Salones comunales cerrados, decayendo y con servicios suspendidos, puentes y caminos a medio hacer, plazas con el zacate crecido porque no se pueden pagar a chapear, proyectos abandonados y deudas creciendo son el saldo que dejó el 2020 a muchas asociaciones de desarrollo integral (ADIs), y así parece que seguirá el 2021.
Entre tanto, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) apuesta por un “nuevo modelo” de gestión que echa mano de alianzas público-privadas y ahora les pide a las comunidades que piensen “como empresas”, explicaron funcionarias de la institución.
En el 2020 el movimiento comunitario recibió el menor porcentaje de lo que le otorga la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, desde el 2006. De acuerdo con la norma, el Estado debe destinar el 2% de lo recaudado por impuesto sobre la renta al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que debe distribuir los recursos entre las ADIs —para su funcionamiento ordinario— y un Fondo de Garantía e Incentivos, para proyectos adicionales.
“Nadie quiere estar, ni trabajar en asociaciones, por que trabajamos sin un cinco y hasta terminamos poniendo plata propia”, Hilda Mora, líder comunal.
En el 2020, aunque se aprobaron casi ¢11.000 millones, según el jerarca de Dinadeco, Franklin Corella, finalmente los depósitos de Hacienda rondaron los ¢8.000 millones. Así, explicó, las comunidades recibieron cerca del 15% de lo debido.
A lo largo de la Administración Arias Sánchez Dinadeco recibió ¢18,482 millones (en promedio 50,68% anual de lo proyectado), durante el gobierno de Laura Chinchilla el monto ascendió a ¢32,801 millones (52,15%) y con Luis Guillermo Solís recibieron ¢42,592 millones (47,02%). Durante la administración Alvarado a Dinadeco se le han asignado ¢33,746 millones (con un promedio de apenas 34,07% anual del 2% recaudado).
A lo interno de la entidad, esto significó recortes a presupuestos específicos, lo que complicó las labores del personal. Karla Prendas, Directora Regional del Pacífico Central de Dinadeco indicó que la limitación en recursos para giras y monitoreo impiden mantener contacto con las asociaciones y dar seguimiento a proyectos. Los recortes, dijo, “dejan al descubierto a la comunidades y a la instancia jurídica con las manos atadas”.
Además, la carencia de recursos implicó que las más de 3.600 asociaciones que hay en el país solo recibieran entre ¢200 y ¢300 mil para operar, en un año en que a causa de la pandemia tampoco pudieron organizar bingos, bailes, ni ninguna actividad para recaudar fondos. Se quedaron sin poder pagar recibos municipales, de agua, Internet y luz, que no dejaron de llegar, y se vieron forzadas a poner en pausa proyectos urgentes para sus comunidades.
Daniel Quesada, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (Conadecoo) dijo que “el gobierno solo insiste en que no tiene plata, pero esto va a resultar en que se cierran asociaciones que no pueden cubrir ni los gastos mínimos, menos los proyectos que ya tenían en camino”.
Proyectos abandonados
En Barrio Aguabuena de Coto Brus, por ejemplo, la construcción de un puente peatonal para solucionar el aislamiento de una comunidad entera a causa de inundaciones está varada y empezando a herrumbrarse.
La presidenta de la ADI, Hilda Mora, comentó que los recursos se están gastando en pagar servicios y añadió que no cree que alcance para llegar a junio.
“No hemos recibido lo del 2%, que nunca ha sido, desde el 2019. Nos deben dos años. Tenemos el salón cerrado, aún así nos cobran impuestos municipales y servicios como si nada. El puente no lo hemos podido completar, ese río se sale, queda una comunidad aislada y no podemos terminarlo”, dijo abrumada la líder comunal.
Según Mora, ya nadie quiere participar ni trabajar en asociaciones, porque además de tener que darle la cara a la comunidad, “se trabaja sin un cinco y hasta terminamos poniendo plata propia”.
Denia Gutiérrez, de la ADI de Barrio La Cruz en Liberia, confirmó que el año pasado se redujo significativamente la contribución estatal y afirmó que espera que el Ministerio de Hacienda cumpla su promesa de girar más recursos a medio año, pues ya no les alcanza.
Tanto Daniel Quesada como Franklin Corella explicaron que, además de un voto de la Sala Constitucional que obliga a las autoridades a entregar el 2%, hay un acuerdo con el Ejecutivo para aumentar paulatinamente los montos. “Vamos a darle chance al Gobierno a ver si cumple con ese acuerdo”, sentenció Quesada.
En Barrio La Cruz, mientras que el proyecto de mejora de la cancha vecinal y otra infraestructura tuvo que ser suspendido, la comunidad, de la mano de Dinadeco, incursionó en un proyecto, parte de un “nuevo modelo” para gestionar el Fondo de Garantías e Incentivos. Mediante “Comunidades BAC”, una alianza público-privada impulsada por la entidad, se gestionó un “proyecto productivo comunitario”: una cancha sintética en la comunidad, cuya construcción ya está por concluir.
El proyecto, sin embargo, ahora es una fuente de preocupación, pues hay que pagar por los servicios utilizados durante la construcción y, una vez inaugurado, generará gastos de mantenimiento, a pesar de que a causa de la pandemia y la prohibición de los deportes de contacto permanecerá cerrado indefinidamente y no generará dinero, indicó Gutiérrez.
Nuevo modelo no cubre a todos
Franklin Corella, jerarca de Dinadeco, indicó que la situación presupuestaria es preocupante y que se han hecho esfuerzos para garantizar que pueda aumentarse la cantidad de recursos que reciben. Al mismo tiempo, dijo, la entidad ha impulsado que las comunidades establezcan alianzas estratégicas para “multiplicar recursos”.
La recién inaugurada Plaza Z13 en La Fortuna o el Hub Comunal de Santa Ana son parte de estos proyectos que se generan con recursos públicos, privados y en muchas ocasiones comunitarios. Así, dijo Corella, se generan proyectos productivos en manos de la comunidad y que “no representan ninguna ganancia para las empresas, más allá de la exposición de marca”.
En este modelo, explicó Alejandra Abarca, funcionaria de Dinadeco, participan empresas públicas y privadas, así como Incae (cuyo índice de riesgo social dirige la inversión) y Fundes, que realiza las capacitaciones en las comunidades. “Así, promovemos que las comunidades piensen como empresas, que generen alternativas productivas”, dijo.
André Garnier, exministro de Enlace con el sector privado, fue director de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes) en 1995, como consta en el currículum facilitado por la Presidencia de la República cuando presentó su renuncia el pasado lunes 29 de abril.
Para Hilda Mora, este “nuevo modelo” privilegia a las comunidades que tienen ciertas ventajas y margina a las más pobres. “Yo no puedo meter a mi comunidad en un proyecto así cuando la comunidad no tiene ni fuentes de empleo. Lo hemos intentado, hemos propuesto la compra de una finca para un proyecto productivo y de protección de la naturaleza, pero para nosotros no hay plata, nosotros solo servimos para votar. Hacen estos modelos de desarrollo, que yo no sé a quién le preguntan, porque no se adaptan a las necesidades de los más necesitados”, afirmó.
Corella, jerarca de la entidad, negó que al privilegiar a las comunidades con capacidad de poner en marcha un proyecto productivo para el otorgamiento de fondos se excluya a nadie, pues siguen teniendo acceso a los recursos y proyectos ordinarios.
Para Karla Prendas, si bien es urgente la innovación y renovación del modelo de desarrollo comunitario en el país, los recortes presupuestarios que se solucionan a medias con “alianzas que no son permanentes ni sólidas” reflejan un debilitamiento de una función estatal.
Corella en cambio indicó que no existe abandono por parte del Estado de su función, si no que están implementando una “estrategia para multiplicar los recursos, echando mano de otros recursos disponibles, tanto en el sector público como privado”.
