Suministro de agua potable a zonas con riesgo de sequía

Comunidad se une en defensa de la cuenca del río Guacimal

La Asociación de Desarrollo de Guacimal y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua persiguen la creación de una zona de protección hídrica.

La cuenca del río Guacimal, en Puntarenas, se nutre del río Veracruz y -desde el 2010- los vecinos, con ayuda de ambientalistas, se encuentran en una disputa en la que cuestionan la explotación comercial de este recurso hídrico y para solucionar este conflicto proponen ahora  que el Ministerio de Ambiente (Minae) declare esta región como zona de protección hídrica.

Recientemente, el Minae declaró caduco un  proyecto; este pretendía usar el agua de esa cuenca para riego de pasto para ganadería y como un paso adelante en la preservación de sus recursos naturales, ambientalistas y vecinos aspiran a contar con un régimen de protección legal para los ríos Guacimal y Veracruz.

El geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua , Dany Villalobos, argumentó que se trata de dos cursos de agua sin contaminación alguna y que usar ese recurso en riego sería un desperdicio.

“Hemos propuesto que el río se proteja para que haya la posibilidad de consumir el agua de su caudal y no de lo que se ha propuesto, para riego de pastos, lo que es un desperdicio, porque el río Veracruz no presenta focos de contaminación”, aclaró a UNIVERSIDAD el geógrafo.

Esta comunidad puntarenense tiene cuatro nacientes de agua, que se encuentran en una zona alta; por esta situación altitudinal, se facilita el transporte y aprovechamiento del líquido por gravedad, además esto favorece que no existan problemas con sequías, lo contrario a las otras comunidades de la zona baja de Puntarenas, donde la escasez del agua es un problema y a esto se le puede agregar la contaminación de pozos.

“La falta de control y negligencia del Minae está sobreconcesionando y secando ríos como el Tempisque en Guanacaste, pero también los ríos del Pacífico Central: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto. Esto no solo afecta los ecosistemas sino también el agua de comunidades que dependen de estos ríos y la productividad de los manglares costeros”, explicó el presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), Mauricio Álvarez.

Villalobos agregó que en la actualidad más de 7.000 personas son las que se ven beneficiadas con el consumo de agua directamente del río Guacimal, donde Chomes y Sardinal de Acapulco son dos poblaciones importantes de señalar. La primera tiene los pozos contaminados con hierro manganeso y la segunda presenta racionamiento de agua porque se le han secado las nacientes.

Por esto, la Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal como la Asociación Administradora de Acueducto (Asada) han sido los impulsores principales de la  idea de crear una zona de protección hidríca. La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua ha coordinado encuentros con la presidencia ejecutiva del AyA para presentarles la iniciativa a la institución rectora.

Años en conflicto

La disputa por el uso de las aguas en esta cuenca inició en el año 2010, cuando la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal (Suala) promovió el Proyecto de Riego Guacimal-Los Ángeles en conjunto con la Sociedad de Usuarios de Agua de Sardinal, la  cual fue otorgada por la Dirección de Aguas; esta primera propuesta era para explotación de 74 litros por segundo.

Pero la empresa no fue clara con la comunidad de Guacimal, este permiso realmente permitía la explotación desde el río Veracruz hasta Sardinal, lo que significaba que se explotarían unos 163 litros por segundo.

Por esta razón, se habría entubando casi 3/4 partes del agua que tiene el torrente en época seca, la cual ha mostrado una acelerada tendencia a la disminución de su caudal durante los últimos años, por lo que un trayecto habría quedado seco y de esa forma habría afectado también al río Guacimal.

En junio de 2014 en la Resolución Nº 2014008486, la Sala Constitucional resolvió parcialmente el recurso de amparo presentado contra el proyecto de riego. En su Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (ProGIRH), se encontró que amenazaba el derecho al ambiente sano de la comunidad, por dejarle al río solamente el 16% del agua, y los vecinos consideraban que esto provocaría altos impactos negativos.

Además, la falta de estudios para conocer las posibles afectaciones en el río,  las contradicciones en los informes institucionales del Minae demostraron su incapacidad para garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto, que pretendía captar 14.103 metros cúbicos de agua diarios del río Veracruz.

Por su parte, la Dirección de Aguas del Minae  reiteró las cláusulas del proyecto y dijo que este ya contaba con la viabilidad ambiental aprobada por la Setena, por lo que la Dirección de Aguas se encargaría de dar seguimiento al cumplimiento de la resolución y garantizar el uso del caudal concesionado.

En cambio, la Sala consideraba que con esa posición infringía el artículo 50 constitucional y se incumplía el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, según el cual para concesiones de agua de más de 200 metros cúbicos diarios, es necesario un estudio de impacto ambiental por tratarse de una extracción de categoría A, o sea, de alto impacto ambiental

Además, este proyecto de riego pretendía abastecer de agua a haciendas que se dedican a la ganadería, sobre todo en Coyolar y Sardinal de Puntarenas, donde se habría llevado la mayoría de agua que se extraería diariamente. La misma actividad ganadera ha provocado la pérdida de nacientes por la extensa e intensa deforestación que ha habido en esa zona, como lo son el río Abangares y el río Lagarto.

Por efecto de la denuncia interpuesta en octubre del 2015 por Dany Villalobos, la Dirección de Aguas del Minae tuvo que abrir un proceso administrativo sancionatorio contra la Suala.

La Ley de Aguas establece en su artículo 26 como causa de caducidad de las concesiones la falta de uso durante tres años consecutivos. Para esta concesión habían pasado entonces cinco años sin uso.

Pero fue hasta febrero de este 2017 que el Órgano Director creado por el Minae convocó a las partes a presentarse a audiencias sobre el tema en la Dirección de Aguas. El 22 de marzo dieron testimonio los líderes comunales y una semana después su contraparte: la presidenta de la Suala y miembros del Senara, comprobándose testimonialmente que el agua nunca había sido usada.

“En febrero de ese año, nos presentamos como testigos para dar testimono de que la concesión para explotar el agua no ha sido utilizada; la denuncia se fundamenta en la Ley de Aguas, donde dice que si no se ha explotado las concesiones en tres años, debe declararse en caducidad”, declaró Villalobos.

Además de los testimonios de vecinos e interesados en el proyecto, varios informes oficiales de la Dirección de Aguas hicieron constar que durante siete años de tener concesión, la Suala nunca pudo aprovechar el agua del río Veracruz.

Por tal motivo, el Ministerio de Ambiente emitió el pasado 7 de junio la resolución 209-2017-MINAE, con esto se declaró finalmente la caducidad de la concesión de aguas del río Veracruz que había otorgado en 2010.

 

 

 

 


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