Congreso solicita investigaciones e indemnizaciones por caso de Marina Civil en la UCR

El Plenario aprobó un informe de investigación legislativa que incluso recomienda (de forma no vinculante) indemnizar a los estudiantes que no han podido graduarse.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes el informe que remite a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y al Ministerio Público el caso de la carrera de Marina Civil en la Universidad de Costa Rica (UCR), argumentando que la institución creó y ofertó la asignatura sin poder garantizar la viabilidad de su programa de estudio y las graduaciones.

La votación fue favorable para el proyecto por parte de 43 votos de todas las fracciones; sin embargo, también votó en contra el independiente Erick Rodríguez Steller. Las acciones y omisiones universitarias, dicta el documento: “dejaron a más de 150 estudiantes con incertidumbre sobre su futuro profesional”.

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El informe además solicitó a la Universidad trabajar en soluciones para los estudiantes; al tiempo que mencionó la recomendación no vinculante de indemnizar “los daños morales, psicológicos y patrimoniales” suyos y de sus familias.

El informe fue defendido por la diputada limonense del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, quien cuestionó el interés de la UCR en sus sedes regionales. “Estos hechos que logramos notar en el informe nos permite decir que el interés es poco, muy, muy poco, el que tienen las autoridades con respecto a estas sedes y recintos”, indicó.

“Se invirtieron ¢7.687 millones en esta carrera, ¢7.687 millones, eso representa el 66% del recorte que la Asamblea le hizo a las universidades el año pasado y, si bien es cierto, parte de esos recursos se utilizaron para tener la mejor biblioteca y los mejores simuladores náuticos para impartir las clases, se le pagó durante tres años dos tiempos completos a un profesor que solo impartió clases un tiempo y finalmente cubrir el resto de los salarios”

“Arrancó la carrera en el 2012 con la primer matrícula, en el primer semestre, sin tener los convenios necesarios para poder dar esa carrera y tanto es así que aún, en el 2019, están pendientes algunos convenios para que sean aprobados por esta Asamblea. Se arrancó sin ningún estudio de factibilidad en temas financieros, académicos sociales, y sin ni siquiera un plan de estudios”, agregó.

Por su parte, el diputado también liberacionista y limonense, David Gourzong, detalló que cada estudiante de la carrera que no haya podido graduarse por problemas universitarios “está en la posibilidad de recurrir a los tribunales y a la Universidad, por la vía administrativa” para hacer sus debidos reclamos a partir de este informe.

“No valoramos los daños, pero no somos ilusos al pensar que a estos estudiantes se les afectó, tanto a ellos como a su familia, patrimonial y emocionalmente. Le corresponde a la UCR hacer los estudios y determinar la verdad real de los hechos”, acotó.

También habló a favor el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA),  quien dijo haber hecho un balance sobre el texto, a pesar de que no coincidía con todas las conclusiones y recomendaciones. “Este informe no puede entenderse como un reproche a la UCR por haber invertido recursos en una carrera como Marina Civil, esa inversión es necesaria,  y ojalá que esto no se entienda como no hay que seguir arriesgando en invertir en nuevas carreras que se adapten a las realidades de las distintas regiones del país”, detalló, no sin antes advertir que “deben sentarse responsabilidades” por el “fiasco”.

Además, dijo esperar que la experiencia con esta carrera sirva como “un aprendizaje”, de modo que no se repitan este tipo de experiencias, pero puedan seguirse desarrollando programas regionales. Eso sí, dijo que faltó profunidad en materia de responsabilidades y que hubiese redactado diferente las posibles indemnizaciones, en vista de que esa recomendación no es una facultad de la Asamblea Legislativa.

No obstante, la diputada Marulin Azofeifa, del bloque fabricista, sí destacó los señalamientos de responsabilidades hechos por el texto, que busca sentar responsabilidades administrativas y penales. Asimismo, destacó que se pida una investigación interna de la Universidad para la vicerrectora de Docencia, Marlen León; así como por la realización de nombramientos que la comisión consideró inadecuados.

Por último, la oficialista Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), lamentó que a la fecha ningún estudiante se haya podido graduar y que no se viera una investigación interna en la UCR, con afectaciones para todos los estudiantes y sus familias. “Precisamente, la principal recomendación entonces es que la UCR no abandone este proceso, sino que le dé salida estos estudiantes y cuente con la voluntad de la Asamblea en la legislación pendiente en materia internacional”, concluyó.

Por último, Guido habló sobre la importancia de que las universidades sean más responsables con sus inversiones en regiones; de modo que se proteja la educación pública en el Congreso, pero que ella también garantice sus resultados de forma responsable.

El informe


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