Superintendenta interina de la Sugef, la economista Cecilia Sancho

El concurso para dirigir la Sugef está en “etapa privada”

Comisión de Nombramientos del Conassif no puede decir nombres de “los candidatos”.

Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), informó, ante una consulta de UNIVERSIDAD, que según el criterio del Departamento de Gestión del Factor Humano del Banco Central de Costa Rica, el proceso para seleccionar quién dirigirá la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), “se encuentra en una etapa en la que la información es privada”.

Explicó que esto es así “en tanto corresponde a una etapa preparatoria y el acceso a los expedientes está reservado a las partes”.

“A pesar de que comprendo el interés de conocer este tipo de detalles, el marco legal me impide brindar la información solicitada”, agregó.

Delgado tampoco dio una fecha para la finalización del proceso. “La Comisión de Nombramientos y el Conassif están realizando sus mejores esfuerzos con el fin de efectuar el nombramiento a la mayor brevedad, sin embargo, cabe indicar que lo más importante es que el proceso sea realizado bajo la mayor prudencia, rigurosidad y ética, así como procurando mantener una visión de largo plazo respecto a la estabilidad, solidez y el eficiente funcionamiento del sistema financiero”, añadió.

Explicó que, una vez concluya la “etapa privada”, “la Comisión de Nombramientos deberá proponer al Conassif el nombre de dos o tres candidatos”.

Según el artículo 172 de la Ley 7732, quienes encabezan la Sugef (Superintendente e Intendente) son nombrados por mayoría de al menos cinco votos, por períodos de cinco años y pueden ser reelegidos cuantas veces lo acuerde el Conassif.

La actual Superintendenta interina de la Sugef, la economista Cecilia Sancho, confirmó a UNIVERSIDAD que su nombre no se encuentra entre los que en este momento participan en el concurso (ver: “Proyecto para fusionar las Superintendencias es inconveniente”).


Cecilia Sancho, superintendenta interina de la SUGEF: “El alto uso de efectivo que aún presenta la economía
costarricense, impide una aplicación efectiva del origen de los recursos”.

Cecilia Sancho, jefa a.í. de la Sugef

“Proyecto para fusionar las Superintendencias es inconveniente”

Afirma que “hubo débil gestión, manejos indebidos y/o ocultamiento de la situación financiera real” en los casos Casa Blanca, Yanber y Grupo Juan Carlos Bolaños.

María Flórez-Estrada Pimentel

maria.florez-estrada@ucr.ac.cr

La economista Cecilia Sancho, quien encabeza temporalmente la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), respondió a preguntas de UNIVERSIDAD sobre su permanencia al frente de esa institución, los flancos vulnerables del sistema financiero nacional, las nuevas leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como sobre el proyecto de ley que actualmente se procesa en la Asamblea Legislativa, el cual propone fusionar todas las superintendencias en una.

¿Concursará para encabezar de manera permanente la Sugef? Sería un mensaje muy importante para las niñas y las estudiantes de ciencias económicas ver que mujeres preparadas comienzan a ocupar los más altos puestos en un sector que tradicionalmente ha estado en manos de los hombres.

-El proceso de selección del nuevo Superintendente se encuentra en trámite, siendo que en dicho proceso no estoy participando.

¿Cuáles son los puntos más vulnerables del sistema financiero nacional?

-El Informe de Evaluación Mutua de Costa Rica emitido por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) en julio de 2015, señaló que tanto los reguladores y supervisores como las propias instituciones financieras son conscientes de los riesgos a los que se encuentran expuestos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva y vienen tomando medidas tendientes a mitigar esos riesgos. Sin embargo, y dado que uno de los mayores objetivos de los lavadores y quienes pretenden financiar actos terroristas es ingresar al sistema financiero, este debe ejecutar acciones de forma sostenible para evitar en todo momento que sea utilizado para actividades ilícitas.

Así, los puntos más vulnerables del sistema financiero nacional según la evaluación del GAFI, serían:

1- Alta dependencia de las corresponsalías de bancos de países como Estados Unidos o Europa, que en atención a sus propios análisis puedan fomentar conductas de de-risking (eliminación de riesgos).

2- El alto uso de efectivo que aún presenta la economía costarricense, lo cual impide una aplicación efectiva del origen de los recursos.

3- Alta movilización de recursos por otras actividades diferentes a los bancos, las que al momento de la emisión del Informe de Evaluación Mutua no tenían regulador ni supervisor asignados.

4- Poco conocimiento de tipologías relacionadas con los delitos señalados.

5- Debilidades para conocer fehacientemente a los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

6- Desigualdad de los regímenes supervisores en la aplicación efectiva de un modelo de supervisión basado en riesgos.

5- Escasa o nula imposición de sanciones proporcionales, efectivas y disuasivas a los sujetos obligados que incumplan sus obligaciones en materia de prevención de los delitos señalados.

¿Las leyes recientemente puestas en efecto en el marco del GAFI atenderán realmente estas vulnerabilidades?

-La emisión reciente de leyes por parte de la Asamblea Legislativa tenía como objetivo primordial cerrar algunas de las brechas señaladas por la evaluación del GAFI. En lo que tiene que ver con el sistema financiero, la Ley 9.387 reformó el artículo 25 de la Ley 7.786, para aclarar que los reportes de operación sospechosa deben ser remitidos directamente y con carácter de confidencialidad a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros. Las Superintendencias mantienen la posibilidad de su revisión de forma ex post, en atención a sus labores de supervisión.

Esa ley también reformó el artículo 33 bis para señalar la obligación de las entidades financieras de velar por temas relacionados con la prevención del financiamiento al terrorismo y otorgó potestades para congelar los activos de las personas designadas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU y estableció su deber de monitorear permanentemente esas listas y sus designaciones.

En cuanto al tema de los beneficiarios finales, la Ley 9.416 crea el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales, cuyo diseño y custodia de la información estará a cargo del Banco Central de Costa Rica, lo cual viene a cerrar la brecha establecida al respecto en las evaluaciones del GAFI. El Banco Central se encuentra desarrollando un plan de acción que cuenta con los recursos financieros necesarios, por haberlo aprobado así la Junta Directiva del ente emisor.

¿En cuanto a la falta de regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras?

-La Ley 9.449 solventó dicha falencia, asignándole a la Sugef su supervisión, con excepción de los notarios, que serán supervisados por la Dirección General de Notariado. Al respecto, también el Conassif aprobó un plan de acción para implementar la Ley 9.449, el cual está siendo ejecutado según los plazos establecidos al efecto.

En cuanto a la falta de imposición de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a los sujetos obligados que incumplan sus obligaciones en materia de prevención de los delitos ya señalados, la Ley 9.449 reformó el artículo 81 de la Ley 7.786, con lo cual la dotó de un marco sancionatorio más ágil. Queda pendiente su aplicación, a partir de las debilidades que se determinen las labores de supervisión.

Poco antes de que don Javier Cascante dejara el cargo en la Sugef, vimos una serie de casos que expusieron algunas vulnerabilidades: Almacenes Casa Blanca, Yanber y luego el del Grupo Juan Carlos Bolaños. ¿Hay otras sorpresas en espera?

-Esos casos se generaron por debilidades de gestión, manejos indebidos y/o ocultamiento de la situación financiera real por parte de esas empresas, siendo que a esta fecha esta Superintendencia no conoce de otros deudores del sistema financieros nacional en similares situaciones.

¿Qué opina del proyecto para fusionar todas las superintendencias? ¿Hará la supervisión más integral y fácil o la dificultará?

-El proyecto que se encuentra en la corriente legislativa se enfoca en la fusión de las Superintendencias en su parte administrativa, con la visión principal de ahorro de costos y economía de escala. Sin embargo, presenta elementos particulares que carecen de precisión o resultan erróneos al no ser un proyecto integral que contemple la modificación o unificación de las leyes que rige a cada una de las cuatro Superintendencia en la actualidad. Tampoco realiza una valoración de la estructura de competencias, funciones y objetivos que debe regir cada uno de los regímenes, lo cual resulta fundamental para que funcione adecuadamente, máxime cuando las entidades a supervisar son totalmente distintas, con riesgos y mercados muy diversos y a las que se deben aplicar labores supervisoras de distinta naturaleza.

Por ejemplo, en materia de supervisión financiera y manejo de información de las entidades financieras, es esencial que exista total claridad, dado que se maneja información cuyo régimen jurídico es confidencial y su manejo inapropiado podría generar consecuencias negativas para las entidades o el sistema financiero en general. Este es un tópico de gran relevancia, ya que en los cuatro mercados el manejo de la información y su divulgación es muy diferente.

Dado lo anterior, corresponde que exista un estudio remozado sobre los mercados y sus necesidades de supervisión específicas, para determinar posteriormente las funciones supervisoras desde esta perspectiva de un único órgano de supervisión, lo cual incluiría las medidas prudenciales y precautorias en sede administrativa. Por lo anterior, se considera que el proyecto propuesto, al no ser un proyecto integral, podría desmejorar las herramientas con que el regulador y supervisor financiero cuenta actualmente.


Bajo la gestión del ex superintendente Javier Cascante, la SUGEF presentó una denuncia penal por el caso del cemento importado de China con préstamos de la banca pública.

En materia de supervisión financiera y manejo de información de las entidades financieras, es esencial que exista total claridad, dado que se maneja información cuyo régimen jurídico es confidencial y su manejo inapropiado podría generar consecuencias negativas para las entidades o el sistema financiero en general.

Cecilia Sancho, Jefa a.i. de la SUGEF


 

(Créditos: Foto: Katya Alvarado, Foto: Archivo)

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