“El proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo, a cargo de una empresa ligada a la constructora Sánchez Carvajal, mantiene en tenso pulso al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que financia las obras con $117 millones, y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que insiste en cancelar el contrato de compra de los 50 megavatios proyectados para esa planta por supuestos atrasos del desarrollador”.
Ese fue el primer párrafo de una noticia publicada en abril del 2016 por UNIVERSIDAD, a la que ahora solo habría que hacerle tres pequeños ajustes: el ICE ya canceló el contrato a la empresa Hidrotárcoles (15 de enero 2018), los supuestos atrasos ya no son supuestos y en el proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo, a cargo de una empresa ligada a la constructora Sánchez Carvajal, hay prueba de ello.
El tema es objeto de análisis en la comisión de diputados que investiga los créditos de la banca pública. Después del escándalo del “cementazo”, otros proyectos están en la palestra, y el de Hidrotárcoles llama la atención por enfrentar a dos gigantes del Estado y porque parece inevitable que el costo lo paguen los clientes del BNCR o del ICE; es decir, los costarricenses.
El BNCR ya debió reservar $20 millones de las ganancias del 2017 por orden de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), una cifra que representa el 25% de los $80 millones de utilidades que ese banco público hubiera tenido ese año.
El peligro de pérdida es inminente si Hidrotárcoles -la empresa a la cual financia el BN-, no gana una demanda legal o no logra convencer al ICE de retomar el proyecto o asumirlo, lo que sus autoridades actuales ven improbable.
El ICE, encabezado por Carlos Obregón, se mantiene firme en la figura de “resolución del contrato” por los atrasos en las obras, que para este momento deberían estar ya concluidas y generando electricidad que compraría el ICE, según los planes originales.
Dos razones explican la resolución (o cancelación) del contrato con la empresa ligada a la constructora Sánchez Carvajal: los atrasos en las obras y la nueva realidad en los cálculos del ICE sobre demanda energética.
“Es criterio del área de planificación y desarrollo eléctrico del ICE, que la energía proveniente de la planta PH Capulín San Pedro no se requiere”, dice un informe del 12 de noviembre del 2015.
Por eso, el ICE no trata de solventar los incumplimientos contractuales que achaca a Hidrotárcoles, sin responsabilidad sobre el hecho de que sea un banco del Estado el que tiene en peligro su patrimonio.
“Mi pregunta es por qué el Banco Nacional desembolsó casi todo el dinero a una obra que ha tenido tantos problemas de avance”, dijo Obregón a UNIVERSIDAD tres días antes de un careo con el presidente bancario, Juan Carlos Corrales, ante la comisión de diputados.
El diputado Otto Guevara dijo este martes, en la comisión, que ha faltado un papel más activo del Gobierno para poner de acuerdo a ambas instituciones; aunque el director jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal, había expresado que tiene la razón el ICE.
Los diputados de la comisión legislativa se mantienen críticos con la entidad, y la empresa Hidrotárcoles amenaza con una demanda por al menos $300 millones. Así lo han repetido en una fuerte ofensiva en varios medios de comunicación desde enero, cuando el ICE les notificó la decisión de resolver el contrato.
Hidrotárcoles sostiene que el ICE les había permitido modificar las fechas, pero la entidad sostiene que nunca lo hizo, que el contrato no ha sido modificado. Esto lo valida la Contraloría General de la República, según el criterio emitido este martes en la comisión legislativa.
El plazo podía ser modificado, pero solo para ser reducido, advirtió el gerente del área de Contratación Administrativa de la CGR, Allan Ugalde, quien añade que el ICE sí podía hacer cambios en el contrato si los negociaba con la empresa; pero eso tampoco ocurrió.
La base de Hidrotárcoles para defender su posición es una interpretación de que aparentemente se aceptó durante un cruce de notas con la entidad. Aducen que el administrador del contrato por parte del ICE, Eduardo Bermúdez, dio por “cierto y actualizado” el cronograma de trabajo de la empresa, el cual incluía la nueva fecha de entrada en operación.
Para el ICE, eso no tiene validez como elemento para modificar algo establecido en el contrato.
Por eso el conflicto entre la institución e Hidrotárcoles, con repercusión directa en el BNCR. Mismo motivo de la discusión en la comisión legislativa, por dudas en las condiciones en que el BNCR giró todos los recursos, a pesar de los problemas en el avance del proyecto.
“¿Por qué el BNCR siguió haciendo los desembolsos? No hay nada que documente que Hidrotárcoles sacara un cinco de su patrimonio. Es decir, hubo condiciones que no se cumplieron. Creo que una vez más se burlan controles se seguimiento de riesgos y se es poco cauteloso”, dijo Patricia Mora, diputada de esta comisión.
En algo coinciden todos: las altas posibilidades de que sean los ciudadanos los que paguemos los platos rotos. “Esto al final lo vamos a terminar pagando entre todos los costarricenses, y eso es muy doloroso y se pudo haber evitado”, dijo el propio Gerardo Ulloa, subgerente del BNCR, a cargo del proyecto hasta 2016, cuando renunció para irse a Panamá.
“Los que ganan serán los abogados de este proceso, que se trata de muchos millones. Es como dos “cementazos” en costo. Estamos a las puertas de que el BNCR tenga que aprovisionar una suma igual a lo girado, y eso contratado sobre las proyecciones de ganancias del año, diay, prácticamente se lo tragaría y limitaría muchísimo su capacidad de financiamiento al sector productivo”, lamentó el legislador Rafael Ortiz.
En marzo vence el plazo de gracia dado por el BNCR a la compañía, sin que esta pueda aún generar recursos por venta de energía. El avance de las obras ronda el 50% y el BNCR ya giró casi toda la línea de crédito. Más bien Hidrotárcoles pedirá una ampliación del préstamo por $60 millones, según dijo Ortiz, basado en lo que le informó José Joaquín Chacón, presidente de la empresa.
