El arbitraje internacional interpuesto por la empresa Infinito Gold contra la República de Costa Rica por la cancelación de la concesión que le había sido otorgada para instalar un proyecto minero en Curtis de San Carlos deberá esperar, tras la notificación del laudo de jurisdicción resuelto por el Tribunal Arbitral correspondiente.
El caso se desarrolla en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desde febrero de 2014, y fue planteado por la compañía canadiense bajo el amparo del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
En este proceso, la empresa canadiense alega que se vio perjudicada por las inversiones desperdiciadas y las ganancias dejadas de percibir, tras recibir un primer aval por parte del Estado, pero luego ver frenadas sus intenciones ante los procesos legales que finalmente ratificaron la prohibición de la minería a cielo abierto en suelo costarricense.
Según informó el Ministerio de Comercio Exterior, el tribunal decidió postergar su decisión “hasta analizar los argumentos de fondo”, tras señalar que “la complejidad que reviste el caso” hace necesario realizar nuevos trámites hasta sustentar la decisión en alegatos de fondo.
“La decisión implica que el Tribunal establecerá un nuevo calendario procesal, en el cual se definirán las fechas para presentar escritos y una audiencia oral que se concedería a las partes”, explicó el ministerio.
Sobre esta decisión, el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, además añadió que “es un caso de alto interés nacional”, por lo que aseguró que el Estado buscará una defensa apropiada para su beneficio.
“El Gobierno de Costa Rica continuará, tal y como lo ha hecho hasta ahora, dedicando todos aquellos esfuerzos que se requieran, para ejercer la adecuada defensa del país en lo que resta del proceso”, puntualizó.
La defensa costarricense en esta caso es representada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Además, coordina la estrategia de defensa la firma internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, misma que proseguirá en la siguiente etapa del proceso.
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Caso polémico
El caso -conocido como ‘Crucitas’ por intentar desarrollar el proyecto minero en esa zona de San Carlos- cobró especial atención desde 2008, cuando el entonces presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron un decreto que declaró de interés y conveniencia nacional el cuestionado proyecto minero a cielo abierto.
El proyecto fue concesionado a la corporación Industrias Infinito, una subsidiaria de la canadiense Infinito Gold que inició operaciones de la zona, donde provocó una importante deforestación, pero luego tuvo que detener sus trabajos por sentencias judiciales en 2010.
En la actualidad en esa localidad de la zona Norte ha proliferado la explotación artesanal de oro, mientras que el ministro Dobles fue condenado a tres años de prisión en 2015 por prevaricato al emitir un decreto “ilegal”.
No obstante, Dobles apeló la sentencia ante el tribunal correspondiente y provocó el inicio de un nuevo juicio desde septiembre pasado, mismo que sigue en proceso y que -entre otros efectos- reabrió la causa contra el expresidente Arias como “posible autor -en conjunto con el encartado Roberto Dobles Mora- de dos delitos de prevaricato”. El caso sigue en estudio.
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