Desde hace más de 20 años, la comunidad del cantón de Sarapiquí, en Heredia, mediante estrategias de mitigación y conciencia comunitaria, lucha por conservar el río que les da trabajo, recreación, así como agua limpia y vías de navegación.
Sin embargo, la situación se agravó cuando distintas empresas llegaron a la cuenca a realizar tajos. Estas concesionarias, con maquinaria pesada, se encargan de extraer materiales del río, especialmente arena y piedras, con fines de explotación minera.
“Cuando usted se dio cuenta, el vecino tenía detrás de su casa una vagoneta desde las 5 a.m. haciendo ruido, nadie se dio cuenta, solo apareció”, comentó Rosselyn Valverde, gestora ambiental e integrante de la Comisión de Salvaguarda de la Cuenca del Río Sarapiquí.
De un día para otro, la comunidad notó el movimiento de maquinaria pesada alrededor del barrio. Cuando empezaron a investigar qué sucedía, se enteraron que una empresa, a la cual le rechazaron un permiso de uso de suelo en otro lugar, decidió instalarse en el río Sarapiquí sin permiso alguno.
“Empezamos a acudir ante la ley para ver cómo podíamos resguardar nuestro recurso, no solo por la parte del medio ambiente sino también porque el río Sarapiquí es icónico en el cantón, tiene una importancia enorme y una historia que contar”, Rosselyn Valverde.
Valverde comentó que, cuando ingresaron a la página web de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se enteraron que habían cinco gestiones de permisos adicionales para realizar tajos en una zona de 25 kilómetros sobre el cauce del río, donde se desarrolla actividad turística.
Este tipo de trabajos tienen como consecuencia el desplazamiento del río, la afectación de la fauna, la sedimentación y la contaminación de las aguas con aceites que utiliza la maquinaria.
Ante esto, la comunidad se organizó para detener —mediante un proyecto de ley— el deterioro del río, así como el desgaste que esto causa a las actividades económicas de la zona, como lo es el turismo.
Proyecto de ley
El proyecto busca generar una salvaguarda, es decir, proteger el río y eliminar las actividades antropogénicas dañinas a lo largo del cauce principal del río Sarapiquí, desde su nacimiento en el volcán Poás hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de 25 años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo sano y libre de barreras físicas.
Durante la vigencia de la salvaguarda ambiental no podrán desarrollarse proyectos hidroeléctricos, ni otorgarse nuevas concesiones de extracción de materiales mineros. Esto con el fin de que el río pueda recuperarse de los daños que ha sufrido.
Además, el proyecto busca ser un instrumento de planificación y de desarrollo territorial con el fin de recuperar la historia, proteger el recurso hídrico y la biodiversidad, así como garantizar el desarrollo del turismo sostenible.
Para ello, se propone la creación de la Comisión del Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí (Codesosa), la cual tendrá como finalidad coordinar las acciones públicas necesarias para el manejo integral, inclusivo y sostenible de los recursos naturales, económicos y culturales de la cuenca.
Asimismo, el proyecto declara la protección de la cuenca del río Sarapiquí de interés público nacional. Por lo tanto, el Estado deberá apoyar las iniciativas de desarrollo local y las actividades vinculadas al desarrollo del turismo, que buscan mantener, proteger y potenciar la región. Todo bajo un marco de protección y sostenibilidad del medio ambiente.
Según afirman sus líderes, el proyecto no está en contra del desarrollo económico. Señalan que el problema se presenta cuando se empieza a generar una actividad económica que le pasa por encima a otra.
Valverde explicó que el empleo que genera la extracción de material de río no se compara con la que genera el río limpio y sano. “La generación de empleo es para quien maneja la vagoneta y quien usa la draga y ya, todo el material va a dar a otras partes”, indicó.
El pasado jueves 27 de mayo, el proyecto entró en la corriente legislativa con 31 firmas de diputados, además se le asignó un número de expediente (No.22524).
Actualmente se encuentra a la espera de ser asignado a alguna comisión legislativa para iniciar el proceso correspondiente.
Impulso comunal
En el 2017 la comunidad fundó la Asociación para la Protección de la Cuenca del Río Sarapiquí (Aprocsara), quien sentó las bases para luego crear la Comisión de Salvaguarda de la Cuenca del Río Sarapiquí, la cual se encargó de la formulación del proyecto de ley.
Durante mucho tiempo, la comunidad ha buscado formas de mantener a salvo el río como proyectos de reforestación y recuperación de los manglares.
Juan Amiguetti, miembro de la Comisión de Salvaguarda de la Cuenca del Río Sarapiquí, mencionó que una de las ventajas del proyecto es que es impulsado por la sociedad civil, pero articulado con distintos sectores como la academia, gobiernos locales y organizaciones ambientales.
“Empezamos a acudir ante la ley para ver cómo podíamos resguardar nuestro recurso, no solo por la parte del medio ambiente sino también porque el río Sarapiquí es icónico en el cantón, tiene una importancia enorme y una historia que contar”, comentó Valverde.
En el 2017 se publicó, en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo en firme y por unanimidad del Concejo Municipal de Sarapiquí, se declaró una moratoria indefinida para la instalación de tajos, quebradoras y extracción de material minero en la cuenca del río.
Ante esto, Valverde comentó que, por ley y por la moratoria antes mencionada, la Dirección de Geología y Minas es quien autoriza este tipo de trabajo, por lo que solo otra ley podría parar esa situación y, de allí, la idea de formular un proyecto de ley.
