Las compras que el Ministerio de Educación Pública (MEP) realiza al Consejo Nacional de Producción (CNP) para los comedores escolares alcanzaron los ¢77.195 millones el año pasado, aumentando en un 41% con relación al 2019, según cifras provistas a UNIVERSIDAD por el CNP.
Un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa propone que estas compras de productos agropecuarios y pesqueros de las juntas administrativas y de educación de los centros educativos públicos ya no se hagan obligatoriamente al CNP mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) sino que puedan realizarse en el mercado privado.
El PAI es un servicio manejado por el CNP desde 1977, para abastecer de alimentos a las instituciones públicas (Cen-Cinai, hospitales, comedores escolares, cárceles), garantizando que dichos suministros procedan prioritariamente, de productos de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales nacionales.
Según cifras del CNP, las ventas totales de la institución mediante el PAI fueron de ¢66.945.945.221 en 2019, de ¢101.672.6730.021 y de ¢43.974.264.319 hasta el 31 de julio de este año.
Las ventas específicas al MEP para abastecer 2.792 comedores escolares fueron de ¢44.655.285.749 en 2019, de ¢77.195.828.273 en 2020 y de ¢25.963.114.241 en lo que va de 2021.
No obstante, una iniciativa de ley de los diputados liberacionistas Yorleny Leon y Wagner Jiménez propone modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP (Ley 2035) para que diga que si bien los entes públicos están obligados a proveerse del CNP, “en el caso de las juntas administrativas y de educación de los centros educativos públicos, será opcional el acudir al Consejo Nacional de Producción (CNP) para comprar los suministros para los comedores estudiantiles”.
En su exposición de motivos del proyecto de ley 21.424, se afirma que “no hay competencia en el abastecimiento ni tampoco más remedio” por lo que “escuelas, cárceles y otras instituciones deben pagar los precios cobrados por la institución (CNP)”.
“Los comedores escolares pagan precios significativamente más altos al CNP por alimentos disponibles en supermercados vecinos”, agregan los legisladores.
Asimismo, critican que “el CNP dice tener derecho a un margen operativo, como si otros abastecedores renunciaran a la ganancia y fueran incapaces de entregar a domicilio, sobre todo las grandes cantidades de alimentos consumidos por 148.000 niños en 1.116 escuelas, no importa cuán remota pueda ser la ubicación de algunas de ellas”.
Se le consultó al presidente ejecutivo del CNP, Ángel de Jesús Jiménez ¿Qué sectores, empresas, cadenas de supermercados se verían beneficiados si se aprobara este proyecto de ley?, a lo que respondió que “el Consejo Nacional de Producción no cuenta con esta información, por lo que se considera muy aventurado mencionar alguna empresa, sin tener certeza de ello ya que dependerá de las instituciones que eventualmente contratase el Ministerio de Educación Pública, en ese escenario”.
El proyecto de ley se discute en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.
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