTA dará a conocer el tipo de medida cautelar que solicitará para cada una de ellas.
El día de ayer tras las detenciones, los imputados -entre quienes figuran seis alcaldes de San José, Cartago, San Carlos, Osa, Escazú y Alajuela-, rindieron sus declaraciones indagatorias tras haber sido trasladados a celdas judiciales.
El Ministerio Público precisó que se han realizado 40 operativos, de los cuales hoy continúan activos tres en las municipalidades de San José y Escazú, y en la empresa Explotec, en San Ramón.
La FAPTA precisó que se investiga una organización que “opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente” para la megaempresa Constructora MECO, “dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública”.
Se investiga al menos 15 proyectos en las ocho municipalidades investigadas: San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres.
La presunción de la Fiscalía es que los funcionarios públicos “favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas”.
A cambio, “se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”. La investigación se tramita bajo el expediente 20-009616-0042-PE por delitos como cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
Además de los alcaldes, se encuentran detenidos cuatro funcionarios de las municipalidades de Escazú, Alajuela, Golfito y San José, y dos trabajadores de las empresas MECO y Explotec.