El comunicador social del medio regional Cañas 24/7 TV, Roberto Jara Bolívar, quien fue detenido por la policía mientras cubría las protestas en Cañas, Guanacaste, en octubre pasado, deberá ir a juicio según determinaron hoy las autoridades judiciales en una audiencia preliminar, en la que se presentaron varias irregularidades, según dijo el comunicador a UNIVERSIDAD.
Jara, quien es acusado por la Fiscalía por obstrucción de la vía pública, detalló que en la audiencia las autoridades afirmaron que se habían perdido las pruebas presentadas por el acusado y su defensa, los testimonios de dos testigos y las denuncias contra cuatro oficiales de la Fuerza Pública por privación de su libertad, agresión policial y robo de su teléfono.
“Lo que ofreció la jueza y la Fiscalía fue que me acogiera yo a mi derecho de hacer 150 horas de obras comunales en un plazo de un año, al ser un delito no procesable de tres años, y a aportar cien mil colones a alguna entidad no gubernamental, cosa que no acepté porque yo no voy a declararme culpable de algo que no he cometido”, explicó Jara vía telefónica.
Con respecto a las irregularidades, comentó que “las pruebas no aparecieron, nadie sabe quién es responsable de que se perdiera eso; nosotros las entregamos la vez pasada”. Las autoridades deben encontrarlas antes del juicio, para el cual no se fijó fecha aún.
El comunicador, quien no tiene antecedentes policiales, dijo que el caso se elevó a juicio porque él no quiso aceptar la conciliación.
Detenido mientras cubría acción policial
El 8 de octubre de 2020 había algunos dirigentes comunales a la orilla de la carretera Cañas – Liberia, a la altura del río Cañas, y la ruta estaba abierta con tránsito normal, sin ninguna obstrucción, como relató en su momento el Alcalde de Cañas, Luis Fernando Mendoza, a UNIVERSIDAD.
Mendoza dijo que la acción de los oficiales fue “un abuso de poder” y que atacaron a personas que no participaban en ningún tipo de manifestación, lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes y contra la ciudadanía, así como en los barrios San Cristóbal Sur, Santa Isabel Arriba y Abajo y San Luis Imas.
Ese día Jara fue detenido por oficiales antimotines mientras transmitía las acciones policiales. En este video se observa cómo Jara es interceptado por los oficiales, quienes lo detienen y le quitan el celular con el que trabajaba.
Detención de Roberto Jara en octubre, 2020
De acuerdo con Marcela Zamora y Mario Villalobos, de la Comisión de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz, ese día “la policía detuvo a gran cantidad de personas, las cuales no sólo fueron detenidas injustamente, desde el periodista Roberto Jara, quien ejercía la labor de difundir y comunicar las acciones de la policía y lo que sucedía en el puente, hasta pobladores que estaban realizando sus labores cotidianas, como es el caso de Keylor que regresa de trabajar y Dennis que andaba con su concuño Francisco recogiendo medicamentos en el CAIS de Cañas”.
Zamora y Villalobos insistieron en que Jara “sólo ejercía su derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, la cual una vez más, molesta a la policía y toma represalias contra los comunicadores alternativos, con la colaboración de nuestro sistema judicial”.
El 29 de octubre de 2020, la comunicadora social Stella Chinchilla fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública mientras cubría una manifestación en el Alto de Ochomogo, en Cartago. Fue acusada de resistencia al arresto y obstrucción, a pesar de que se encontraba debidamente identificada con su carné de prensa y estaba transmitiendo en vivo por sus redes sociales. A fines de noviembre la Sala Constitucional condenó al Ministerio de Seguridad Pública por sus acciones en contra de la comunicadora y concluyó que fue “aprehendida arbitraria e injustificadamente por la Policía”. Además, las personas magistradas no encontraron pruebas de que la comunicadora agrediera a los oficiales que la detuvieron.
Sala Constitucional: “Fuerza Pública aprehendió arbitrariamente a comunicadora en Ochomogo”
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección). También señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)”.
“Lo de la Fuerza Pública fue un abuso de poder”, dice alcalde de Cañas
