Existe consenso científico en que hay un componente laboral predominante en la epidemia de insuficiencia renal crónica que desde hace décadas cobra vidas de trabajadores agrícolas, principalmente, en zonas de Guanacaste y otras partes de Centroamérica.
En Costa Rica, sin embargo, la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica (ERC), como se le llama, no está incluida dentro de la protección por riesgo laboral.
Mientras tanto, estudios epidemiológicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asocian la incidencia de la enfermedad en estos trabajadores a factores como la exposición al calor, duro trabajo físico y la deshidratación.
Por esta razón, el año pasado el Gobierno emitió un decreto sobre estrés térmico, que pauta medidas preventivas en relación con tiempos de descanso, hidratación y exposición de los obreros al calor.
Trabajadores que sufren la ERC y se han quedado sin trabajo por esa causa se preguntan por qué se les niega indemnización por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) y en su caso no sirve la póliza de riesgo laboral que deben pagar las empresas, lo que consideran como una gran injusticia, pues sienten que se enfermaron por las condiciones de trabajo.
A su vez, el INS, institución que administra el régimen de riesgo laboral, se apoya en definiciones del Código de Trabajo para justificar su posición de no reconocer indemnizaciones por ERC (ver recuadro).
Desde otro punto de vista, el Sindicato de Trabajadores del Ingenio Taboga, en Cañas, considera que las instituciones responsables “se están quitando el tiro” y están condenando al trabajador a una muerte indigna, sin trabajo y en muchos casos sin derecho a pensión.
Si bien la CCSS en algunos casos asume la pensión, el INS no asume ninguna responsabilidad; por eso es importante la lucha para que la ERC sea declarada enfermedad laboral, dijo Felipe Salmerón, asesor del Sindicato.
“Cuando se logre eso, el INS, con tal de no pagar, va a vigilar y a obligar a los patronos a proteger a los trabajadores, que es lo que nos interesa, y mientras eso no se dé, nada va a pasar”, consideró Salmerón, escéptico ante las medidas de prevención de la enfermedad renal que anuncian las autoridades.
Santos Uriarte, de 55 años, y Luis Enrique Quirós, de 39, se cuentan entre los extrabajadores que achacan la incapacidad por insuficiencia renal que padecen a los años que estuvieron laborando en duras condiciones y aplicando yerbicidas tóxicos en los cañales de Taboga en Bebedero.
Ellos están indignados porque el INS no quiere indemnizarlos por riesgo laboral. El primero trata de reunir pruebas para plantear por segunda vez una demanda contra la institución, y el segundo tiene una presentada en los tribunales de Cañas.
Respecto a si la ERC debería ser clasificada como una enfermedad de riesgo laboral o no, Manuel Cerdas, jefe del servicio de nefrología del Hospital México -donde se atiende a los enfermos del riñón más delicados– dijo que esa “esa una controversia que en algún momento tendrá que definirse”, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el INS y el Consejo de Salud Ocupacional.
En opinión del médico, que ha hecho estudios sobre la incidencia del mal en el país, tiene que haber una política gubernamental muy bien definida para que unifique las acciones y ponga las normas de todo lo que está implicado en este problema, que va más allá del ámbito médico e involucra aspectos laborales, entre otros.
ESTUDIOS
Los estudios revelan una mayor prevalencia de la ERC entre trabajadores agrícolas de cantones guanacastecos, como ocurre en Bebedero de Cañas, donde los cañales del Ingenio Taboga son la única fuente de empleo y gran número de extrabajadores están enfermos, sin trabajo y algunos con una raquítica pensión para mantenerse ellos y sus familias (ver UNIVERSIDAD del pasado 8 de junio, N°2.136).
Según estudios de la CCSS, el riesgo de contraer la enfermedad del riñón es entre 3,5 y 5,5 mayor en Guanacaste que en el resto de las provincias.
El índice de hospitalización por ERC es de 112,9 por cada 100.000 habitantes en Guanacaste, mientras que en Cartago, la provincia que le sigue, es de 43.8 por cada 100.000 habitantes.
Una investigación epidemiológica de la CCSS publicada en el 2013 asocia como principales causas de la enfermedad, el excesivo calor, mala hidratación, extenuante esfuerzo físico y consumo continuado de analgésicos.
“Esas conclusiones están muy de acuerdo con los patrones que hemos estado viendo en toda América Central”, dijo por su parte Jennifer Crowe, investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional (UNA).
Crowe citó un estudio realizado por investigadores suecos y del IRET, coordinados por Catalina Wesseling, sobre tendencias de mortalidad de la enfermedad crónica del riñón en Costa Rica, donde se observa un patrón muy parecido a lo que la Caja halló viendo egresos hospitalarios, y donde se ve tasas de mortalidad muchísimo más altas en Guanacaste que en el resto de Costa Rica.
La investigación muestra un incremento de la ERC en hombres desde los años 70 y que también hubo un incremento en mujeres, aunque menor, desde los 80.
A su vez, una investigación del IRET, sobre el tema del calor en relación con la ERC, comprobó que los cortadores de caña estaban en condiciones de estrés térmico (calor en exceso) durante la mayor parte de su jornada, en condiciones en que es difícil que el cuerpo mantenga su temperatura basal.
“Esto es importante, porque creemos que está relacionado con la enfermedad renal”, apuntó Crowe.
Se observó que tanto los cortadores de caña como otro grupo de trabajadores que tenían un grado de exposición al calor presentaban más síntomas relacionados con el calor que otros trabajadores. También se vieron alteraciones en muestras de orina en cortadores de caña que indicaban deshidratación a lo largo de la zafra.
¿Hay base científica para concluir que la ERC es una enfermedad laboral?
La respuesta de la investigadora es que existe consenso científico en que hay un componente predominantemente laboral.
Al menos esa fue la conclusión de un taller realizado en noviembre pasado en Costa Rica sobre la Nefropatía Mesoamericana (como se conoce en la comunidad científica la epidemia de ERC que azota zonas de la región) en el que participaron 75 investigadores de 18 países.
“Hubo consenso en que la Nefropatía Mesoamericana tiene un componente predominantemente ocupacional. Dicha conclusión se basa en los múltiples estudios con variedad de diseños realizados por múltiples grupos de investigación y en diferentes países”, indica la declaración emitida al final del encuentro.
“Hay evidencia creciente sobre el papel causal del trabajo extenuante, el calor y la rehidratación insuficiente como factores de riesgo en la Nefropatía Mesoamericana, y se ha progresado en la clarificación de las vías fisiopatológicas del estrés por calor que conduce a la enfermedad renal crónica.
Por ende, se justifica realizar estudios de intervención para reducir el estrés por calor y la deshidratación en trabajadores de alto riesgo y, de hecho, ya se inició un importante estudio al respecto”, añade.
Hay otros factores de riesgo desconocidos que deben ser evaluados, así como factores sociales y económicos, incluyendo las condiciones de trabajo, el desempleo, el empleo precario y la pobreza en general, señala entre otros puntos la declaración.
Con los datos logrados hay un consenso de que ya hay que comenzar estudios de intervención, y en eso están enfocados los esfuerzos actualmente, comentó Crowe, quien coordinará un estudio que realizará el programa Salud, Trabajo y Ambiente (Saltra) de la UNA durante la próxima zafra en Cañas, con un grupo de trabajadores.
El objetivo es medir la eficacia de las medidas previstas en el reglamento de estrés térmico para prevenir efectos negativos de la exposición al calor y el daño renal durante la zafra que empieza en noviembre.
LUCHA
Saray López, secretaria general adjunta del Sindicato de Taboga, hizo ver junto a otros directivos que para el trabajador es importante la denuncia de lo que está pasando con la ERC no solo en Cañas, sino en otras partes de Guanacaste, sin que las instituciones responsables hayan dado la respuesta que se necesita.
Dijo que solo en el ingenio Taboga en un momento llegaron a tener 75 trabajadores afectados por el mal del riñón, y actualmente no saben cuántos son, porque ya no tienen acceso a la información, “pero uno sabe que el número crece”, aunque la empresa afirma que son unos siete.
La solución más viable que ha encontrado la empresa es ver cómo se le busca una pensión al trabajador, en el mejor de los casos, y hay otros casos a los que no les dio tiempo y murieron, afirmó López, según la cual el sindicato tiene una lista de 43 trabajadores con ERC que han muerto.
Según el asesor sindical Felipe Salmerón, la lucha que tienen es lograr que la ERC sea declarada enfermedad laboral, como se hizo en Nicaragua, para que las víctimas sean cubiertas por la póliza de riesgo laboral que las empresas pagan al INS.
A la vez denunció que la mayoría de los cañeros están indefensos, sin protección y librados a su suerte, pues en los ingenios de la zona hay dos categorías de trabajadores. Están los trabajadores fijos, con derechos protegidos y si se trata de labores de fumigación cuentan con los equipos de protección recomendados.
Por otro lado están los trabajadores temporales, la mayoría, que son contratados por intermediarios, sin derechos de ley y sin ninguna protección. Como prueba, los dirigentes muestran fotos de estos trabajadores tomadas mientras aplicaban agroquímicos sin medidas de protección.
A estos trabajadores, muy jóvenes muchos de ellos, los contratan por unos días, les pagan y se van, y el contratista lo que busca es bajar costos para ganar más con esta mano de obra temporal. A esos trabajadores ni la empresa, ni el sindicato los tienen inventariados en temas de salud, dice Salmerón.
“Eso no es así”, dijo Carlos Barboza, jefe de recursos humanos del Ingenio Taboga, cuando se le preguntó si es verdad que los trabajadores por contrato trabajan en la empresa sin usar equipo protector para fumigaciones.
En cuanto a la prueba sobre enfermedad renal que debe pasar todo trabajador para poder ser contratado, recordó que partir del año pasado existe un decreto sobre estrés térmico, donde está la realización de los exámenes, “entonces en cumplimiento del decreto es que realizamos los exámenes”.
Comentó que hoy existen muchos estudios de la Caja y de organizaciones no gubernamentales donde claramente se indica que hay muchos factores y no es la industria de la caña la culpable de la enfermedad del riñón.
“Más bien nosotros hemos sido casi que la empresa pionera en el país en términos de prevención de insuficiencia renal”, dijo Barboza, tras indicar que en Youtube hay videos donde se muestra lo que hace Taboga para informarle a toda la población de Cañas y del país sobre algunas de las cosas que hace para tratar de que la gente que trabaja en la empresa no se enferme.
Además al Ingenio ha llegado el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo a hacer auditorías del cumplimiento de las normas” y sí cumplimos”.
¿Es política de la empresa despedir al trabajador cuando aparece con enfermedad renal?
-“No es cierto. Usted puede llamar al Consejo de Salud Ocupacional que han venido aquí y conocen las prácticas, puede llamar la gente de Saltra, que son las personas tal vez más preparadas en el tema renal, y preguntarle de los esfuerzos que hemos hecho en esos temas. No puedo decir si en el pasado ocurrió, puedo decirle cómo trabajamos hoy en día”.
Múltiples causas
Sandra Meléndez, jefa del Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional del INS, explicó por qué la entidad no cubre la ERC como enfermedad laboral.
Señaló que dicha enfermedad es multicausal, sin que se haya confirmado una etiología (origen) en múltiples estudios científicos realizados en diferentes países.
Al respecto citó el Reglamento para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico, emitido por el Gobierno el año anterior, el cual dice en uno de sus puntos que la literatura ha citado como factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica: ser persona joven de sexo masculino, trabajador agrícola, el estrés térmico por calor y la deshidratación, el agua para consumo humano no disponible en calidad y cantidad suficiente, consumo sin indicación médica de antiinflamatorios no esteroideos y el abuso en el consumo de alcohol.
Además citó los artículos 195 y 197 del Código de Trabajo que dicen respectivamente:
“Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades”.
“Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad”.
Es por esto, indicó Meléndez, que no se cubren con la póliza de riesgos del trabajo los casos de ERC, “ya que como INS no podemos cumplir con el enunciado de los dos artículos que regulan si una enfermedad es laboral, ya que no se puede establecer una relación de causalidad cierta, directa, inmediata e indudable”.
Desechados
- Luis Enrique Quirós
Está pensionado por la Caja por padecer enfermedad renal.
En el 2006 le diagnosticaron enfermedad de los riñones, luego de experimentar intoxicaciones mientras aplicaba agroquímicos en los cañales del Ingenio Taboga, por lo que intermitentemente era incapacitado y volvía al trabajo, hasta que en el 2012 lo despidieron y hace dos años le aprobaron la pensión.
Está convencido de que “lo que me jodió fue el químico”, por lo que tiene una demanda en el juzgado de trabajo exigiendo una indemnización, ya que para eso, dice, la empresa paga una póliza de riesgos del trabajo.
Los ₡147.000 de la pensión no le alcanzan para vivir con su compañera y tres hijos que tiene, por lo que “tengo que salir a pulsearla y hay momentos que tengo que ir donde mi papá a pedirle plata prestada. ¿Qué voy a hacer?, señala.
- Santos Uriarte
Trabajó durante 24 años en cañales de Taboga, principalmente aplicando yerbicidas.
“En este momento estoy descartado, con solo la pensión (de ₡179.000 que le dio la Caja) y no puedo trabajar. Hay momentos que me da un gran dolor, siento que me va a estallar la cabeza, me agarra por vomitar y tantas cosas”, dice Uriarte, enfermo renal, a quien ya le rechazaron una demanda que presentó contra el INS, pero dice que busca documentos para replantearla por medio de un abogado, porque es de justicia que se le indemnice.
- Pedro Jiménez
Relata que trabajó 24 años en Taboga. A los diez años de estar ahí los médicos le dijeron que tenía insuficiencia renal. Después de eso trabajo 12 años más hasta que lo despidieron.
Laboraba en el riego de cañales y fumigación y recuerda que a los trabajadores los hacían firmar un papel donde se comprometían a trabajar tiempo extra, a veces se lo pagaban, a veces no.
Cuando lo echaron lo que le dieron fueron ₡800.000 por todo ese tiempo trabajado y desde entonces no ha podido trabajar, lamenta su madre, Lidia Collado, quien se dedica a atender a su hijo postrado en la cama, ayudándole con la terapia que diálisis que se tiene que estar haciendo.
