Compañía de Juan Carlos Bolaños y empresa Rock Constructions (vinculada a fallido proyecto Málaga) se unieron para levantar un liceo en Desamparados. Ahora, el proyecto está atrasado, carente de recursos económicos y el empresario cementero denunció penalmente a su compañero de consorcio.
Los nombres de estas dos compañías son conocidos: JCB Constructora y Alquiler S.A., propiedad del polémico empresario Juan Carlos Bolaños, quien cumple arresto domiciliario por el caso del cemento chino; y Rock Constructions, vinculada al fallido proyecto habitacional Málaga, por el cual la Fiscalía realiza investigaciones.
En mayo del 2017, cuando estos nombres todavía no eran tan populares, estas dos empresas crearon un consorcio con el cual licitaron y ganaron la construcción del colegio Sotero González, en Desamparados, por un monto de $7,7 millones provenientes del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó al Ministerio de Educación Pública (MEP) para infraestructura educativa.
El contrato fue firmado con el Banco Nacional como administrador del fideicomiso que se creó para ese fin.
El consorcio designó como representante a la compañía Rock Constructions, en ese momento representada por Ricardo Lizano Yglesias, quien ocupa el cargo de presidente.
Tres años después, el proyecto se encuentra varado en medio de una disputa entre los empresarios y la falta de liquidez, a pesar de que se encuentra en un 70% de construcción, en obra gris. Este colegio albergaría a 700 estudiantes.
Las dificultades han sido tales que, el 18 de febrero, en una reunión del Comité Director del Proyecto del Fideicomiso, se planteó terminar el contrato.
Dicho comité lo preside la directora de Fideicomisos del Banco Nacional, Lourdes Fernández, pues este banco administra el fideicomiso que se creó con el préstamo del BID. También lo integran otros cuatro funcionarios de esa Dirección de Fideicomisos y un representante de la Unidad Ejecutora.
De acuerdo con el acta de esa sesión, que se encuentra en el expediente físico revisado por UNIVERSIDAD, “existen o han existido desacuerdos entre los consorciados y además han expuesto su problemática por falta de liquidez para el desarrollo normal de las obras”.
Se evidenció “que en los últimos meses no ha habido avances en el proceso de construcción del centro educativo”, dice el acta aprobada por unanimidad.
El documento indica que el atraso es “excesivo” y se acordó dar por terminado el consorcio. El proyecto estaba previsto para finalizar el 5 de julio del 2019.
UNIVERSIDAD consultó a Fernández si ya se ejecutó ese acuerdo y mediante correo electrónico respondió que no. “En este momento se están analizando las alternativas ya que el representante consorcial (Rock Constructions) ha indicado que continuará con la obra”.
Subcontratos
En marzo del 2018, el consorcio JCB-Rock Constructions subcontrató al Grupo Terranova para ejecutar parte de la mano de obra. En el expediente se indica que la cuantía del contrato no superará más del 50% del monto adjudicado al consorcio.
Además, se hizo una cesión de los derechos económicos a la compañía Brokers Capital Consultores Financieros S. A., la cual realizaría la ejecución financiera y administración de fondos, siempre con el aval de Rock Constructions y Grupo Terranova.
No obstante, ahora el empresario Bolaños asegura que él no tuvo participación en ese proyecto y en enero pasado interpuso una denuncia penal contra representantes de la empresa Rock Constructions y contra el Banco Nacional.
“JCB Constructora y Alquiler S.A. no tuvo ninguna participación en la construcción misma del centro educativo. Lo referente a dicha construcción en su totalidad la han ejecutado Rock Constructions and Development S.A. y una subcontratista llamada Grupo Asesor Terranova S.A.”, denunció Bolaños en un correo electrónico remitido a UNIVERSIDAD.
Bolaños confirmó que cedió la representación y los derechos económicos “hasta el 50% de los avances constructivos que se alcanzaron en julio del 2019”; no obstante, afirmó que hubo administración fraudulenta y que por eso interpuso la denuncia penal.
“En consecuencia a la utilización por parte de los representantes de Rock Constructions and Development S.A., Grupo Asesor Terranova S.A. y del fideicomiso del MEP-BNCR, por la administración fraudulenta del proyecto y la utilización fraudulenta o autoría ilegal de falsas facultades o poderes que yo nunca les he emitido para la administración de dicha contratación, posterior a su 50% de avance constructivo, que en principio se alcanzó desde julio del año 2019”, escribió.
“Estos administradores han desviado los recursos económicos de la escuela Sotero González por varios millones de dólares para otros proyectos o gastos no relacionados con las obras contratadas por el Estado y originalmente autorizadas por mí para su construcción, y quisieron continuar haciéndolo hasta hoy en día utilizando falsas facultades para tal fin. Situación y hechos ilegales que generaron la paralización de la obras constructivas y la afectación de los intereses económicos de mis representadas y el interés público”, aseguró Bolaños.
UNIVERSIDAD intentó conversar con todos los relacionados a este proyecto. Se buscó a Gustavo Adolfo Sequeira Dittel, representante de Grupo Terranova, pero no respondió las llamadas.
José Napoleón Rivas, representante de Brokers Capital, indicó que la compañía obtuvo los derechos económicos porque, en razón de la información que circulaba en aquel entonces (el caso del cemento chino), hubo “inquietud en el Fideicomiso del BNCR para girarle recursos a dicho consorcio”.
La idea era que un tercero imparcial administrara los fondos y “bajo el entendido de que contractualmente el señor Bolaños no tendría participación activa sobre el proyecto”, explicó Rivas.
Al respecto, detalló que su participación en este proyecto finalizó en diciembre pasado.
“Aunque la ejecución no es nuestra responsabilidad, comenzamos a observar problemas de liquidez cada vez más graves, tanto del líder consorcial Rock Constructions, como de la empresa constructora Grupo Asesor Terranova, que aunado a conflictos entre los consorciados, así como inconformidades observadas de nuestra parte, nos obligaron a romper cualquier vínculo contractual con el consorcio y la constructora. Nosotros alertamos de esta situación al Fideicomiso y las posibles consecuencias para el proyecto, pero lamentablemente nuestro rol se limitaba a ser cesionarios”, indicó.
Se contactó a Edgardo Vargas Ríos, quien ahora es representante de la empresa Rock Constructions porque recibió un poder por parte de Ricardo Lizano. Vargas primero pidió remitir las consultas al Fideicomiso y luego solicitó que se le enviaran por correo, pero al cierre de la edición no entregó las respuestas.
Conocidas y cuestionadas
El nombre de Juan Carlos Bolaños y las compañías relacionadas a él empezaron a cobrar relevancia a mediados del 2017 cuando se conoció de créditos millonarios que, supuestamente, recibió de manera irregular de la banca estatal para importar cemento desde China.
El caso tuvo impacto en diferentes flancos y originó investigaciones legislativas y penales.
Bolaños es investigado por peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. Estuvo más de un año en prisión preventiva y actualmente cumple arresto domiciliario.
En el caso de Rock Constructions, esta empresa inició la preventa de un proyecto habitacional llamado Málaga City, en Alajuelita, en el 2015, pero las construcciones no arrancaron en el 2017, como se había indicado, y las personas afectadas presentaron denuncias penales.
El proyecto fue asumido por Infinito Versol (subsidiaria de Aldesa), representada por Lizano. A pesar de la promesa de avanzar, las casas seguían sin construirse y, en marzo del 2019, el proyecto se paralizó por completo cuando al Corporación Aldesa anunció que se encontraban con problemas de liquidez y realizó una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención.
El proyecto fue asumido por los inversionistas.
