Orlando Barrantes

“Con mi acusación pretenden amedrentarnos”

Barrantes siempre sostuvo que el suyo es un caso de criminalización de la protesta social.

El día de hoy el dirigente sindicalista Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.

A continuación se reproduce una entrevista que Barrantes concedió a UNIVERSIDAD en mayo del 2006, en la que detalló los pormenores de su caso. Por entonces, Barrantes era Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) y sostuvo que el detonante de toda la violencia fue la intervención de los policías antimotines.

 

¿Cómo se dieron los hechos del 2000, por los cuales ahora es enjuiciado?

– El 12 de diciembre del 2000 se manifestó la población en la provincia de Limón. Hubo movimientos de protesta en Guápiles, Siquirres, Limón y Talamanca, en los que diferentes sectores denunciaban la incapacidad de las instituciones gubernamentales por cumplir los acuerdos firmados.
En Siquirres, Guácimo y Pococí los grupos manifestantes fueron básicamente los pequeños agricultores y trabajadores bananeros expuestos al agroquímico nemagón.
En todos hubo enfrentamientos con la policía, pero en Guápiles, donde yo estaba, fue donde se produjeron los hechos más violentos. La versión que yo puedo dar de lo sucedido esa mañana, la reconstruyo a partir de videos que ya mostraron la fiscalía, informes de prensa y testimonios.
A las 8 a.m. se da una concentración de casi dos mil personas en el Parque de Guápiles, donde hasta las 8:45 intervenimos entre 15 y 20 dirigentes en el uso de la palabra. Allí, espontáneamente se tomó la decisión de hacer una marcha pacífica hacia Guácimo. La idea era que el gobierno, al ver una marcha de gran cantidad de gente, retomara las negociaciones. Una delegación de dirigentes fuimos a la casa de Jesús Calderón, quien estaba en contacto con el Ministro de Agricultura, a esperar que el gobierno se comunicara, mientras la gente empezó a caminar.
Nunca hubo bloqueo. Según el testimonio de los mismos policías antimotines, alrededor de 200 de ellos recibieron la orden de “ir a chocar” con los manifestantes, lo cual sucedió en medio de una cuadra muy larga, entre el Parque de Guápiles y la carretera a Limón.
A los policías se les acabaron los gases y entonces recibieron la orden de retirada, la cual ejecutaron de manera desordenada, se dispersaron y cuatro de ellos se tiraron debajo de unos furgones. Este grupo fue retenido por los manifestantes para exigir la liberación de cerca de 30 personas que habían sido detenidas sin ser pasadas al Ministerio Público. Yo no participé en esas negociaciones porque no podía, ni había control de nada. Nunca hubo bloqueo en la carretera a Limón y el enfrentamiento tampoco se dio en la vía.
Alrededor de las 5 o 6 de la tarde los manifestantes liberaron a los policías y el gobierno soltó a los manifestantes.

¿Mientras todo eso pasa usted se mantuvo en la casa de Calderón?

– Sí, claro. Allí también estuvo el periodista Marvin Barquero de La Nación.

¿Qué sucedió después, cuando fueron a Casa Presidencial?

– El gobierno nos convocó a negociar a las 8 a.m. del 13 de diciembre. Fuimos a Casa Presidencial y un periodista me preguntó si sabía que había orden de captura en mi contra y una acusación por secuestro extorsivo. Se le pidió al gobierno que aclarara la situación, anularon la orden de captura pero manifestaron que si había una demanda judicial, el Poder Ejecutivo no podía intervenir. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda que fue acogida por el fiscal, en la que sostiene que yo planeé, organicé y ejecuté un secuestro extorsivo y que todo lo que sucedió el día anterior había sido planeado por mí. Esa es la acusación. La causa acarrea una pena de 15 a 20 años por persona, y como fueron cuatro, la sentencia mínima sería de 60 años.
Esta acusación de secuestro extorsivo no solamente es absurda y ridícula, sino que con ella pretenden amedrentarnos.

¿Cómo han sustentado la acusación?

– La única prueba que presentan es un video donde salgo hablando en el parque. También incluyen el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.

¿Cuál cree es el trasfondo de la acusación?

– Además de dirigente social, soy presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido legalmente inscrito, nuevo y de izquierda, que nació el año pasado.
Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama “agitador”; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política.
Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación.

¿Cómo siguió el trámite de su juicio?

– Inició en julio del año pasado, pero fue anulado porque mi abogado se incapacitó por más de diez días. Mi primera defensa no estuvo bien, pues subestimamos la causa. Cambiamos de abogado y hemos planteado tres acciones de nulidad, que han sido rechazadas.
Hace un mes nos notificaron que el juicio fue convocado para el 20 y 21 de abril de este año, pero cuando llegamos el 20 se nos dijo que está suspendido, pues la fiscal a cargo quiere que vuelva a declarar el exdirector de la Fuerza Pública Walter Navarro, quien está en Estados Unidos.

¿Cómo explica que se trata de un juicio político?

– Aquí lo que están enjuiciando es la forma de pensar que uno tiene, no tienen ninguna prueba y eso es un juicio político.
La condena de Célimo Guido, más el caso mío, nos lleva a los sectores sociales a hacer un llamado a fortalecer instancias como la Comisión de Derechos Humanos.
Estos son intentos de sectores poderosos económicamente y ligados a las transnacionales, que buscan amedrentar a los dirigentes y sentar precedentes ejemplarizantes para que la gente no proteste.
Como dirigentes y ciudadanos costarricenses, nuestro papel es participar en todos los procesos y no se nos va a prohibir opinar sobre la realidad nacional. Sostendremos nuestra oposición tajante al TLC.
Mi caso es un montaje, que busca asustar a la gente. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, si tengo que ir por defender a los pobres, gustoso voy. La cárcel para un dirigente representa un ataque muy duro a las libertades democráticas de este país y al resto del movimiento popular.

 

 


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