La relativa calma que operó en los primeros tres años se rompió en el Congreso a menos de 12 meses de que los diputados salientes concluyeran su cuatrienio. Esta será una nómina legislativa que se recordará por la división de sus fracciones y su pausa en los primeros tres años, aunque –especialmente– por el vértigo hacia el final de su gestión, con el estallido del escándalo del cemento chino y las discusiones por la reforma fiscal.
La división –que complicó la aprobación de leyes a lo largo de toda su gestión– se desdibujó con el caso de presunta corrupción que involucró a los tres poderes de la República y, posteriormente, con el análisis de la reforma fiscal “paliativa” propuesta por el Gobierno, un proyecto que avanzó entre tensiones, aunque no pudo votarse.
Será el cuatrienio de las nueve fracciones, en el que “no se caminó, sino se gateó”, en palabras del socialcristiano Jorge Rodríguez, quien subrayó que “con tantas fracciones es más difícil” que antes, refiriéndose a la época pasada, la del bipartidismo, cuando él fue parte de la Asamblea entre 1990 y 1994.
También será el cuatrienio del control político y de las “medidas que consiguieron adecentar un poco la política”, en palabras de la frenteamplista Patricia Mora; una de las más activas en la comisión que investigó los créditos bancarios, incluido el del caso popularmente conocido como “el cementazo”.
Los cuatro años
La historia de este grupo de diputados inició con un panorama parecido al que terminaron dejando. Una intensa división fue la tónica desde el inicio de sus labores e, incluso, se reflejó desde la primera elección del directorio legislativo.
Aquel proceso requirió de la unión entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) para colocar al oficialista Henry Mora al mando, una coalición que duraría poco tiempo.
Los acuerdos fueron difíciles desde entonces, como lo demostró el mismo Henry Mora, quien será recordado –entre otras cosas– por aprobar en solitario el primer presupuesto de la República girado por la administración Solís Rivera.
Mora, como presidente legislativo, dio por aprobado el texto pese a su votación negativa (25-26) en primer debate, al alegar que era su obligación pasar algún texto, incluso, cuando los tres dictámenes que se habían presentado fueron rechazados por el Plenario.
La falta de acuerdos fue tan marcada que aquella acción de Mora provocó una reprimenda de la Sala Constitucional, que acusó al legislador de “usurpar competencias” para sacar adelante ese trámite. Esa reprimenda, alentada por una acción de inconstitucionalidad, fue catalogada como uno de los mayores logros de esta Asamblea por el diputado Rolando González de Liberación Nacional (PLN).
Para el segundo año de labores, la Asamblea –más fragmentada que nunca– presenció el rompimiento de la alianza entre el PAC, el FA y el PUSC de cara a la elección del nuevo directorio legislativo, en la que Henry Mora –el entonces presidente– apenas obtuvo 11 votos en su intención de reelegirse.
Así las cosas, el socialcristiano Rafael Ortiz despuntó con el apoyo en pleno de los históricos rivales de su bancada, Liberación Nacional (PLN), más los votos de su partido, de los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz, y del “bloque cristiano”.
Con aquella decisión, 35 votos –sumando tres nulos y uno en blanco– dieron la dirección al alajuelense, que se colocó como la primera bandera antiimpuestos en el Congreso, cuando el Ejecutivo empezaba a flaquear en su promesa de campaña de no solicitar nuevas cargas tributarias en los primeros dos años de Gobierno.
Con un déficit fiscal que alcanzó los 5,6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 y sus proyecciones de crecimiento, el Gobierno empezaba a visualizar la importancia de encontrar soluciones fiscales, una discusión con el Legislativo que marcaría los siguientes tres años y se intensificaría poco a poco.
Sin embargo, el segundo periodo quedó totalmente marcado por la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, que finalmente entró a regir hasta julio de 2017, agilizando los juicios y procesos en la materia, y estipulando nuevos parámetros para llamar a huelga de forma legal.
Medio tiempo
Tras la aprobación de la reforma, llegó el tercer periodo legislativo y, con él, la consolidación de la alianza entre el PLN, el PUSC y el bloque cristiano, hecho que el 1 de mayo de 2016 puso a Antonio Álvarez Desanti en la presidencia legislativa.
De nuevo con 35 votos, Álvarez fue seleccionado, aunque esta vez con un voto en blanco y ocho nulos (que se le sumaron como indica reglamento).
La promesa de la alianza opositora de aquel entonces también fue la de impulsar proyectos para la contención del gasto –al dejar por fuera nuevos impuestos–, especialmente, la reforma a los regímenes de pensiones del Poder Judicial, recientemente aprobada en segundo debate y catalogada como uno de los mayores logros de este cuatrienio.
Esa ley fue la más sonada en los últimos años, provocó una huelga en ese sector y buscó cerrar un desequilibrio financiero de ₡5,3 billones en esas jubilaciones, aunque también se introdujeron otras iniciativas de un corte similar en otros dominios.
En el mismo periodo, se aprobaron varias leyes para facilitar los cobros tributarios y se reactivó el cobro del impuesto a las personas jurídicas, medidas que –junto a los esfuerzos del Ejecutivo– cerraron el déficit fiscal del 5,7% al 5,2% del PIB (entre 2015 y 2016), una reducción importante pero insuficiente, que encendió las alarmas de cara al último año.
Además, esas discusiones se atizaron en medio de la primera comisión investigadora que se abrió de las dos más recordadas: la que estudió el caso de los Papeles de Panamá. Aquel escándalo involucró varias figuras nacionales con el desvío de fondos a sociedades de papel, un punto que abrió el debate en temas como la elusión y la evasión fiscal, y el cierre de sus portillos.
Estas discusiones culminaron con resultados como la aprobación de la Ley contra el Fraude Fiscal, calificada como un importante avance por la diputada Patricia Mora, quien, eso sí, destacó que “queda mucho por hacer” en ese campo.
Por último, para finalizar su estancia en el Congreso, los diputados afrontaron los últimos 12 meses con una intensidad nunca antes vista, un frenesí impulsado desde el 1 de mayo de 2017, cuando colocaron al diputado confesional evangélico Gonzalo Ramírez al mando de la Asamblea.
En el último periodo, los diputados del bloque opositor culminaron la rotación de la presidencia legislativa entre el PLN, el PUSC y el conjunto cristiano, que se dejó el primer puesto del directorio de la mano de Ramírez, del Partido Renovación Costarricense (PRC).
Desanti colocó al pastor evangélico justo antes de irse del Congreso, cuando renunció a su curul de cara a su campaña presidencial. Aquel 1 de mayo, Ramírez derrotó al oficialista Ottón Solís en una votación de 26 a 24, aunque al primero se le sumaron siete votos, entre nulos y blancos, para un total de 33.
Aquella fue la votación más larga del cuatrienio –concluyó cerca de las 6:00 pm– y en parte se concretó por la decisión de dos diputados frenteamplistas (Gerardo Vargas y Suray Carrillo), quienes definieron la mayoría para el diputado del PRC al retirar su apoyo a Solís.
En aquel momento, esos votos fueron claves en vista de que cinco legisladores socialcristianos dieron su voto a Solís, con lo que rompieron en parte la alianza opositora inicial. En ese marco inició el último año legislativo, nuevamente entre divisiones, de cara a un periodo que estaría marcado por su cierre vertiginoso e inesperado.
Efecto del ‘Cementazo’
El 2 de agosto de 2017 los diputados –quizás sin darse cuenta– rompieron con la tensa calma que caracterizó sus primeros tres años en el Congreso.
Estos integraron una comisión especial con el objetivo de analizar varios créditos bancarios que, se sospechaba, habían sido girados de manera indebida, a partir de un supuesto tráfico de influencias de parte de varias figuras de los tres poderes de la República.
Entre ellos, estaban los famosos desembolsos que hizo la banca pública en favor del importador de cemento chino, hoy en prisión preventiva, Juan Carlos Bolaños; un caso que ocuparía portadas –de la mano de la comisión y sus averiguaciones– hasta diciembre.
Aquella comisión de nueve diputados –tres del PLN, dos del PAC, y cuatro entre el PSUC, el ML, el FA y los partidos minoritarios– terminaría recibiendo a decenas de comparecientes, en sesiones que llevaron al límite la tensión pública.
Los pasillos del edificio legislativo vieron desfilar a las más altas figuras de los tres poderes de la República uno tras otro, con excepción del presidente, que fue interpelado en Zapote. El caso empapó incluso a varios diputados, cuestionados por su cercanía con Bolaños, como fue el caso de Otto Guevara (ML) y Víctor Morales Zapata (PAC).
Guevara reconoció su amistad con Bolaños y sus gestiones para impulsar la apertura del mercado cementero, aunque siempre defendió que una cosa nunca estuvo ligada a la otra, mientras que Morales fue acusado de interceder y hablar en nombre de la Presidencia para impulsar el negocio del importador, si bien siempre negó que hubiera realizado gestiones indebidas para beneficiarlo.
Ambos diputados, sin estar presentes en la Asamblea, fueron parte por estas acusaciones de una de las imágenes más icónicas: el día en que la fiscal general entonces interina, Emilia Navas, acudió a sus despachos para allanarlos.
También salieron salpicados Johnny Leiva (PUSC), de quien se filtró un viaje en un helicóptero de Bolaños, y Rolando González (PLN). Este último sostuvo un par de reuniones con el empresario hoy encarcelado y le habría solicitado un desplazamiento aéreo durante la emergencia del huracán Otto.
En aquella comisión destacaron especialmente el liberacionista Ronny Monge (quien presidió) y los siempre críticos Ottón Solís y Patricia Mora; un tridente que sacó las principales revelaciones que luego decantaron en un informe de 294 páginas.
Ese documento incluyó recomendaciones para investigar y remitir a la Procuraduría de la Ética a varias de las figuras más importantes del Ejecutivo, el Judicial y el mismo Legislativo, en medio de un proceso que descabezó varias figuras de todos ellos.
Entre ellas, quedó huérfano de fracción el diputado Morales Zapata, separado por el PAC; el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, tuvo que renunciar, y el Poder Judicial se quedó sin su fiscal general Jorge Chavarría, sin su fiscal general adjunta Berenice Smith y, posteriormente, sin uno de sus magistrados de la Sala III, el mediático Celso Gamboa.
Gamboa fue uno de los dos magistrados separados por esta nómina del Congreso a solicitud de la Corte Plena por sus vínculos con el empresario cementero, apenas a inicios de abril, dos años y dos meses después de ser nombrado por los mismos congresistas.
El primer magistrado en ser destituido fue Óscar González –acusado de violación–, un proceso del que recientemente concluyó absuelto con una sentencia dividida, pero que le costó su puesto en julio 2014.
Pasado este “terremoto”, la campaña electoral calmó algunas aguas y desató otras. Las divisiones se intensificaron de cara a la primera ronda de legislativas y presidenciales, pero finalmente los ánimos se apaciguaron.
Lo único que movió el contexto político fue el intento de avanzar con una reforma fiscal paliativa para atender el déficit fiscal que no paró de crecer y alcanzó un 6,2% del PIB en 2017, algo para lo que se aprobó una vía rápida que finalmente no fue suficiente. Crear nuevos ingresos y frenar gastos es la herencia menos brillante.
A esta deuda se sumará que el hecho de que dejaron en vilo el nombramiento de varios magistrados propietarios y suplentes en el Poder Judicial, y del nuevo o la nueva defensora de los habitantes. Estos procesos deberán atenderse con prontitud en la nueva legislatura.
Las salidas
Este periodo legislativo también será recordado por hechos sorpresivos como la partida de Juan Marín, el liberacionista que falleció la madrugada del 16 de noviembre pasado, tras estrellar su vehículo contra el peaje ubicado en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría, camino a Occidente.
Además, por la salida del frenteamplista Ronald Vargas, el primero en abandonar el Congreso en 2015 tras enfrentar una queja de acoso sexual, aunque su primera excusa para hacerlo fueron problemas de salud.
Posteriormente, en setiembre pasado, abandonó el cargo el oficialista Henry Mora por motivos “estrictamente personales”, recordado por la polémica aprobación del presupuesto en noviembre de 2014.
Asimismo, abandonaron la curul Antonio Álvarez de Liberación Nacional (PLN) y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional (PRN), ambos por motivos electorales, si bien el primero perdería la presidencia en primera ronda, al ubicarse de tercero, y el segundo haría lo mismo en la segunda vuelta, al quedar a 400 mil votos de su objetivo.
Cuestionamientos
Aparte de los cuestionamientos por el caso del “cemento chino”, otros diputados enfrentaron serias acusaciones a lo largo de los cuatro años de este periodo.
Entre ellos, estuvo Ronald Vargas por el caso antes mencionado, así como el evangélico limonense del PRC, Abelino Esquivel, a quien sus asesores lo denunciaron por cobrar un diezmo de sus salarios y el ministro de Justicia lo acusó de solicitar un trato preferencial para un amigo suyo, condenado por violar a una menor de edad con discapacidad intelectual.
Igualmente, se puede mencionar la mañana en que Carlos Hernández –entonces frenteamplista y luego independiente– amaneció detenido por la Fuerza Pública en Esparza, Puntarenas; específicamente por un presunto caso de violencia doméstica, la mañana del 19 de marzo de 2015.
Hernández fue uno de los tres diputados que se separaron de sus fracciones, junto a Morales Zapata (PAC) y Carmen Quesada (ML), quien fue la primera en apartarse desde setiembre de 2015.
Los que llegaron
Entre los diputados que llegaron a suplir la ausencia de algunos elegidos, la que más tiempo pudo estar en su curul fue la guanacasteca Suray Carrillo (FA). No obstante, también llegaron, aunque por periodos inferiores a un año, los diputados Maureen Fallas (PLN), Steven Núñez (PAC), Ronald Calvo (PLN) y Alexandra Loría (PRN).
