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Consejo Nacional de Rectores afirma que proyecto de ley de empleo público viola autonomía universitaria

La Ley Marco de Empleo Público crea un régimen único de empleo público, que consta de ocho familias de puestos.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Luis Paulino Méndez Badilla, dijo hoy a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración que aunque el ente comparte bastante lo planteado por el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, cuando se entra en detalle, éste se enfrenta directamente al artículo 84 de la Constitución Política, al incluir a las universidades en su alcance y cobertura.

Méndez Badilla señaló que al Conare le preocupan varios temas, por ejemplo, el rol que asume el Ministerio de Planificación (Mideplan) en el reclutamiento de profesores universitarios; en el funcionamiento de las oficinas encargadas de la gestión de talento humano; en los nombramientos de rectorías y subrectorías; y en la evaluación del desempeño propuesto.

Todos estos, dijo, estarían invadiendo el artículo 84, que le permite a la universidad su autoregulación.

“No es que queremos estar fuera de todas las leyes; pero que se nos permita reaccionar dentro del marco de la autonomía”, expresó.

Para el presidente del Conare, “en tanto la Constitución Política esté vigente, consideramos que no debemos estar en la lista taxativa de las instituciones que están en el alcance de este proyecto de ley”.

La iniciativa crea un régimen único de empleo público, que consta de ocho familias de puestos, para pagar el mismo salario a quienes realicen las mismas funciones.

Según el funcionario, estas ocho familias de puestos, con diferencias salariales, podrían generar topes salariales que desmotiven a los profesionales a participar como colaboradores del Estado. “Esto no es nuevo; ocurrió muy a menudo en los 80s y 90s, que costaba mantener a los profesores dando clase porque preferían irse a la empresa privada. Luego hubo una etapa de recuperación a partir de 2003 y ahora estamos otra vez en etapa de contracción”, afirmó.

También comunicó que ya han hecho cálculos y que dentro de 10 o 15 años, los salarios en las universidades públicas van a ser muy poco competitivos, como consecuencia de haber aplicado el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en lo relativo a remuneraciones del servidor público.

Dicho apartado norma el pago de los incentivos de prohibición, dedicación exclusiva, anualidades, cesantía, así como otros beneficios.

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