Mientras todo el Gobierno central disfrutaba las vacaciones navideñas del 2011, la empresa constructora Hernán Solís S.R.L. logró un trámite especial y acelerado para que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le pagara una factura por casi ₡1.000 millones por un supuesto gasto en cemento que estaba muy lejos de ser ejecutado.
Cuatro funcionarios de Conavi ignoraron las vacaciones colectivas y los requisitos, en favor de la poderosa constructora nacional y, junto con la apoderada local corporativa, Mélida Solís, se presentaron a trabajar para tramitar el cobro por ₡956,6 millones como si ya hubieran terminado las obras del contrato correspondiente.
Sin embargo, estas obras acabarían hasta finales del 2013, es decir dos años más tarde.
Así se resume el caso de supuesta corrupción señalado por la Contraloría General de la República (CGR) desde el 29 de julio del 2015 en una denuncia penal contra la apoderada general de la constructora y cuatro jerarcas de Conavi, ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción (Fapta).
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Carlos Carmiol, vocero de Constructora Hernán Solís” icon_quote=”no”]
“La empresa (constructora Hernán Solís) de manera absoluta rechaza los cargos que hace la Contraloría en su escrito de denuncia, los que consideramos se basan en suposiciones y presupuestos erróneos, que serán aclarados oportunamente ante las autoridades judiciales correspondientes”.
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Los demandados son Mélida Solís Vargas, el entonces gerente de Conservación de Vías y Puentes, Marco Rojas Jenkins, y la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas, además del director financiero, Carlos Solís Murillo y la jefa de ejecución prespuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza.
Las cinco personas, según la denuncia enviada a Fiscalía mediante el oficio DJ-DP-04-2015, son parte de “un plan delictivo” que hizo al Estado desprenderse ilegalmente de los ₡956,6 millones y tardar 18 meses en poder recuperarlos mediante rebajos a otras facturas posteriores.
La constructora, consultada por UNIVERSIDAD para explicar este caso, rechazó cualquier cargo y aseguró que la acusación se basa en supuestos falsos. Sin embargo, el caso está activo en la Fiscalía con el expediente 15-000051-0621-PE, por el supuesto delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, y pago irregular de contratos administrativos.
Solís, Aiza y Campos, consultados por este periódico, declinaron referirse a este caso con el argumento de que hay una investigación en curso, pero sí lo hizo el abogado de los dos primeros, Fernando Apuy.
“Es un asunto muy viejo, de finales del 2011. A mí me extraña que la Contraloría haya realizado una denuncia contra ellos porque está claro que actuaron de conformidad con sus responsabilidades. Fue corresponder a un determinado pago que reunía la totalidad de los requisitos”, señaló.
Los hechos investigados corresponden a una concesión hecha en 2011 a Constructora Hernán Solís para la ampliación y reparación de la ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos. Estas obras no acabaron en abril del 2013, a pesar de que en el trámite de la factura polémica del 2011 se aseguró que estas estaban terminadas y satisfacían al Conavi.
El Conavi evita ahora cualquier declaración y subraya que la acusación es contra los cuatro funcionarios a título personal, uno de los cuales ya no labora ahí. Se trata de Rojas Jenkins, a quien la CGR acusa de haberse arrogado potestades ajenas para tramitar por su cuenta la factura a favor de la constructora privada en la jornada del 22 de diciembre del 2011.
Se consultó a la CGR sobre la acusación de la cual este periódico tiene copia, pero mediante su oficina de Prensa informaron que en estos casos la institución no emite información pública.
La constructora Hernán Solís fue en ese 2011 el quinto proveedor del Estado en volumen, con 74.771 millones. En este 2016 está de tercer proveedor de servicios al Estado, con 58.000 millones. En 2015 se encargó de obras públicas por ₡572 millones y en 2014 ejecutó contratos por ₡82.290 millones (mayor monto de un adjudicatario en ese año), según el sistema de consultas de la CGR.
EN VACACIONES
La factura cuestionada es la número 1.800 correspondiente a la licitación 2009LN-000003-CV, cuyo contrato por un monto máximo de ₡7.089 millones fue firmado en marzo del 2011 por Mélida Solís (apoderada legal e hija del fundador de la constructora) y el entonces ministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez Reyes.
El presupuesto del contrato fue aprobado por Rojas Jenkins el 28 de octubre mediante el oficio GCSV-01-2011, en el que ordena iniciar las obras el 31 de octubre y de inmediato emite una orden de modificación en el rubro que dos meses después iba ser objeto de la factura cuestionada.
Ese rubro era un renglón del cartel sobre la autorización para comprar inicialmente hasta 100 toneladas de un cemento tipo Portland, a un precio unitario de ₡165.201. Esa cantidad se aumentó de 100 toneladas a 5.728, con un precio cercano a los ₡950 millones.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Fernando Apuy, abogado de dos funcionarios acusados.” icon_quote=”no”]
“Es un asunto muy viejo, de finales del 2011. A mí me extraña que la Contraloría haya realizado una denuncia contra ellos porque está claro que actuaron de conformidad a sus responsabilidades. Fue corresponder a un determinado pago que reunía la totalidad de los requisitos”.
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Ese monto fue el que se cobró de una sola vez en diciembre mediante la factura 1.800, de acuerdo con la denuncia penal girada por el área jurídica de la Contraloría General de la República.
Antes, sin embargo, hubo un oficio importante. Se trató del documento FIN-01-2011-0408 escrito por Aiza Campos y aprobado por Solís Murillo para fijar los requisitos de cobro de facturas de este contrato: tener constancia de obras recibidas a satisfacción del Conavi, la firma del responsable de supervisión del proyecto y documentos de soporte de realización de los trabajos.
Esos tres requisitos precisamente se saltaron cuando llegó la factura 1.800; el jueves, 22 de diciembre, mediante un oficio dirigido a Esteban Sandoval Leitón, ingeniero del Conavi asignado para la zona 1-5, Alajuela Norte, correspondiente al contrato con la constructora Hernán Solís.
Sandoval Leitón debía recibir ese documento, pero no llegó a sus manos, como tampoco llegaron la factura, la descripción del cobro y el cuadro general de estimaciones, todos fechados y firmados ese mismo jueves por Rojas Jenkins y por Mélida Solís.
“La señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere, ya que de igual manera en el plan delictivo los funcionarios procedieron a aprobarla y ordenar su pago de forma irregular en un tiempo récord e incluso en días de vacaciones colectivas, cometiéndose el delito de pago irregular de contratos administrativos”, se lee en la acusación.
Esto lo rechaza del todo Mélida Solís mediante la respuesta dada por el vocero de la constructora, Carlos Carmiol: “La empresa de manera absoluta rechaza los cargos que hace la Contraloría en su escrito de denuncia, los que consideramos se basan en suposiciones y presupuestos erróneos, que serán aclarados oportunamente ante las autoridades judiciales correspondientes. Por respeto a dichas autoridades, no podemos en este momento referirnos de manera pública al proceso”.
¿Por qué era ilegal el cobro si al final de las obras igual iba a pasar esa factura por el mismo monto? La Contraloría se apegó al contrato, según el cual los pagos se iban a hacer sobre las obras ya finalizadas.
La posibilidad de incluir esa factura como un “adelanto” está prevista en la ley, pero no se incluyó así en el contrato. En todo caso, un adelanto es posible siempre que corresponda a menos del 10% del valor de la contratación, y en este caso los ₡956,6 millones eran el 13,5% del total.
Además Aiza Campos y Solís Murillo irrespetaron otras condiciones –señala la CGR- que ellos mismos habían escrito y avalado en noviembre anterior: la constancia de recepción de obras satisfactorias, la firma del responsable de supervisar el proyecto (Sandoval) y documentos de soporte (informes, certificaciones de la Caja del Seguro Social, estimaciones…).
“Tramitan de forma irregular y obviando todos los requisitos necesarios en cuestión de días el pago del rubro del cemento Portland, por una cantidad de más de 5.000 toneladas, las cuales con se habían recibido y lo que es más gravoso, pagando la totalidad del mismo”, se lee en la demanda.
Y añade: “todo ello en días en que el Conavi estaba cerrado por vacaciones colectivas pero donde cada uno de estos funcionarios se presenta a trabajar y aprobar con una celeridad bastante sospechosa y cuestionable una factura que carecía de los requisitos” y que se materializó con el giro del dinero el 29 de diciembre en un banco del sistema financiero nacional.
El artículo 67 de la Ley de Administración Pública dice que todos los actos administrativos se deben acometer en horas y días hábiles, salvo una habilitación expresa, la cual no consta en este caso, de acuerdo con la denuncia.
El abogado de los acusados Campos y Murillo dijo que sus clientes sí estaban habilitados para proceder con el pago. “Existía una disposición de la junta directiva de Conavi de que correspondía laborar al 27 de diciembre para proceder con pagos que se presentaran. Eso está en un documento que ya aportamos. En ese mismo período se hicieron muchos pagos a otras empresas”, argumentó Apuy. No descartó jugar la carta de la prescripción, pero señaló que prefiere una absolutoria por el fondo.
Consultado por este caso, la Fapta añade que la obra en el tramo Aeropuerto-Manolos “no fue finalizada y se encontraba paralizada, y pese al incumplimiento, el Conavi readjudicó la obra a la misma empresa”.
Sin embargo, los fiscales están aún en etapa preparatoria del proceso penal, recolectando pruebas y analizando el cartel de licitación y analizando un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La CGR indica que el proyecto concluyó en abril del 2013, un año y medio después del pago, y en ese momento solo se había empleado el 67,7% del cemento. Entonces el Consejo de Administración de Conavi ordenó ejecutar las garantías, porque no se había recuperado aún lo pagado con la factura 1.800; se hicieron rebajos en las facturas 2.768 y 2.767 por ₡98 millones y ₡37 millones respectivamente. Por ello, la CGR señala que Conavi tardó 18 meses en recuperar el dinero completo.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Contraloría General de la República” icon_quote=”no”]
“La señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere, ya que de igual manera en el plan delictivo los funcionarios procedieron a aprobarla y ordenar su pago de forma irregular en un tiempo récord e incluso en días de vacaciones colectivas, cometiéndose el delito de pago irregular de contratos administrativos”.
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