Ya sea porque no les agrada la cercanía con alguna persona, por desacuerdo con el contenido de sus “criterios jurisdiccionales” o porque tienen razonamientos opuestos a la visión económica o política “imperante”, lo cierto es que los legisladores muestran una “reacia necesidad de mantener” el poder para elegir sin justificación alguna a quien ocupa puestos en la cúpula del Poder Judicial.
Así resume la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), en su más reciente pronunciamiento, las críticas a la Asamblea Legislativa por el último proceso de elección de magistraturas suplentes de la Sala III, en el que quedó fuera la candidata mejor evaluada, la jueza penal Patricia Vargas González.
Vargas, quien labora en el Juzgado de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, obtuvo una calificación de 93 en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, pero fue descalificada por los diputados por su cercanía con el exmagistrado José Manuel Arroyo, quien funge como garante ético de la administración Alvarado Quesada.
Pero esta jueza, que renunció calificando el proceso de opaco porque no se tomaron en cuenta sus credenciales académicas y laborales, sino “especulaciones”, también obtuvo notas altas cuando participó en una evaluación que llevó a cabo el Foro de Justicia con paneles independientes, que la valoraron con estándares internacionales hace dos años, recordó Adriana Orocú, presidenta de Acojud.
“Hasta con una mala metodología como la de la Asamblea, ella (Patricia Vargas) sale a relucir con una destacada vida profesional dedicada al estudio del derecho”, comentó Orocú, quien integra el Foro de Justicia, conformado en 2003 también por la Facultad de Derecho de la UCR, la Maestría de Ciencias Penales y el Programa Estado de la Nación.
La Acojud dijo que los diputados han soslayado la hoja de vida de las candidaturas y que “históricamente, no ha demostrado voluntad de cambio del proceso y por el contrario, ha materializado una reacia necesidad de mantener el poder de elegir discrecionalmente y sin justificar, a quien ocupe un cargo en la cúpula del Poder Judicial”.
“¿Cuándo va a cambiar esto?, se lamenta Orocú en clara alusión a la forma en que se eligen las personas magistradas.
Acojud también calificó de un “arreglo” facial los cambios hechos en la metodología aprobada por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) que aunque valora aspectos de carrera profesional de los aspirantes, mantiene la práctica de dar una “altísima calificación” (40%) a la entrevista que puede descartar de inicio a los aspirantes sin conocerse el motivo.
“Se han cohonestado las prácticas poco transparentes, subjetivas y antidemocráticas que se han mantenido en los procesos de elección de Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, con atinos importantes, pero también con constatables desaciertos”, agrega el comunicado.
