Un grupo de nueve magistrados y magistradas, que en algunos casos pueden sumar hasta cinco más, tiene el suficiente peso para controlar toda una gama de nombramientos que se hacen en el Poder Judicial.
No se trata únicamente del acceso a magistraturas suplentes o titulares, el largo brazo de la élite organizada también decide el acceso a puestos de coordinación de tribunales o de comisiones institucionales.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), organización gremial de jueces y juezas, describió una situación de “concentración de poder”, porque desde la Corte Plena se deciden nombramientos a una cantidad de puestos en el Poder Judicial. “Pueden nombrar al Auditor Judicial, al jefe de la Inspección Judicial, nombran al Fiscal (General), nombran al jefe de la Policía Judicial, nombran hasta los los magistrados del Tribunal Supremo Elecciones (TSE), nombran todos los puestos, la Dirección Ejecutiva, todo”.
Cabe recordar que recientemente la Acojud denunció que “persiste la opacidad” en el proceso que la Corte Plena lleva a cabo para definir las nóminas de personas que envía a la Asamblea Legislativa como candidatas a puesto de magistrados o magistradas suplentes.
La Asociación hizo esa crítica tras un reciente proceso de selección de candidatos y una candidata a ser suplentes en la Sala Constitucional, pues la Corte “excluyó de su nómina a postulantes recomendados por la propia Sala, luego de que esta efectuó un proceso de escrutinio interno”, que incluyó valoración de atestados y entrevistas. En ese caso, la Acojud reclamó la falta de transparencia tanto al excluir a las personas recomendadas por la Sala Constitucional, como al incluir a aquellas, cuyos atestados fueron finalmente enviados al Poder Legislativo.
Pero, tal como explicó Orocú, la situación va más allá de los nombramientos a magistraturas, sino que se trata de puestos clave, y de “decisiones técnicas de Corte, las jurisdiccionales, que son las que más impactan al resto del país”.
La jueza subrayó que “es un tema que nos atañe a todos, no tiene que ser de jueces ni del Poder Judicial”, y enfatizó la importancia de que el público en general comprenda que “si el Poder Judicial es independiente, hay más libertad, menos restricciones, hay menos impunidad, hay más combate a la corrupción y al final de cuentas hay más igualdad entre la sociedad, que es lo que se debería perseguir”.
Concentración de poder
UNIVERSIDAD tuvo acceso a una fuente de alto nivel dentro de la Corte Suprema de Justicia, cuyo nombre se omite por temor a represalias laborales, quien citó casos como el del juez David Fallas, del Tribunal Contencioso Administrativo, quien vio frustradas sus pretensiones de ser designado magistrado suplente de la Sala Constitucional.
Este juez fue parte de la sentencia condenatoria en el caso Crucitas, a partir de un criterio bastante opuesto al de la Sala Constitucional que incluso avaló el polémico proyecto de minería, que extraería oro en una finca de Cutris en San Carlos.
Otro caso que topó con pared es el de la jueza Yerma Campos, cuyas aspiraciones a ser magistrada suplente en la Sala Constitucional fueron truncadas, así como el de ser propietaria ante la Sala II. Campos participó en la huelga del Poder Judicial de 2017.
También mencionó el caso de Agustín Gutiérrez, quien fuera letrado de la Sala III, fue relevado de su puesto. Gutiérrez es una persona muy cercana al exmagistrado de esta misma sala, José Manuel Arroyo.
Arroyo, quien se pensionó en 2016, ya desde 2011 había alertado en entrevista concedida a este Semanario respecto del “poder corruptor del crimen organizado” y llamó a que la jerarquía del Poder Judicial, los jueces penales y fiscales fueran sujetos de mayor control al hacer una declaración de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR).
Luego de su jubilación, en enero de 2017, también declaró a UNIVERSIDAD que se retiraba porque no encontró “espacio político” para llevar a cabo una reforma integral a las leyes orgánicas del Poder Judicial, pero además advirtió que luego de casos como el de permitir a reelección de Óscar Arias o los procesos contra los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, la clase política puso especial interés en el proceso de nombramiento de magistrados. Citó con gravedad el intento por no reelegir a Fernando Cruz como magistrado y finalmente afirmó que en el país hay “acoso político contra jueces”.
Hace pocos días, Arroyo publicó también en este Semanario un artículo de opinión en el que de nuevo citó la autorización de la reelección presidencial, pero también la aprobación de la agenda complementaria al Tratado de Libre Comercio (TLC), para afirmar que “la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias ha sido tomar por asalto la Corte Suprema a través de nombramientos políticamente “confiables” o “inofensivos”.
“Todo lo que huela a excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras”, apuntó.
El pasado 20 de julio salió a la luz pública el más reciente caso de la candidata a magistrada suplente para la Sala Tercera de la Corte, Patricia Vargas González, quien finalmente pidió ser excluida del proceso para designar a los suplentes de este tribunal de casación. Los diputados expresaron que no la apoyarían por su cercanía con Arroyo, pese a ser la candidata con la nota más alta en la revisión de atestados para ocupar el cargo ante la Corte.
Ella en su misiva de renuncia recordó que era la quinta vez en la actual legislatura que sometía su nombre a consideración del Congreso y en todos los procesos tuvo la nota más alta.
Otro de los casos mencionados fue el de la jueza Yazmín Aragón, a quien le cerraron las puertas a una suplencia en Sala Constitucional por “su cercanía con William Molinari”.
Molinari fue magistrado de la Sala I hasta abril pasado cuando presentó su renuncia irrevocable al puesto. Según la misma fuente, Molinari no era cercano al grupo dominante. El magistrado fue denunciado por acoso laboral y sexual y después de haber dejado el Poder Judicial fue sancionado por la Corte Plena por conflictos de interés.
Procesos de selección
De acuerdo con esa fuente, el magistrado presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz, está “solo” ante ese grupo de poder, que es supuestamente liderado por Luis Fernanado Salazar, magistrado de la Sala Constitucional.
Ante gestión de consulta hecha a través de la oficina de prensa de la Sala Constitucional, se informó que Salazar “desconoce las denuncias” que se le plantearon por correo electrónico, así como “la existencia de algún proceso, investigación o queja en los órganos correspondientes del Poder Judicial sobre los hechos descritos”.
En todo caso —continúa la respuesta recibida—, niega las afirmaciones que se le hacen, “las cuales carecen de fundamento y una base fáctica”.
Añadió que “todos los procesos para designar jueces o candidatos a magistrados suplentes que se realizan en la Corte Plena respetan los mecanismos normativos y el ordenamiento jurídico”.
Acotó que “la elección de personas para ocupar un puesto de magistrado (titular o suplente) es una labor que le compete enteramente a la Asamblea Legislativa”.
Al respecto, la fuente consultada subrayó que el proceso de elección, antes de llegar a la Asamblea Legislativa, “pasa por la subjetividad de Corte Plena”, ya que cada vez que haya que enviarle una lista de suplentes “cada Sala realiza una lista construida meticulosamente bajo criterios técnicos” y que cada aspirante debe lograr al menos el apoyo de la mitad más uno de los votos en Corte Plena, “votos subjetivos que además son secretos y sin razonamiento alguno”.
Coincidió con la Presidenta de Acojud al señalar que “la tensión social y política de la independencia judicial, es decir, por el control de la judicatura, pasa necesariamente por la elección de magistrados propietarios y suplentes, pero incluye también al sistema de ascenso de jueces en lo que corresponde a los niveles de juez 4 y 5, de resorte político de la Corte Plena”.
Esa clasificación abarca a los jueces de grado más alto, por ejemplo los de apelación de sentencia penal o jueces del contencioso.
Sin embargo, apuntó que la elección de magistrados o magistradas en propiedad es la “principal fortaleza” de “grupos de poder” que tienen incidencia “dentro y fuera” del Poder Judicial, mediante un mecanismo en el que “los atestados cuentan muy poco, y tienen más peso las entrevistas” que calificó de “cosméticas, porque prevalecen los criterios subjetivos y sobre todo los intereses partidarios y de grupos de poder, tanto en la Comisión de Nombramientos como en el Plenario legislativo”.
Al respecto, recordó el ya citado caso de la jueza Campos. Durante su comparecencia ante esa Comisión legislativa, cuando aspiraba a integrar como suplente de la Sala Constitucional, los temas jurídicos fueron obviados y más bien se le preguntó por su apoyo público a un movimiento de defensa del presupuesto de las universidades públicas.
El botón de la muestra
En todo este contexto, es notorio el reciente caso de la magistrada Roxana Chacón, quien denunció ante la Inspección Judicial —instancia que vigila el buen accionar de despachos y funcionarios judiciales— al secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), Jorge Cartín.
Según relató Cartín, el enojo de la magistrada con él deviene de una participación suya en un programa La hora de Juanito Mora, que se transmite en el medio digital Televisión y Radio RN. El trasfondo del caso es precisamente un proceso de votación respecto de una lista de nombres de personas para que fueran confirmadas como magistrados o magistradas suplentes de la Sala II.
El representante de Sitrajud recordó que la magistrada Chacón en Corte Plena solicitó la recusación de la magistrada Julia Varela de la Sala Segunda, pues según trascendió públicamente, en el despacho de Varela trabajaban personas con relación de parentesco con una persona aspirante.
Cartín recordó que en ese momento los magistrados Molinari, Paul Rueda y Yazmín Aragón, le hicieron ver que era un acto improcedente dentro del derecho procesal.
Añadió que también se sumó a las explicaciones Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, la figura que asesora a magistrados y magistradas en diferentes temas.
Así, en el mencionado medio digital, Cartín al referirse al proceso de selección de magistrados en la Asamblea Legislativa, mencionó el “caso muy triste de Roxana Chacón” y, según detalló, en el mencionado programa dijo que “ver en Corte Plena las intervenciones” de esa magistrada “dan pena, incluso otros magistrados le dan prácticamente cátedra en derecho”, lo cual “demuestra el poco dominio que tiene en derecho laboral, del que se supone es experta”.
Añadió que dos días después le llegó una notificación de la Inspección Judicial. De acuerdo con el relato del dirigente sindical, los cargos en su contra tienen que ver con que Chacón consideró que la “denigró” al cuestionar su capacidad para ejercer el cargo, pero también lo acusó de ejercer “violencia política contra mujeres”. La magistrada es coordinadora de la Oficina de Género del Poder Judicial.
La respuesta de Cartín y el Sitrajud fue plantear un recurso de amparo con base en dos argumentos, el primero se trata de un tema de libertad de expresión. El segundo, se basa en que según la acusación, en este caso no aplica el fuero sindical, porque Cartín habría actuado a título personal.
La Sala rechazó de plano el tema del fuero sindical, por considerar que no le competía, pero sí acogió el tema de libertad de expresión.
Así, Cartín dijo que “el amparo estaba listo para ser votado en julio aparentemente. Si hubiese sido declarado a favor nuestro, muere el proceso disciplinario”.
Sin embargo, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo el 19 de octubre.
Cartín no pudo dar detalles de la audiencia ante la Inspección Judicial, realizada el 22 de ese mes, aunque dijo que fue positiva, pero alertó que en esa instancia “se hace más evidente uno de los grandes problemas que tenemos: el interinazgo”.
Manifestó que en el Poder Judicial “se ha visto muy fuertemente afectado el derecho de muchas personas a tener propiedad”, precisamente porque esa condición “termina siendo como un comodín para el poder de turno”.
