“Se ha dicho que debemos desaparecer como Asada. Duele, porque nos tienen aquí no por negligencia, sino por inacción de las autoridades. Hay cultivos que llegan hasta la orilla de las casas, hay un efecto en la salud y no ocurre nada, se siguen dando los permisos”.
Margarita Alvarado, administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada) de Veracruz de Pital, San Carlos, mostró su dolor y frustración ante la Comisión Especial Legislativa de Ambiente, cuando junto a representantes de otras Asadas acudieron a explicar las implicaciones de la contaminación de nacientes de agua por agroquímicos de la industria piñera.
“En San Carlos, Los Chiles, la zona fronteriza, las Asadas están en riesgo. Sin agua no somos nada. La vida humana es lo más importante y sin las Asadas de la zona Norte nos quedamos sin agua, ¿qué va a pasar?”, cuestionó de manera vehemente.
Consultada por UNIVERSIDAD, Alvarado apuntó que durante años esa Asada formó parte del programa Sello de Calidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y que por ello se hacían análisis sobre la calidad del agua, en los que nunca se detectó presencia de los agroquímicos. “Con todo esto se encienden las alertas, lo que queremos es que no le pase a otros”, afirmó.
Responsabilidad del Estado
Esa audiencia se celebró el pasado jueves 7 de febrero y acudieron también representantes de las Asadas de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Al inicio de la sesión, Doris Rojas, vicepresidenta de la Asada de Santa Rita, informó a esa Comisión que la Sala Constitucional resolvió a favor un amparo presentado por las Asadas de ese cantón, en el que condenó a varias instituciones del Estado por no actuar ante la contaminación de mantos acuíferos por agroquímicos utilizados en la agroindustria de la piña.
Al respecto, Edwin Chaves, presidente de la Asada de La Tabla, destacó que ningún magistrado salvó el voto y subrayó que en el caso de su comunidad, la naciente aprovechada por la Asada fue contaminada aún cuando se encuentra a una distancia de un kilómetro de las plantaciones de piña, ya que la ley establece que se deben guardar solo 200 metros. “La contaminación alcanzó a los mantos acuíferos por el uso indiscriminado de agroquímicos”, sentenció al tiempo que reclamó que el Estado no aplicó la regulación vigente.
La sentencia de la Sala Constitucional se fundamenta en parte en los hallazgos de un estudio realizado en las fuentes de agua de la zona por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR en 2015, 2016 y 2017, por contrato del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Esos análisis determinaron la presencia de bromacil (prohibido desde junio de 2017) y otras sustancias en las nacientes de este cantón alajuelense, pero cabe recordar la polémica que se dio pues los resultados fueron dados a conocer a las comunidades hasta julio del año pasado, cuando además el AyA emergió para sacar de operación las nacientes.
La sentencia de la Sala Constitucional apunta que “resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel”; y que “las autoridades recurridas conocían la situación desde hace años e incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y al principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria”.
También destacó que desde el 2011 la Asada de Santa Rita había denunciado ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) la tala y posible contaminación de agua que llevaba a cabo una finca piñera.
Ese tribunal ordenó a las autoridades del AyA, el TAA, al Área Rectora de Salud de Grecia y a los jerarcas del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que, “en forma inmediata, se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo”.
Así, Chaves pidió a los diputados la creación de leyes “que protejan no solo las nacientes, sino los mantos acuíferos y las zonas de recarga” y enfatizó que en la zona no hubo problemas con la disponibilidad y calidad del agua durante décadas, pero “bastaron diez o doce años de piña para que sucediera esto”.
Comunidades alteradas
Consultada por este semanario, Doris Rojas informó que la contaminación de las fuentes de agua ha generado “muchos conflictos” en su comunidad, entre otras razones porque “en el momento menos esperado fue que llegó el problema de sacar las nacientes de servicio”.
Río Cuarto tiene menos de un año de ser cantón y Rojas explicó que, en ese contexto, “este asunto del agua se satanizó” por quienes han intentado divulgar la noción de que el distrito de Santa Rita no tiene la capacidad organizativa ni de producción de agua, “para cuestionar que seamos la cabecera del cantón”.
Describió que además del daño principal que implica la contaminación, también se da una afectación sicológica, “la gente empezó a tener síntomas psicosomáticos, como brotes, ya todo el mundo estaba enfermo, debimos garantizarle a la población que ya no tomaba de esa agua”.
También, narró cómo planes de desarrollo de la comunidad se detuvieron, ya que el AyA prohibió ofrecer disponibilidades de agua. “Por ejemplo, una constructora pretendía edificar 32 casas, y se tuvo que paralizar el desarrollo porque no se le podía dar el servicio de agua de calidad”.
También manifestó su agradecimiento a Asadas vecinas como la de Río Cuarto y de Santa Isabel, porque “nos apoyaron desinteresadamente desde el principio, las Asadas; una cosa son las Asadas y otra las comunidades”, dijo, en alusión a polémicas que esa ayuda puede desencadenar.
“Total impunidad”
La mayor parte de diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente mostraron empatía y preocupación por la realidad que atraviesan estas comunidades.
Ante la representación de las Asadas, el diputado Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien preside la Comisión, manifestó que “pueden contar con todos los diputados para que el AyA y la UCR hagan estudios con más frecuencia”, además de que manifestó su compromiso para “ejercer mayor presión”, sobre las instituciones competentes, sobre todo en atención al fallo de la Sala Constitucional.
La oficialista Paola Vega se interesó por saber si el caso se ha elevado a otros estrados judiciales, a lo que la administradora de la Asada de Veracruz relató con frustración que acudieron al Tribunal Agrario “pensando en que se hiciera algo para que no se siguieran contaminando esas fuentes”, pero que ahí la causa fue desestimada. Recordó que los estudios hidrogeológicos necesarios que los tribunales exigen como pruebas son muy caros y escapan de las posibilidades de las Asadas.
Llamó la atención la actitud de la diputada liberacionista Paola Valladares. A pesar de la sentencia de la Sala Constitucional y del testimonio, por ejemplo, de la Asada de Veracruz -que durante años cumplió con los análisis de agua requeridos por el programa Sello de Calidad del AyA-, Valladares intentó infructuosamente posicionar la idea de una “responsabilidad compartida” de estas asociaciones en el problema de la contaminación.
El frenteamplista José María Villalta inquirió sobre la magnitud de los daños y al ser abordado por este semanario dijo que el voto de la Sala IV “es muy claro y confirma lo que hemos investigado, que hay una responsabilidad clara de las instituciones del Estado”. Añadió que “hay jerarcas que deben responder penalmente”, porque “incumplieron sus deberes poniendo en peligro la vida y la salud de la gente”.
Añadió que ante este problema “la Asada tiene que incurrir en gastos extraordinarios para conseguir agua de otras Asadas; empiezan los conflictos dentro de las comunidades y con otras comunidades por la por la distribución y disposición del agua”.
Llamó la atención de que “tenemos situaciones como las de Milano de Siquirres o la de Veracruz de Pital, donde ya llevan varios años y no pueden las instituciones reponer el agua para las comunidades. Pero los verdaderos responsables, los que contaminan, las piñeras que causaron el daño, siguen en una total impunidad”.
