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Fiscalía pide medidas cautelares contra 11 funcionarios públicos y dos empresarios implicados en caso Diamante

Será hasta el final de la audiencia que se realiza el día de hoy que se informe qué tipo de restricciones pedirá para cada uno de ellos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), pedirá medidas cautelares para un total de 13 personas detenidas el día de ayer mediante la llamada operación Diamante.

A partir de las 10:30 a.m. arrancará la audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público, será hasta que finalice que la FAPTA dará a conocer el tipo de medida cautelar que solicitará para cada una de ellas.

El día de ayer tras las detenciones, los imputados -entre quienes figuran seis alcaldes de San José, Cartago, San Carlos, Osa, Escazú y Alajuela-, rindieron sus declaraciones indagatorias tras haber sido trasladados a celdas judiciales.

El Ministerio Público precisó que se han realizado 40 operativos, de los cuales hoy continúan activos tres en las municipalidades de San José y Escazú, y en la empresa Explotec, en San Ramón.

La FAPTA precisó que se investiga una organización que “opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente” para la megaempresa Constructora MECO, “dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública”.

Se investiga al menos 15 proyectos en las ocho municipalidades investigadas: San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres.

La presunción de la Fiscalía es que los funcionarios públicos “favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas”.

A cambio, “se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”.  La investigación se tramita bajo el expediente 20-009616-0042-PE por delitos como cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.

Además de los alcaldes, se encuentran detenidos cuatro funcionarios de las municipalidades de Escazú, Alajuela, Golfito y San José, y dos trabajadores de las empresas MECO y Explotec.

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