Construcciones ilegales se ciernen sobre Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera

Proliferación de venta de “derechos” y levantamiento de casas genera polémica en cantón de La Unión, cuyo Alcalde debe reubicar a pobladores del sitio y demoler construcciones.

Decenas de construcciones ilegales se han multiplicado alrededor de la de la Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera (ZPCC), en La Unión de Tres Ríos, sin contar con permisos de la Municipalidad y, además, en segregaciones de lotes que no se inscriben ante el Registro Público.

La zona de amortiguamiento se constituye por el área geográfica inmediatamente aledaña a una zona protegida, que por esa razón también es sujeta a medidas especiales de protección.

William Martínez, vecino de esa emergente comunidad manifestó ante el Concejo Municipal en una sesión del pasado 12 de noviembre, que se trata de 78 familias, unas 400 a 500 personas, entre las cuales, según afirmó, hay de un 50% a 60% de menores de edad.

Se trata además de una zona propensa a deslizamientos y derrumbes, según lo ha estudiado la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La polémica lleva varios años, pero el panal se alborotó el pasado 8 de noviembre, cuando una sentencia de la Sala Constitucional ordenó al alcalde Luis Carlos Villalobos no solo detener el avance de las construcciones y hacer lo necesario por la recuperación ambiental del sitio, sino que le mandó realizar un censo de la población allí afectada y gestionar su reubicación.

Vista aérea del avance de las construcciones, data de hace tres años. (Foto: Defendamos la Carpintera).

Esa sentencia se dio en respuesta a un recurso de amparo presentado por un grupo de unos 200 activistas de ese cantón agrupados bajo el nombre de Unidos por La Carpintera. Una persona integrante de esa instancia, quien pidió mantener el anonimato pues, según dijo, ya se han dado amenazas, manifestó que “nos dimos cuenta de que estaban empezando, hace cinco años, cuando se hizo la primera quema”.

“La Carpintera significa todo; es nuestro pulmón, nuestra biodiversidad, los mantos acuíferos están ahí. No sé si las personas tienen noción de lo que es un acuífero o una naciente, porque de ahí se abastece el consumo diario; para Cartago y San José es un pulmón, significa mucho y es vital. El ecosistema es vital para nuestro crecimiento como seres humanos y el agua también, sin esos mantos y nacientes no tendríamos el recurso vital”, aseveró.

Con dolor, subrayó lo fácil que es ver “el desastre ambiental” cuando se transita por la vía conocida como Calle Vieja a Tres Ríos, “se ve que algo no calza en esa montaña. Desde que entra a Tres Ríos se ven los cerros y se ven las invasiones”. Informó que se han puesto más denuncias ante la Municipalidad y el Ministerio de Salud, porque desde junio se han detectado seis construcciones nuevas. Además, dijo que el gobierno local paró las construcciones y puso sellos, “pero los quitaron y siguieron”.

“La construcción ilegal crece, como activistas queremos que pare. En un año vamos a sufrir lo que sufre Brasil”, dijo, en alusión a las favelas de ciudades como Río de Janeiro.

Insistió en que “como ambientalistas pedimos que los reubiquen”, sobre todo ante las advertencias que ha hecho la CNE respecto de la propensión a deslizamientos y que “se dé una tragedia peor, que muera gente sepultada”.

Pleitos legales

El artículo 96 de la Ley de Construcciones establece que si un proyecto de construcción no fue presentado ante la Municipalidad correspondiente, o no se hacen las modificaciones que esa autoridad haya ordenado, “la Municipalidad ordenará la destrucción de las partes defectuosas o la hará por cuenta del propietario. En ningún caso autorizará el uso de la construcción, y si está en uso impondrá multa por esta causa y dispondrá la desocupación y clausura de ella”.

Respecto de la situación que se presenta en la zona de amortiguación de la ZPCC, se trata específicamente de terrenos propiedad de dos sociedades anónimas Corporación Alhambra, S. A. y Unidos Para El Progreso, S. A. propietarias de terrenos contiguos, conocidos como La Chanchera.

En marzo y mayo de 2015 la Municipalidad de la Unión emitió resoluciones que ordenaron la demolición de las edificaciones en ambos casos, lo cual fue ratificado ese mismo año por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Sin embargo, cuando en abril de 2016 la Municipalidad intentó ejecutar esas acciones, se vio impedida ante la imposición de una medida cautelar anticipada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Un año después, en marzo de 2017, esa misma instancia judicial ordenó el levantamiento de esa medida cautelar. Ello quiere decir que desde hace más de dos años la Municipalidad de La Unión está legalmente obligada a ejecutar sus propias resoluciones en cuanto a la demolición de los inmuebles ilegales.

Sin embargo, es notable que en un escrito con fecha de febrero de 2017, presentado ante ese Tribunal respecto de esa medida cautelar, el actual alcalde Luis Carlos Villalobos más bien solicitó que fuera ampliada.

Es más, en conjunto con un abogado que representa a una de las sociedades en el sitio -Luis Gerardo Ballestero- en octubre de 2017, Villalobos firmó un escrito ante el Contencioso Administrativo, en el que plantearon una solicitud para que el proceso contencioso no siguiera adelante. En esa petitoria se manifiesta que la Alcaldía “ha sostenido conversaciones con los vecinos interesados en procura de la búsqueda de una solución al asunto planteado”.

UNIVERSIDAD buscó tanto por teléfono como por correo electrónico al alcalde Villalobos, pero no emitió respuesta alguna, como tampoco lo ha hecho con otros medios de comunicación y como de igual manera no se presentó a la mencionada sesión del Concejo Municipal en que se trató el asunto.

Es notoria la aseveración de la persona activista de Unidos por La Carpintera: “el contexto electoral lo complica todo”.

Esa fuente además advirtió que el Plan Regulador de la Unión no ha sido aprobado, es una responsabilidad pendiente del Concejo, y que por ello hay incertidumbre respecto de usos de suelo.

Luis Araya, abogado que presentó el amparo que resultó a favor de Unidos por la Carpintera, recordó que la ZPCC fue establecida mediante decreto en 1976 y que las familias propietarias de los terrenos más grandes estuvieron de acuerdo en dedicarlos a la conservación.

“No somos los primeros que han luchado por esto. Ha habido gente que ha luchado hace 20 años”, aseveró y fustigó al alcalde, porque “ha argumentado que no existe zona de amortiguamiento y que en la zona protectora no hay construcciones; las dos cosas son mentira, según se me ha dicho. La zona de amortiguamiento existe. En la zona protectora no entra el plan regulador, es del Minae, pero en la zona de amortiguamiento entra el plan regulador, lo estableció”.

Además, observó que en 1976, cuando se emitió el decreto, la zona tenía 9.000 habitantes, ahora  tiene unos 90 mil; “la explosión demográfica ha sido impactante”. Relató que en enero “aparecían casas todos los días, prendían fuego para quemar charrales para poder construir, uno sabía cuando había una casa nueva, porque el fuego se lo decía”.

Resumió el fallo de la Sala IV en que ese tribunal ordena al alcalde levantar un censo para ver cuántas casas ilegales existen en la zona, “pero el número varía; es impactante”. Dijo que ya a mediados de diciembre el funcionario tiene que decir cuántas viviendas ilegales existen y presentar el plan de reubicación.

“Nadie está pidiendo que se les eche el tractor, sino que sean reubicados en un lugar digno, tenemos la zozobra de que un deslizamiento se traiga varias casas. En 2012 hubo deslizamiento que se trajo una casa pequeña”, aseveró.

Convulso Concejo

Durante la mencionada sesión del Concejo Municipal del 12 de noviembre fue necesario llamar al orden a los vecinos de la zona en reiteradas ocasiones.

El alcalde no se hizo presente pero envió a un asesor legal de la Municipalidad, Jean Abarca. Este abogado expuso que para poder llevar a cabo el proceso de demolición de viviendas es imperativo observar el artículo 97 de la mencionada Ley de Construcciones.

Esa norma establece que la persona a la que se haya aplicado una sanción tiene cinco días para manifestar su inconformidad y que la Municipalidad debe entonces nombrar a un técnico diferente del que impuso la sanción para que estudie el caso, y que su dictamen técnico solo puede ser resuelto por el Colegio de Ingenieros.

Abarca dijo que de no hacerse así “quedaríamos en estado de indefensión a las personas” y dijo que ese trámite está en marcha. Ya antes de su intervención, un antiguo abogado externo de la Municipalidad dijo que esa norma se aplica en etapas anteriores de los procesos, no cuando las resoluciones ya están en firme.

También intervino el ya mencionado Luis Gerardo Ballestero, abogado de Esperanza Aquino, dueña de Corporación Alhambra S. A.

Ballestero, entre otras cosas, dijo que “se está discutiendo sobre un derecho fundamental de todo ciudadano, que es el derecho a la vivienda”; además reclamó que existe “una gran cantidad de proyectos de viviendas en iguales o más lamentables condiciones que el caso concreto de los que aquí se discute y a esos no se les ha realizado nada”.

Añadió que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) emitió un informe que “certifica que ese terreno no está afectado por una zona que va a ser protegida” y cuestionó “por qué no volvemos a aplicar la Ley de Resolución de Conflictos y Promoción de la Paz Social para que una forma razonable en un plazo perentorio se presente una verdad de los hechos, y que cuáles sí si están en una zona protegida”.

Poco después intervino Esperanza Aquino y dijo: “veo aquí una persecución contra Unidos para el Progreso y contra Corporación Alhambra muy injusta”. En ese sentido, repitió lo dicho por su abogado respecto de que supuestamente existen otras zonas del cantón donde también hay construcciones ilegales, pero que esas dos sociedades son “las dos únicas fincas que mientan aquí en la Municipalidad de la Unión”. Añadió así que la persecución también es contra el alcalde y sus aliados en el Concejo.

Según expresó, Corporación Alhambra tiene una propiedad de 38 mil metros cuadrados y ha pagado los impuestos correspondientes desde 2003. “El primer cheque que giramos para esa propiedad fue de $26 mil”.

También intervino William Martínez, vecino de Barrio Los Girasoles, dentro del sector cuestionado. Dijo que el conflicto “no es solamente seguir una orden y tumbar casas; esto no es solamente de llegar por un escrito y sacar familias completas”.

Tras señalar las mencionadas cifras de 400 o 500 personas, más de la mitad menores de edad, según sus cálculos, dijo que “tienen derecho a una vivienda, tienen derecho al estudio a tener una vida digna. Si muchos de nosotros no nacimos en cuna de oro, si muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad o la posibilidad de tener una propiedad en sitios donde todo el mundo está de acuerdo con tenerlas”.

Insistió en que “estamos procurando darles una vida digna a nuestros hijos y para nosotros también”, tras lo cual agradeció al alcalde ausente, “me le quito el sombrero”.

Añadió que “si es por la destrucción del ecosistema, del medio ambiente, en Escazú, en Puriscal, en Villarreal, en Cerros Alto es gente de plata y destruyeron el medio ambiente. Las montañas que están allá las están destruyendo para construir mansiones, pero como los permisos se los dan por el dinero, porque tienen mucho dinero, mucho potencial económico, nadie dice nada”.

Pidió, además, que “no se ensañen contra la gente que realmente queremos sacar este país adelante, porque nosotros somos obreros, nosotros somos quienes construimos las casas de los ricos, nosotros somos quienes vamos a la municipalidad a pagar los impuestos, nosotros somos los que estamos ayudando a construir país”.

Durante las intervenciones de los integrantes del Consejo, quienes defienden la ejecución de las medidas ya en firme y ordenadas por la Sala Constitucional, fueron increpados de manera no poco populista por quienes son aliados del alcalde, bajo el reclamo de que no tienen lo que llamaron “humanidad”. También se mencionó la preocupación por las consecuencias de un eventual derrumbe en la zona.

La sociedad construye el riesgo

El sociólogo Alejandro Alvarado aseveró que la situación en la ZPCC “en efecto parece ser un escenario de típica construcción social del riesgo”. Alvarado forma parte del proyecto Conocimiento en Acción para la Igualdad Humana (Knowledge in Action for Human Equality – KNOW), desarrollado con patrocinio de Universidad de Londres y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Esa iniciativa busca caracterizar el riesgo urbano de desastres para diferentes ciudades de América Latina, incluida San José, para determinar cuáles son las condiciones de riesgo que enfrentan. El proyecto establece que la discusión sobre la prevención de riesgo urbano tiene que estar permeada por una discusión sobre grandes temas estructurales, como el modelo de desarrollo, el ordenamiento territorial, la desigualdad y demás.

Explicó que el riesgo es entendido como una construcción social, en el sentido de que los desastres “no son solamente naturales sino que son resultados de acciones y decisiones humanas; son desastres socio naturales o tecnológicos, en los que participa directamente la acción humana”.

Aunque la ZPCC no entra dentro de los estudios del proyecto KNOW, consideró que “estamos en presencia de una situación que combina el resultado de demandas de las familias, que son demandas reales para contar con un techo, pero que frente a esa situación lo que procede no es facilitarle un espacio para establecerse en el cual ya se ha indicado que hay un riesgo importante de sufrir algún suceso de desastre”.

Llamó la atención de que justamente cuando se habla de este tipo de riesgos, en Costa Rica los riesgos relacionados con desastres de origen hidrometorológico son los  más usuales, cerca de un 80% de todos los desastres que han ocurrido en los últimos 30 o 35 años, según dijo.

“Claramente hay una discusión sobre cómo planificamos y ordenamos el territorio, que genera que familias que ya están en todo caso en mayor riesgo social, por efecto de la desigualdad que padecen y por sus condiciones económicas, no encuentran otra solución a su demanda por un techo que la de instalarse en lugares donde el riesgo es inminente”, observó.

Alvarado detalló que cuando se piensa en el riesgo no se puede pensar solamente en los factores físicos presentes -en este caso las características de los cerros-, sino los factores sociales y económicos que entran en juego y que generan mayor grado de riesgo para estas familias, incluyendo el desconocimiento que se tiene sobre las características de la población.

En ese sentido, subrayó el desconocimiento de cuánta población que ya habita en el sitio es extranjera, o cuánta es menor de edad, adultos mayores o personas con discapacidad; todo lo cual puede incrementar las situaciones de riesgo.

Así, informó que en el caso de la investigación que se viene desarrollando, “encontramos que los distritos donde hay un mayor riesgo son aquellos donde entre otras cosas. Hay comunidades o barrios de una alta marginación social” y donde los procesos de formación de esas comunidades y barrios “son resultado del establecimiento precario”, donde se presentan problemas como falta de equipamiento urbano básico, calles y servicios, así como “la falta de acciones municipales necesarias para garantizar el bienestar de la población”.

Dijo sobre el caso de La Carpintera que las personas “tienen una necesidad real y el municipio tiene que actuar para ofrecer una solución que garantice que no estén en situaciones de riesgo, pero también que se solucione su demanda de techo, que es real”.

La persona activista de Unidos por La Carpintera dijo que se trata de “un tema humanitario, la primera necesidad son las personas que viven ahí. A mí se me parte el corazón cuando llueve en cantidades enormes, uno sabe que en cualquier momento están expuestas, hace 15 días hubo un derrumbe pequeño y en una parte con vegetación”. Añadió que “estas personas fueron engañadas, no les dijeron la verdad de la situación de esas propiedades”.


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