El Concejo Municipal de Corredores no decidió nada sobre si suspender o no el pago de salario al alcalde liberacionista Carlos Viales, y sus miembros insisten en que antes de tomar una decisión al respecto deben esperar un dictamen de la Comisión de Jurídicos.
Mientras tanto, el alcalde sigue devengando un salario que asciende a ¢3.060.006 mensuales, informó la oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad a UNIVERSIDAD.
En la sesión ordinaria 86 del pasado 10 de enero, se leyó la comunicación preventiva enviada el 5 de enero por la Contraloría General de la República (CGR) al Concejo Municipal y a los vicealcaldes de Corredores recordándoles que no pueden reconocer el salario a Viales, mientras esté suspendido del desempeño de sus labores.
El vicepresidente del Concejo Municipal José Luis Serrano dijo: “Este tema debe ser analizado más profundamente antes de nosotros tomar una decisión, sugiero que sea enviado a jurídicos para nosotros tener un informe más integral y luego el concejo decida lo que corresponda la próxima semana”.
Por su parte la regidora Marcela Grillo informó que en la sesión del 20 de diciembre de 2021 se acordó que la comisión de jurídicos tiene que emitir un dictamen sobre el tema pero que a la fecha no les han enviado la documentación relacionada con el caso.
La regidora Katherine Rodríguez preguntó a la secretaria del Concejo Municipal “si los abogados o el señor alcalde han mandado algún documento al concejo y que aún no se haya leído sobre la condición de no presentación a las horas laborales de parte del señor alcalde”. La secretaria respondió que a la Secretaría del Concejo Municipal no ha llegado ningún documento al respecto.
El Concejo acordó que la comunicación preventiva de la CGR fuera enviada a la comisión de jurídicos.
El pasado 14 de diciembre, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Región Sur ordenó la detención del alcalde del Partido Liberación Nacional (PLN) en Corredores, Carlos Viales Fallas; el ingeniero jefe de la Unidad Técnica Vial y las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo de la Municipalidad, Robert Fernández; y un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellidos Fernández Sancho.
Las tres personas son investigadas por el presunto delito de peculado y malversación de fondos públicos, por la construcción de un puente y un camino dentro de una propiedad privada, usando recursos y funcionarios municipales.
Ese puente, construido en el 2020, se ubica en Río Bonito, camino a una planta embotelladora de agua, ubicada en una supuesta propiedad de Darwin González, quien está siendo investigado como el líder de una agrupación supuestamente dedicada al narcotráfico.
