En una primera sesión frente a los diputados, los directivos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) se sacudieron de responsabilidades por los casos de corrupción investigados penalmente contra las constructoras Meco y H Solís en el caso conocido como “Cochinilla”.
Un descargo previo en el que se hablaron de las medidas tomadas por el Consejo de CONAVI les valió a los directivos la observación del diputado José María Villalta que carecían de “autocrítica”.
“Si usted quiere le puedo redactar unos cuantos párrafos de autocrítica”, respondió el directivo Luis Lach, quien representa a la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Lach quedó pendiente de llevar esta redacción a la siguiente sesión de la Comisión investigadora, programada para el jueves 13 de enero.
Presionados por Villalta sobre una auditoría de Contraloría General de la República (CGR) sobre que el CONAVI mantuvo, durante el 2021, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) contratos para ambas constructoras para el mantenimiento vial, los directivos respondieron que su decisión colegiada fue de eliminar dichos carteles.
“Cuando llega la comunicación de CGR (en agosto pasado), este Consejo ya había tomado la disposición de acabar con esos contratos. El único error que cometió la Administración, no el Consejo, es que no los retiró del Sicop. El Consejo tomó una disposición, que se hizo pública, de cancelar los contratos”, afirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata.
El Consejo de CONAVI se comprometió a llevar documentación para refutar las críticas de CGR.
Exdirector de CONAVI pidió ¢9 mil millones más para H Solís un mes antes de los allanamientos por Cochinilla
Exdirector de CONAVI Mario Rodríguez: “No sabía que las empresas eran cuestionadas y cuál era el alcance del cuestionamiento”
Sobre la presencia constante de lobistas de las constructoras, denunciada en el expediente penal, los directivos manifestaron que ellos únicamente pasan alrededor de seis horas a la semana en CONAVI, durante las horas de sesión.
El representante de UCCAEP, Luis Lach, fue el único que manifestó asistencia en otras horas al CONAVI con el fin de “ayudar” en temas que no especificó. No obstante, Lach aseguró que él únicamente visita el cuarto piso del CONAVI, donde están las oficinas del Consejo de CONAVI.
“Para uno es muy difícil desarrollar una percepción de la presencia o no de lobistas”, afirmó Lach.
El frentemplista Villalta acusó de ausentismo al Consejo porque “el jerarca es de tiempo completo” y acusó que existe un diseño falente en el que el Consejo es el superior del Director del CONAVI, pero está al margen de la administración. Villalta pidió, además, que calificaran su función.
“No me considero ausente. Yo llegaba cuando me tocaba (…) Yo me pongo una nota alta, no sé si un 100”, respondió Marcia Cordero Sandí, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
La diputada Franggi Nicolás acusó que han pasado 7 meses desde que el Consejo solicitó al auditor un informe sobre las personas funcionarias imputadas. Los directivos no tuvieron respuesta sobre las medidas disciplinarias tomadas sobre estas personas.
El ministro Méndez Mata defendió que el auditor emitió un “informe preliminar”.
“El Consejo solicitó al despacho del señor Ministro, abrir un órgano de investigación que está trabajando, se la abrió a todos los funcionarios investigados”, afirmó el viceministro del MOPT, Tomás Figueroa, también directivo del CONAVI.
La directiva Maria Cordero afirmó que el auditor tuvo problemas para tener acceso al expediente penal de “Cochinilla” y dijo que tal expediente no es de conocimiento del Consejo de CONAVI.
La diputada Nicolás respondió que incluso su despacho y los medios de comunicación tienen copia de ese expediente.
Cordero explicó que el CONAVI tuvo que “declararse como víctima, para que pudiera entregársele la documentación” del Ministerio Público.
