De acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al 28 de julio la Constructora Hernán Solís SRL adeudaba ¢226.590.944 a la institución por cuotas obrero patronales y se encontraba en cobro administrativo.
Se consultó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mediante la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) si dicha empresa puede seguir participando en los contratos públicos con el MOPT si tiene estas deudas pendientes con la seguridad social y si a la fecha el MOPT le sigue haciendo pagos a dicha empresa por los contratos que tiene adjudicados. Sin embargo, a la fecha de cierre esta consulta aún se encontraba en trámite.
También se solicitó una reacción a la empresa a través de su departamento de comunicación; sin embargo, no se obtuvo respuesta antes de la hora de cierre.
A principios de julio el viceministro del MOPT Alejandro Guillén, y la entonces directora ejecutiva del Conavi, Hannia Rosales, comparecieron ante la Comisión Especial de Guanacaste de la Asamblea Legislativa, donde informaron que la ampliación de la Carretera Interamericana en la ruta Barranca Limonal, que desarrolla el consorcio H. Solís – Estrella, se encuentra prácticamente paralizado.
En días pasados también trascendió que el grupo empresarial conformado por H. Solís – TPF Getinsa y Euroestudios reclamó una indemnización por los atrasos para comenzar la ampliación de la ruta San José-San Ramón. Las obras son gestionadas por el Fideicomiso Ruta 1.
El consorcio H. Solís – Estrella también está a cargo de la construcción de la Circunvalación Norte, que se espera que entre en operación en diciembre de este año, según declaraciones del ministro del MOPT Luis Amador.
Además, en diciembre del 2020 empezó el proyecto vial Taras-La Lima, que incluiría pasos a desnivel en los cruces de Taras y La Lima, una intervención integral en los 2.8 km de carretera entre ambos puntos y que debía estar listo en el primer semestre de 2023. A principios de junio el ministro de Transportes y Obras Públicas, Luis Amador, criticó que el avance era de apenas un 9%.
El 14 de junio de 2021 se reveló el caso Cochinilla, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó decenas de allanamientos en las empresas constructoras Meco y H Solís, en el Conavi y en el MOPT, exponiendo una red de corrupción en que los empresarios supuestamente sobornaban a funcionarios para garantizarse contratos de obra pública en la red vial.
Según el OIJ, los traslados irregulares habrían generado un hueco de naturaleza presupuestaria de ¢78.000 millones.
Si se comprueba en sentencia firme que las empresas señaladas sobornaron a funcionarios del Conavi, podrían quedar inhabilitadas para construir infraestructura vial para el Estado por un período de entre tres y 10 años.
Cobrador de la Caja denuncia cierre de quebrador por falta de pago de empresa H. Solís
Se trata de Quebrador Río Aranjuez, donde están varadas las vagonetas que llevarían material para varios proyectos relevantes de infraestructura pública, como el tramo de La Angostura en Puntarenas.
