El presidente Rodrigo Chaves parece decidido a cumplir su promesa de campaña de acabar con la protección del mercado arrocero local, pues el 18 de mayo sacó a consulta pública un decreto por el cual se eliminarían los precios mínimos para ese producto.
Con ello, en teoría, la población costarricense tendría acceso sin recargos artificiales al arroz foráneo a menores precios.
Sin embargo, la medida, que es recomendada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) desde el año 2019, se concretaría cuando el precio internacional de los granos básicos ha subido debido al menor abastecimiento que genera la invasión rusa de Ucrania, crisis que también ha encarecido el dólar y, con este, el precio de los insumos requeridos por la producción local.
UNIVERSIDAD consultó a Eduardo Rojas, presidente de la Asociación de Industriales y miembro de la Junta Directiva de Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) y al economista agrícola Nelson Arroyo, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, sus opiniones sobre ese decreto.
Rojas hizo saber que el sector arrocero se reúne desde ayer “para analizar, ya en firme, con los especialistas que han estudiado el decreto, para tener una posición más clara”.
“Nosotros estamos en pleno diálogo con el gobierno, esto debe mantenerse y explicarles la situación a como nosotros la vemos”, dijo.
Por su parte, Arroyo opinó que la medida es necesaria, pero que, además, “Conarroz y el Estado deben trabajar muy fuerte en implementar una serie de políticas que permitan aumentar la eficiencia de los productores locales”. A continuación, las respuestas de ambos.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación de Industriales y miembro de la Junta Directiva de Conarroz:
“Viene a generar un caos en toda la actividad”
¿Cómo repercutirá este decreto en la producción nacional?
—Se está analizando el decreto, pero, en primera instancia, afectará mucho a la producción interna, porque, al quitar los mínimos de precio, esto viene a desestabilizar el precio que se le paga al consumidor nacional.
Costa Rica es un país caro y todos los productos que se utilizan para producir arroz han subido en todo el mundo. El trigo está por las nubes, la soya está carísima, los fertilizantes y los agroquímicos han subido, porque el dólar ha subido y hay un impacto enorme.
Esto lo que genera es falta de certeza y de estabilidad en el productor, como se lo dijimos a la Ministra de Agricultura. Por ende, pone en riesgo la producción nacional, en un momento que debería ser todo lo contrario.
En cualquier gobierno, viendo lo que pasa en el mundo, hay que garantizar la comida de los costarricenses, como ha hecho Panamá, República Dominicana. No tiene sentido desestabilizar la producción interna. Muchos agricultores están disminuyendo el área de siembra en Guanacaste, se va a disminuir por lo menos en la mitad, y eso no lo estamos provocando nosotros, nosotros no podemos obligar a un agricultor a que siembre.
¿Cómo afectará a los procesadores industriales de arroz?
—Es complicado, porque usted debe competir en el mercado y debe competir con importadores de otros productos, como, por ejemplo, arroz pilado, entonces, no sabemos qué hacer, estamos en una decisión muy complicada, porque pone a todos en una incertidumbre. Puede haber despidos, reestructuración de la compañía, esto va a generar un caos en toda la actividad y hay 33,000 mil empleos directos e indirectos puestos en juego.
¿Quiénes son los más afectados con el decreto?
—Los productores, porque este sector no tiene la certeza.
Economista agrícola Nelson Arroyo, del IICE-UCR:
“CONARROZ y el Estado deben trabajar muy fuerte por la eficiencia de la producción local”
¿Cómo repercutirá este decreto en la producción nacional?
—El decreto, como está redactado, no afecta el precio que el agroindustrial debe pagar al productor, por lo que el precio de referencia para realizar el pago por calidad que ellos reciben no cambia. Sin embargo, los altos costos de producción locales y los rendimientos que se obtienen, hacen que el costo por unidad producida sea alto, perdiendo competitividad el grano nacional frente al importado, lo cual a mediano y largo plazo podría hacer que la agroindustria se decante más por el grano importado, especialmente cuando su precio en el mercado internacional sea bajo.
¿Afectará a los procesadores industriales de arroz?
—Al establecerse un precio máximo y eliminarse el mínimo lo que se busca es que los agroindustriales y los importadores de arroz compitan vía precios, es decir, que podrán vender el grano a precios inferiores al máximo que establece el decreto para cada calidad del grano (porcentaje de grano entero).
¿Favorece a la importación de arroz y a las personas consumidoras?
—Dependerá del comportamiento de los precios internacionales del grano. De momento, los precios internacionales, por el contexto mundial, están relativamente altos —la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una escalada en los precios de los combustibles, incrementos en los insumos agrícolas, altos costos de transporte, además, se han presentado algunos fenómenos climatológicos como sequías que han afectado la disponibilidad del grano en el mercado internacional—, esto hace que los diferenciales entre los precios nacionales e internacionales sean menores.
Sin embargo, cuando los precios internacionales bajen, serán muy atractivos, pues al importarse a menor precio, los importadores y las agroindustrias podrían bajar los precios de venta local para aumentar su participación en el mercado, de esta forma se beneficiarían los consumidores.
¿Considera que, además de eliminarse los precios mínimos, deben tomarse otras medidas?
—La eliminación de los precios mínimos fue una recomendación técnica que emitió la Dirección de Investigaciones Económicas y Mercados del MEIC desde 2019, con el objetivo de ampliar las bandas, fomentar la competencia y beneficiar al consumidor, sin embargo, hasta ahora se toman acciones en este sentido.
Esta medida se debe acompañar de programas de monitoreo de precios para verificar que el grano no se venda a precios que superen el máximo que se ha establecido para cada calidad y se fomente una competencia que beneficie al consumidor. Aunado a esto, Conarroz y el Estado deben trabajar muy fuerte en implementar una serie de políticas que permitan aumentar la eficiencia de los productores locales —bajar costos, aumentar rendimientos por hectárea—.
Esto implica incentivar las inversiones en investigación y desarrollo, infraestructura que facilite la producción —caminos, riego, almacenamiento, etc.—, ingreso de nuevas moléculas para el control de plagas y enfermedades a costos accesibles, buenas prácticas agrícolas, manejo sostenible de los recursos naturales, y capacidades gerenciales y asociativas de los productores.
