Con el nuevo proyecto de Ley de Renta Global Dual, que impulsa el Gobierno de Carlos Alvarado, un total de 95.193 trabajadores asalariados -tanto del sector público como del privado- se unirán al grupo de costarricenses que debe pagar dicho gravamen mes a mes.
Hasta la fecha estos trabajadores están exentos del pago de impuesto sobre la Renta, pero de aprobarse la nueva legislación, se bajaría el límite de ingresos que entran a tributar, lo cual incluye a aquellos que reciban más de ¢683.000 por concepto de salario. Hoy el tope mínimo es de ¢840.000.
De acuerdo con cifras provistas a UNIVERSIDAD por la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un total de 37.898 trabajadores del sector público reciben entre ¢683.000 y ¢839.999, y 54.042 empleados del sector privado tienen salarios que se ubican entre esos márgenes. Por su parte, 4.590 trabajadores independientes y 663 asegurados independientes entrarán también a ese grupo de cotizantes.
El proyecto de Renta Global Dual “le da un martillazo a la población asalariada. Podríamos decir que el golpe es a la clase media” (Luis Paulino Vargas)
Otro factor que incidirá en el pago de dicho impuesto es que quienes reciban salario, por ese monto o uno menor establecido en el límite, y tengan otros ingresos por alguna otra actividad que realicen (alquiler, servicios profesionales, ventas), se le sumarán todos esos ingresos, obligándoles a pagar Renta.
Según el economista e investigador en formación y efectividad de políticas públicas, Luis Carlos Olivares, el proyecto de ley de Renta Global Dual es completamente regresivo, debido a que la reforma cae de manera excesiva sobre los asalariados, un grupo que ya de por sí paga todos los impuestos que se le imponen.
Esto sucederá mientras otros quedarán por fuera del pago, ya sea porque son exentos o pueden darse el lujo de evadir y eludir, dado que las fuentes de sus rentas o ingresos no están necesariamente identificadas.
“Esta Administración tomó una decisión política, clara y directa, que fue tasar a la clase media, con dos acciones específicas desde el punto de vista recaudatorio: que los que ya pagan, paguen más, y que más gente pague”, detalló Olivares.
Desde su perspectiva, la primera acción muestra una doble moral, porque hay una masa de gente que ya paga sus impuestos (a quienes se les está gravando aún más), pero también existe una alta elusión y evasión con grupos exentos por perpetuación de privilegios, de manera que esos encontrarán la forma de no pagar.
La segunda acción implica que más personas paguen, puede hacerse de dos formas. En primer lugar, acomodar el tributo hacia arriba, es decir, quien más gana, pague más, bajo un criterio de progresividad. Y, en segundo lugar, hacerlo hacia abajo y que las clases medias o medias bajas paguen algo.
“Esto último es lo que están haciendo, disminuyendo el rango hacia abajo para capturar mayores sujetos pasivos, incluso tasando a una masa laboral por cuenta propia, el cual es el grupo más pujante del país. Existen cerca de 321 pymes, según el Instituto de Estadísticas y Censos, que tienen capacidad de absorber hasta un 55% del empleo informal”, añadió el economista.
El peso recae en los asalariados
Según el economista Luis Paulino Vargas, el trato tributario mejoraría para los contribuyentes que realizan actividades lucrativas, como puede ser un médico o un profesional liberal, dado que la ley incluye a más personas asalariadas. Sin embargo, podría excluir a una parte de esos trabajadores independientes.
“Tenemos certeza del dato concreto de asalariados que hoy no pagan el impuesto y empezarían a pagarlo con la nueva ley. Le pone mano dura, un golpazo o el martillazo (como quieran llamarlo) a la población asalariada, no solo porque pasarían a tributar, sino porque si uno revisa hacia arriba, ve que las tasas impositivas se incrementan más en los sectores que ganan a partir de ¢1 millón, ¢2 millones o ¢3 millones. Aquellos del sector privado que están entre ¢19 millones y ¢29 millones no son tan afectados, por tanto, podríamos decir que el golpe es a la clase media”, argumentó Vargas.
La propuesta de Renta Global fue avalada en el Diálogo Multisectorial, realizado en 2020 entre el Gobierno y diversos sectores, sin embargo, la propuesta planteaba hacer una mejora en la recaudación y generar mayores ingresos, pero nunca se habló de bajar la base impositiva, lo cual afecta a trabajadores con salarios menores.
Para la economista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Ana Rosa Ruiz, aunado a una economía en la que aumenta el desempleo, con un empleo de poca calidad y casi el 60% de informalidad, aplicar este impuesto viene a deteriorar aún más la calidad de vida de la clase trabajadora, por lo cual se establece una política totalmente regresiva, y ese no fue el acuerdo en el Diálogo Multisectorial.
Analizó la experta que ya desde la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se han visto afectados y reducidos los gastos del sector público y hay claras intenciones de incidir en la parte de la remuneración. No hay aumentos salariales, los incentivos pasaron a ser un monto fijo y se suspendió la aplicación de la antigüedad.
“Ya hay una afectación de las remuneraciones. Las intenciones claramente buscan bajar los estándares salariales para justificar en el sector privado salarios aún más bajos, y ahora se amplía la base para que otros sectores asalariados paguen este impuesto”, señaló.
Y es que este proyecto de ley, que el Gobierno pretende hacer avanzar, junto con otras iniciativas de enfoque regresivo, viene a imponer la carga impositiva en los asalariados (incluyendo a los que tengan alguna actividad productiva).
En este sentido, el diputado oficialista, Welmer Ramos, explicó que, peor aún, es una legislación que recae sobre las personas y no toca al sector empresarial, pues inicialmente se había presentado un proyecto de Renta Global que incluía a las personas jurídicas (empresas o negocios), pero una semana después el Gobierno presentó un nuevo texto en el cual ya no estaban incluidas. (Ver nota “Gobierno excluyó a personas jurídicas y empresas en segunda versión del proyecto de Renta Global”). Es decir, este proyecto que pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa no tocará los capitales empresariales.
