Congreso da luz verde al Gobierno para que emita $1.500 millones en eurobonos

Con este permiso, Hacienda buscará mejores condiciones de tasas y plazos para su deuda pública. Además, intentará dejar de presionar el mercado local, de modo que se extiendan mejores condiciones de crédito para el sector productivo.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta tarde, de forma definitiva, la autorización para que el Gobierno emita $1.500 en eurobonos (colocaciones de deuda externa, en moneda extranjera) durante los próximos 12 meses.

El proyecto de ley 20.201, contó con el visto bueno de 43 diputados, cinco más de los 38 requeridos constitucionalmente, por tratarse de una iniciativa que busca financiamiento internacional.

 

Únicamente votaron en contra los diputados del bloque independiente Nueva República y el republicano socialcristiano Dragos Dolanescu; quienes sostuvieron esa misma posición durante la primera votación de la iniciativa.

La votación dejó “satisfecha” a la mayoría de los legisladores, palabra que utilizó particularmente el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el liberacionista Roberto Thompson. Él destacó la importancia de permitir que el Gobierno busque financiamiento en los mercados externos, de modo que deje de presionar los mercados locales y enfrente “el grave problema fiscal” con mejores condiciones de la deuda.

“Esto, como ya se ha dicho, no se trata de un nuevo endeudamiento, se trata de un instrumento que va a permitir mejorar las condiciones de la deuda, una deuda que ciertamente nos está ahogando y con la que tenemos que trabajar”, afirmó.

“Hace poco el INS Valores decía que el ahorro anual para este país sería aproximadamente de $18 millones anuales, alrededor de $396 millones durante el plazo hasta su vencimiento, eso es mucha plata y este país se la va a ahorrar, pero debe saberla invertir”, agregó el alajuelense.

Thompson siguió la misma linea de su fracción, que antes había asegurado que, si bien es necesario mejorar las condiciones de la deuda, también será importante revisar que el gasto se contenga a partir de decisiones concretas del Ejecutivo. Por eso, dijeron, aprobaron solo una emisión de 12 meses y no una más amplia por seis años, como pretendía el Ministerio de Hacienda.

Algo similar dijeron otros diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, como la también liberacionista Karine Niño o el socialcristiano Pedro Muñoz. Ellos subrayaron que es una primera emisión necesaria, pero que si el Gobierno quiere más permisos deberá demostrar avances en otras líneas.

De cualquier manera, el oficialismo también celebró la aprobación. Por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC), habló el exministro de Economía Welmer Ramos, quien subrayó que con cada punto porcentual que bajen las tasas que paga el Estado por la deuda, incluidos los puntos que pueda bajar por esta decisión, representa un ahorro de ¢175.000 millones: “tres veces el presupuesto del Ministro de Agricultura y Ganadería o 40 veces el presupuesto del Ministerio de Economía”.

Ramos reiteró que le parece absurdo que Costa Rica defienda la apertura de los mercados en casi todos los campos menos en la deuda pública, donde el país solo puede salir a buscar deuda externa con la aprobación del Congreso.

“En la mayoría de los países se permite que, previo a la aprobación de una estrategia de la deuda, cada país tenga la libertad de ir a gestionar esa deuda de la mejor manera, lo que le permite a esos países ahorrarse miles de millones de colones, con una gestión a mayor plazo y con menos presiones internas”, puntualizó.

No obstante, la aprobación por ahora ocurrió. Y el cambio en las tasas es justo y los plazos es justo lo que dicen buscar el Ministerio de Hacienda y el Banco Central (BCCR) con la aprobación de este proyecto. Además, buscan otros dos créditos de apoyo presupuestario: uno por $500 millones con  la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otro  por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con este mismos objetivo.

Los fondos y los bancos nacionales, aseguran, ya no dan abasto.

La última vez que se aprobaron eurobonos, durante el gobierno de Laura Chinchilla (aunque por un plazo mayor), las tasas cayeron 200 puntos base (2 puntos porcentuales).

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Una primera autorización, de varias posibles

La autorización es un permiso que faculta al Ministerio de Hacienda para colocar $1.500 millones de deuda externa en los próximos 12 meses, una cuarta parte de lo que había solicitado el Ejecutivo en primera instancia.

Inicialmente, el Ejecutivo había solicitado un permiso para emitir eurobonos por $6.000 millones para un periodo de seis años; con topes de $1.500 millones para los primeros dos años y de $1.000 millones en los siguientes.

Los diputados de oposición externaron desde el inicio que preferían una suma más pequeña y después aprobarían otro tracto, dependiendo de la forma en la que el Ejecutivo condujera sus finanzas a partir del primer tracto. Si el Ministerio de Hacienda insiste en nuevas colocaciones, tendrá que tocar la puerta de los diputados.

La iniciativa —defienden el Ministerio de Hacienda y el Banco Central— permitiría descompresionar el mercado local, donde las altas necesidades del Estado acaparan una buena parte de los recursos disponibles en bancos y fondos, empujan las tasas al alza y achican los plazos ofrecidos para el pago. Esto también impacta al sector productivo nacional.

Por el contrario, los eurobonos se colocan en el exterior y en monedas internacionales, un ambiente de mayor competencia que propiciaría tasas más bajas y una mayor disponibilidad de recursos para el Estado. También tendrían un efecto en el mercado del crédito interno (en los bancos y las financieras nacionales que ofrecen créditos al público en general, por ejemplo).

El Banco Central estimó en su Programa Macroeconómico 2019-2020 que los eurobonos permitirían que el Gobierno coloque su deuda a tasas inferiores del 7,65%, mucho mejores que las que ya encuentra en el mercado local (que son hasta dos o tres puntos más altas).

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Las tasas tan altas en los mercados locales responden a una deuda nacional que ya superó los máximos recomendados por los organismos internacionales para economías en desarrollo (del 50% del PIB de cada nación), un máximo que Costa Rica rebasó por más de tres puntos porcentuales el año pasado.

Asimismo, responden al déficit financiero nacional del 6% del PIB que tuvo el país en 2018, el cual genera desconfianza sobre las posibilidades de pago nacionales.

Ese déficit está compuesto por un 2,5% del PIB, que el Gobierno intenta aliviar con el plan fiscal (con sus nuevos impuestos, regla fiscal y normas de empleo público); así como por otro 3,5% del PIB, que radica en el pago de intereses de la deuda que ya ha sido adquirida. Esta diferencia deberá seguirse financiando con deuda en los próximos años hasta que se estabilice la diferencia primaria (sin contar intereses)


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