- Congresistas recomiendan destitución inmediata de Mariano Figueres como director de la DIS, despido e inhabilitación del gerente del BCR, Mario Barrenechea, inhabilitación del ex Fiscal General, Jorge Chavarría, destitución de la fiscal Berenice Smith, destitución e inhabilitación del magistrado Celso Gamboa, entre otras medidas.
Luego de cuatro meses de intenso trabajo, los diputados que integran la comisión que investigó los créditos otorgados a las empresas de Juan Carlos Bolaños y sus conexiones con los tres poderes de la República arrojó una conclusión fulminante: el presidente Luis Guillermo Solís faltó a su deber de probidad y presionó para facilitar el desalmacenaje y la nacionalización del cemento importado desde China.
Para los legisladores, contrario a lo que el presidente Solís afirmó durante su comparecencia ante los congresistas, las gestiones que el empresario cementero realizó y sus visitas a Casa Presidencial fueron exitosas.
Además, critican la Casa Presidencial nunca encontró razones para llamar a cuentas y aplicar sanciones cuando le correspondió hacerlo con los directivos del Banco de Costa Rica (BCR), a pesar de la evidencia existente y de las resoluciones de la Procuraduría de la Ética.
Al director de la DIS, Mariano Figueres, se le cuestionó por incumplir su labor de cuido sobre el primer mandatario, al no realizar advertencia alguna a pesar de conocer las numerosas reuniones que sostuvo el empresario en la Casa Presidencial.
Estas fueron la principales conclusiones sobre el Poder Ejecutivo extendidas en el informe de 294 páginas, publicado hoy por la comisión legislativa que también señaló faltas graves sobre miembros del los poderes Legislativo y Judicial.
Muy cuidadosos se mostraron los legisladores al señalar faltas en la actuación de la Sala Tercera, a la que cuestionaron la desetimación hecha sobre algunas causas judiciales.
En ese tema, pidieron determinar si todos o alguno de los magistrados pudieron haber incurrido en los delitos de incupimiento de deberes como “prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias u ocultamiento de pruebas”.
Menos tímidos se mostraron los diputados, con el magistrado -ahora suspendido de sus funciones- Celso Gamboa Sánchez, a quien le cuestionaron su viaje a Panamá en compañía de Juan Carlos Bolaños y la adquisisción de un condominio en Jacó valorado en 130 millones de colones, sin que tuviera certeza del origen de ese dinero.
También objetan que es investigado por apropiarse de forma irregular de un expediente en que se investigaba el caso de las “capacitaciones fantasmas” del Movimiento Libertario (ML).
También criticaron los casos del exfiscal general Jorge Chavarría y la exfiscal subrogante Berenice Smith, a quienes se señaló por incumplir gravemente sus funciones y deberes al investigar los casos relacionados con los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata.
Precisamente Guevara y Morales formaron parte, a su vez, de los señalamientos que la comisión hizo a lo interno del Poder Legislativo.
En sus conclusiones, los diputados investigadores dieron por acreditado que Otto Guevara (ML) utilizó su cargo para realizar numerosas gestiones con el fin de incidir en los negocios de Bolaños, mientras que el diputado antes oficialista Morales Zapata utilizó su cargo y su posición -especialmente cercana al Presidente de la República- para realizar reiteradas gestiones en beneficio del empresario cementero, recibiendo “beneficios materiales” de este.
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A lo interno, también cuestionaron las reuniones que el diputado Rolando González (PLN) sostuvo con Bolaños, y cuestionaron sus declaraciones para restar importancia a la investigación sobre el caso conocido como “Cementazo”.
A Guevera le recomendaron renunciar a su inmunidad y lo remitieron a la Procuraduría de la Ética, al igual que a Morales Zapata.
Por su parte, a González sólo pidieron que se le investigara, mismo caso que el de Johnny Leiva, quien fue cuestionado por sus reuniones con diputados y Bolaños para tratar el tema del mercado del cemento y por utilizar un helicóptero del empresario importador de cemento chino.
Al finalizar la lectura de las conclusiones de su investigación, el diputado Ottón Solís -uno de los miembros de la comisión más activos durante las comparecencias- afirmó que “la investigación nos llevó a descubrir las entrañas de tráfico de influencias, osea la habilidad de un empresario que esculcó las debilidades de una parte de la clase política”.
“Descubrió esas debilidades y se aprovechó de ellas, para convertir a una parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, en sus peones para que en lugar de trabajar por el interés público, trabajara por sus intereses y eso es terrible, sobretodo cuando se trata del Poder Judicial””, puntualizó.
Reacciones del diputado Ottón Solís tras la presentación del informe: "Soy optimista, ahora espero que quienes deben ejecutar las resoluciones las ejecuten pronto" @SemanarioU pic.twitter.com/D14OWj3Fk2
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) December 19, 2017
Críticas a la banca pública
Los controles y criterios técnicos aplicados por los bancos públicos también recibieron buena parte de la metralla que arrojaron las conclusiones anoche en el Salón de Expresidentes de la Asamblea.
Los congresistas afirman que el BCR otorgó un crédito elevado a un deudor sin historial de crédito ni experiencia en el negocio de importación al que recurría. Cuestionan que se hayan establecido relaciones entre el gerente Mario Barrenechea y su familia con un cliente específico, mismas que comprometían el cuido de los intereses bancarios.
Además, se ajustaron los reglamentos, las prácticas y el análisis técnico, y se ignoraron los reiterados cuestionamientos que objetaron el crédito.
Las conclusiones de los legisladores fueron severas con el gerente general, los cuadros gerenciales y los integrantes de la Junta Directiva implicados, a los que se le solicitaron suspensiones de entre cuatro y diez años para ocupar cargos públicos.
Los diputados pidieron la suma máxima para Mario Barrenechea, hoy suspendido de su cargo y en prisión preventiva como parte de la investigación que lidera la ahora fiscal general Emilia Navas.
En sus conclusiones, la diputada frenteamplista Patricia Mora, quien también tuvo un rol destacado en el impulso y la continuidad de esta investigación, destacó que la investigación legislativa “ha cumplido con Costa Rica”.
Patricia Mora: "Este trabajo llevó a conseguir un informe prácticamente unánime. Constatamos que nuestro sistema de derecho cuenta con la capacidad de lograr recomponerse aún ante una situación que parecía insalvable" #Cementazo pic.twitter.com/Qj5o397LVk
— Semanario Universidad (@SemanarioU) December 19, 2017
En esta misma línea, el liberacionista y presidente de la Comisión, Ronny Monge, manifestó que “el mayor de los éxitos” fue que “los compañeros y compañeras aceptaran la propuesta de informe que le hicimos a los demás, para que no fuera separado como históricamente se da en esta Asamblea”.
“Tuvimos la oportunidad de decirle a los costarricenses que está por encima la bandera patria sobre cualquier partido político y que hay esperanza de que no es cierto que en la política priva la politiquería”.
Reacciones del diputado Ronny Monge tras la presentación del informe: "El mayor de los éxitos es que se aceptara el proyecto en unanimidad (…) estuvo por encima el país" @SemanarioU pic.twitter.com/ym3lZ6RNxT
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) December 19, 2017
Daños colaterales
Dentro de los señalamientos y críticas de los legisladores durante sus conclusiones tampoco quedaron ajenos el exministro de Economía y actual candidato a diputado por Heredia en la fórmula del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, a quien se recomienda investigar para conocer si faltó a su deber de probidad.
Caso más drástico fue el pedido realizado al expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), actual asesor legilsativo y candidato a diputado por el Partido Renovación Costarricense (PRC), Daniel Gallardo, a quien instaron a renunciar a sus aspiraciones por ocupar nuevamente una curul.
Gallardo, dos veces ya diputado (1990-1994 y 1998-2002) reccionó inmediatamente y aseguró que continuará con sus intenciones diputadiles.
Quedó por fuera y sin mención ni crítica alguna en el informe el abogado socialcristiano Pedro Muñoz, segundo candidato a diputado por San José en la papeleta socialcristiana. A Muñoz se le cuestionó por su cercanía con Bolaños; sin embargo, el presidente de la Comisión aseguró que el tipo de vínculo que Muñoz escapaba a los alcances investigativos del grupo legislativo.
El informe dado conocer anoche tuvo una conclusión casi por completo unánime: en un 90% según las palabras de Monge, y en él participaron diputados de seis bancadas (PLN, PAC, FA, PUSC, ML y PRC).
Reacciones de Sandra Piszk tras la presentación del informe: "Quedamos satisfechos, pero estoy convencida de que si hubiéramos seguido podríamos haber encontrado otras cosas" @SemanarioU pic.twitter.com/h7wM99uHiC
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) December 19, 2017