“Como persona de pueblos originarios y activista Bröran, para mí esto representa una buena manera de que el Estado reconozca que los pueblos indígenas realmente viven una violencia sistematizada que no había sido atendida”.
Elides Rivera, mujer activista del pueblo Bröran de Térraba, empezó con esas palabras a analizar las implicaciones de que el pasado 1 de febrero un tribunal encontrara a Juan Eduardo Varela culpable del homicidio calificado de su sobrino, Jehry Rivera.
Tras destacar la importancia de que ese tribunal reconociera “la alevosía, la violencia vivida desde el día anterior”, así como el hecho de que “sí hay una acción de violencia permanente que se se ejerce cada día”, Rivera, sin embargo, mostró insatisfacción, pues consideró que la pena impuesta “fue muy poco”.
“Esto demuestra un antes y después, que Costa Rica puede hacer mejores cosas al respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos que como pueblos tenemos a nuestra tierra” Elides Rivera
Varela fue condenado por homicidio calificado, portación ilegal de arma permitida y amenazas agravadas, a las penas mínimas en cada caso de, respectivamente, 20 años, dos años y quince días. “Vemos un crimen premeditado, analizado, quizás mucho antes de 24 horas ya había sido planeado”, por lo que no fue castigado “con la contundencia que se debió”.
Sin embargo, Rivera subrayó que “sí creo que esto demuestra un antes y después, que Costa Rica puede hacer mejores cosas al respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos que como pueblos tenemos a nuestra tierra”.
La mujer indígena denunció que el pasado domingo, luego de que se realizó una actividad para recoger fondos para pagar la apelación de la sentencia contra Varela, personas no identificadas “apedrearon” la casa de Melissa Garbanzo, quien fue testigo en el juicio por el homicidio y además fue quien recibió las amenazas de Varela que el tribunal sancionó con 15 días.
Un paso contra la impunidad
Rivera recalcó que, en cuanto al problema pendiente del saneamiento de los territorios indígenas, el Estado “ha sido omiso, negligente y permisivo con quienes invaden los territorios, los finqueros que poseen tierras para distintos negocios comerciales: agricultura, ganadería, de algunos en compadre con la ADI que reciben incentivos forestales, el Estado ha sido cómplice de todo esto que ha permitido la impunidad”.
Así, juzgó el resultado del juicio como “poner este granito de arena en esta llaga, realmente nos demuestra que sí hay todavía un poco de credibilidad en un Estado de derecho y democracia, que se puede hacer mejores cosas en relación a la permanencia pueblos indígenas”.
Gustavo Oreamuno, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), también se refirió al problema de la impunidad y destacó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el sentido de que esa problemática “perpetúa el estado de las cosas, y pone en indefensión a los que la sufren”.
Subrayó que aún hay “gran cantidad de casos judicializados y otros no, que están en impunidad porque, como lo hemos denunciado, hay actitudes, acciones, omisiones de parte del Poder Judicial en Buenos Aires y Pérez Zeledón, en las cuales se actúa evidentemente con racismo, discriminación y esto ha generado una denegación al acceso a la justicia para los pueblos originarios”.
Mencionó ejemplos de reuniones con autoridades desde 2018 donde se presentan casos y quedan archivados. Relató que el año pasado la CLSS se reunió con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el director del OIJ, de la Defensa Pública, con el Fiscal General y se les dio la lista de casos “en los que creemos que no hay justicia”, pero “todas las reuniones de 2022 fueron absolutamente insatisfactorias, no hay respuesta de por qué se dan las injusticias, la discriminación, por qué los casos no avanzan”.
Cabe recordar que recientemente la CLSS fue convocada a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y en esa oportunidad se manifestó una profunda insatisfacción con el trabajo de la “Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena 2022-2026”, establecida por la administración Chaves.
Por todo ello, señalo que “creemos que la resolución del caso por asesinato de Jehry es un paso para romper esa impunidad, para dejarla atrás y esperamos que a partir de este caso haya un real acceso a la justicia para los pueblos indígenas”.
Sin embargo, reconoció que ese cambio “no es automático, seguiremos denunciando la impunidad que todavía reina en el caso de Sergio Rojas Ortiz, ejemplo de todos conocido”. Se recordará que el activista bribri del territorio de Salitre y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) fue asesinado de quince balazos en su casa en 2019.
Mencionó otros casos como la tentativa de homicidio contra Minor Ortiz, de Salitre, “amenazas de muerte y agresiones contra varias personas de los territorios y, sin embargo, no hay avance en estos casos. Esta impunidad perpetúa la situación actual y hace que los agresores se crean que tienen el derecho de seguir agrediendo, porque la justicia no los toca”.
Mauricio Álvarez, docente del programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, también citó el caso de Sergio Rojas para ilustrar la impunidad que caracteriza las agresiones contra pueblos originarios y destacó que mientras Rojas pasó varios meses en “prisión preventiva” por una causa que nunca se comprobó en su contra, el homicida de Jehry Rivera nunca vio tiempo tras las rejas hasta que fue condenado.
Impulso a recuperaciones
Álvarez calificó el juicio como un “importante precedente” para el movimiento de recuperación de tierras el hecho de que “se ventile y discuta en un tribunal” a pesar de que se trató de un caso penal y no agrario. Señaló que la relevancia de que “a pesar de que el tribunal fue cauto, diplomático, lo esperable de un tribunal que no entró a comprender nada del conflicto”, al menos “nombrarlo es una primera ganancia que de alguna forma legitima el movimiento como tal de recuperaciones”.
Subrayó que “sale legitimado de alguna forma el movimiento de recuperaciones y hay un claro ‘alto’, clara evidencia de parte de Estado a condenar de alguna forma lo que podría ser una organización más de tipo paramilitar o violento, agresivo, que ha rondado a los ocupantes ilegales, un fenómeno materializado en turbas, en quemas, movilizaciones muy grandes de parte de no indígenas que presentan todas las características de un movimiento proto paramilitar”, advirtió.
Un criterio similar manifestó Oreamuno: “efectivamente las recuperaciones se ven fortalecidas ante este fallo, ya que se desmiente durante el juicio muchas de las cosas que han sostenido los ocupantes ilegales, queda demostrado una vez más de qué lado viene la violencia, de qué lado vienen las agresiones y de qué lado están las víctimas, los agredidos y agredidas”.
Para Elides Rivera el resultado del juicio “significa un avance, porque demuestra nuevamente que los territorios son nuestros y la forma violenta de cómo los usurpadores e invasores han vivido y se han apoderado de nuestros territorios”.
Tras reiterar que “quienes defienden la usurpación son personas de otras procedencias que mueven sus intereses económicos en el territorio”, apuntó que “esta jurisprudencia que se monta ahora nos da legitimidad de que el territorio es nuestro y que no hemos hecho acciones en contra de las personas, sino acciones para recuperar territorio, no para matar a nadie, eso lo demuestra muy bien este fallo, que ellos no solamente se organizaron para quitarnos la tierra, sino hasta para asesinar”.
Luego de denunciar que la casa de Garbanzo fue apedreada el pasado domingo, manifestó que ese sector opuesto a las recuperaciones en Térraba ha querido “hacer algunos actos, por dicha la policía y organizaciones externas” han hecho un “papel importante” que ha “minimizado” el riesgo.
Sin embargo, recalcó que actualmente en el territorio se vive “un ambiente para nosotros de estar muy queditos, esperando que bajen las aguas, pero es un tema que siempre se ha dado, su forma de actuar no podemos decir que estamos sin riego, siempre estamos bajo riesgo, ellos siempre con mensajes llamando al odio, a la violencia a la xenofobia. Es el ambiente que siempre hemos vivido”.
