Los diputados aprobaron esta tarde —en primer debate— la segunda de las dos reformas en materia de portación y tenencia de armas que se tramitaban en el Congreso. Se trata del expediente 20.509, el segundo proyecto que ingresó en la corriente legislativa desde septiembre de 2017 para mejorar los controles en referentes a estos dispositivos.
Este proyecto, el 20.509, estuvo marcado por una discusión sobre la cantidad máxima de armas permitidas por persona, cifra que finalmente quedó en un tope de dos dispositivos, tras una intensa polarización entre quienes pedían mantener el tope actual (de tres) y reducirlo al máximo posible (de una).
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Esta iniciativa se aprobó con el voto favorable de 36 diputados; con el único rechazo de los cinco diputados Zoila Volio del Partido Integración Nacional (PIN), Aracelly Salas, María Inés Solís, y Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Además del tope en materia de armas, este proyecto plantea controles más específicos para su uso, partiendo de las condiciones del tenedor y de los espacios permitidos. Asimismo, busca endurecer los trámites de inscripción para personas físicas y jurídicas, incluido un trámite de renovación de permisos e inscripciones.
Los procesos de renovación de inscripciones ahora tendrían que hacerse cada seis años, de modo que se pueda chequear el estado del arma y que el portador siga cumpliendo los requisitos necesarios para tenerla.
Este control se suma a la penalización que estableció las dos reformas en la materia, según la cual los portadores que no denuncien el extravío de sus dispositivos recibirían penas monetarias.
Sobre esta iniciativa, el diputado presidente de la comisión de Seguridad, Gustavo Viales, aseguró que servirá especialmente para “cerrar los portillos que hoy permiten que armas pasen al mercado negro”, una tarea que además se complementaría con las nuevas penalizaciones ya antes aprobadas.
Por su parte, los diputados que se habían opuesto a dejar el tope de armas actual y que proponían reducirlo al máximo lamentaron que ese objetivo no se hubiese logrado por completo, aunque destacaron el resto de aspectos positivos en la reforma.
Entre ellos, el oficialista Enrique Sánchez aseguró que “esta reforma a la ley de armas es una significativa modernización de nuestro marco normativo” y destacó que “establece nuevas reglas a las empresas de seguridad privada, limita el número de armas que una persona puede tener y crea reglas para evitar que una persona con antecedentes de violencia doméstica, penales o policiales consiga una licencia para portar armas”.
La totalidad del proyecto
El proyecto de ley además establece que toda institución pública o privada que tenga armas a su disposición deba llevar un inventario con la información sobre cada una de ellas y sobre sus portadores, información que deberán remitir semestralmente a la Dirección de Armas nacional con el detalle de “la cantidad, el tipo, el número de serie, el patrimonio, el nombre de la persona a quien se le han asignado y el estado de las armas de fuego”.
Además, el texto inhibe de portar y tener armas a quienes tengan impedimentos mentales o físicos; así como a las personas relacionadas con el crimen organizado y los menores de 18 años (con una excepción para aquellas mayores de 14 años, en lugares autorizados para la práctica deportiva).
Tampoco podrán portar ni tener armas las personas condenadas o con penas privativas de libertad (en modalidad abierta o cerrada), ni las que estén siendo precesadas judicialmente o tengan antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos sexuales, posesión de drogas y otros similares.
El texto además señaliza de mejor manera cuáles armas están permitidas y obliga al Estado a “realizar todos los controles que sean necesarios para evitar que las armas adquiridas lícitamente terminen en el mercado ilícito de armas”.
Otro señalamiento del texto es que cada persona que desee inscribir un dispositivo deberá
establece que las inscripciones y los permisos para portar armas deberán hacerlo a través de cartas aunadas a la copia de la factura de compra, la póliza de desalmacernaje o la escritura protocolizada del traspaso, junto con un texto deberá indicar “las calidades, la nacionalidad y el domicilio del solicitante y todos los datos necesarios para identificar plenamente las armas cuya inscripción se solicita”.
En materia de espacios para la portación de armas, el proyecto restringió por completo el ingreso de armas de fuego, municiones y explosivos a instituciones estatales y otros espacios públicos, tales como los centros de educación y salud, los establecimientos que vendan licor, los centros recreativos, los locales de culto y aquellos espacios públicos en los que se realicen actividades de concentración masiva.
Se exceptúan de esta restricción a los oficiales de seguridad; así como a los propietarios de los establecimientos comerciales que utilicen las armas “para protección de su vida y su patrimonio”.
Por último, el texto añade la obligación de que las empresas de seguridad privada que dejen de desarrollar sus funciones envíen sus armas al Arsenal Nacional, el cual las custodiará por seis meses hasta que el dueño de las mismas regularice su situación, traspase los dispositivos o proceda a destruirlas si esto no ocurre.
Mejorar los controles
Tanto el expediente 20.508 como el 20.509 fueron intensamente defendidos por el Ministerio de Seguridad, entidad que encontró en los textos una oportunidad para cerrar portillos para la comercialización de armas peligrosas y para reducir las opciones de que armas pasen del mercado legal al mercado negro, para la comisión de delitos.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Michael Soto, comentó que alrededor de unas 800 armas pasan del mercado regular a manos de la delincuencia cada año, una cifra que intentarían reducir con estos controles.
Como parte de esta discusión, Soto también abogó por una redacción en la tenencia civil de armas, de modo que se redujera la cantidad de estos dispositivos en las calles.
No obstante, finalmente la reducción fue mínima y solo afectará a las personas que compren dispositivos a partir de la aprobación de esta legislación.
