Este jueves, los diputados aprobaron una ley de política económica (la ley de datáfonos, 21.177) y otra de política laboral (la de flexibilización de las jornadas de trabajo, 21.854).
Ambos proyectos son parte de la agenda económica para contrarrestar la emergencia nacional del coronavirus (COVID-19).
Las leyes entrarán en vigencia una vez que sean firmadas por el Ejecutivo y publicadas en La Gaceta.
El viernes, el diario oficial publicó la Ley de alivio fiscal (21.854) con moratorias y exenciones para cuatro impuestos diferentes. Este artículo explica los alcances y limitaciones de esa ley.
Durante los segundos debates de datáfonos y flexibilización laboral, los diputados planearon un trámite expedito. No obstante, para cada proyecto, existió un tiempo considerable de control político.
En el caso de datáfonos, el uso lo hizo el socialcristiano Pedro Muñoz quien dijo que tiene “dudas” sobre si “esta ley va a tener efectos positivos o no”. Muñoz no está de acuerdo que sea el Banco Central (BCCR) quien establezca las comisiones que pagan los comercios por usar datáfonos para compras de bienes y servicios —considera que le toca al Ministerio de Economía—.
Para el proyecto de flexibilización laboral, el tiempo lo usó el frenteamplista José María Villalta con especificaciones sobre cómo la ley quiere “resguardar el empleo” de forma que los empresarios no tengan que despedir trabajadores ni, por otro lado, suspender los contratos y su seguridad social.
Los diputados decidieron continuar sesionando extraordinariamente hasta finales de marzo, con horario diario de 10 a. m. a 1 p. m. Las sesiones serán en el Auditorio Nacional para cumplir con medidas de distanciamiento. Este domingo no habrá sesión.
“Datáfonos” reducirá costos para empresas
La Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas (21.177) establece que el Banco Central pondrá una tasa política para las marcas y bancos que ofrecen el servicio de datáfonos (que usan para las tarjetas de crédito y débito).
Hasta ahora, los emisores y bancos cobran estas comisiones por su cuenta. Un documento de 1992 es casi una leyenda porque los bancos acordaron precios mínimos para comercios según categoría, sin criterio técnica alguno.
Los costos que deben saldar los comercios se reflejan en los precios que pagan consumidores por sus bienes y servicios.
Hay dos tipos de comisiones vigentes: de intercambio (por la transacción efectuada) y de adquirencia (por el uso del aparato de datáfono). La ley propone que ambas comisiones se unan en una comisión única (es decir, marcas y bancos no podrán cobrar por aparte el papel, conexión, aparato y otros rubros).
“El costo de transar en Costa Rica es muy alto. En el caso más alto llega hasta 7% y Europa tiene una tarifa máxima del 0,3%”, afirmó el diputado y economista Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana), promotor del proyecto.
Por competencia de mercado, Ramos espera que bienes y servicios bajen sus precios. En otro escenario: las empresas tendrán dinero libre para colaborar con el empleo necesario durante la emergencia.
“Cuando ocurre que los costos de un negocio disminuyen, el negocio puede tener la fuerza necesaria para crecer y eso sí genera empleo”, afirmó Ramos.
“Un negocio que vende ¢10 millones y que está pagando el 4,5% (por comisiones), estaría pagando ¢450.000 al mes por el uso de datáfonos. En realidad, deberían estar pagando como 50.000, a lo sumo”, dijo el diputado sobre cómo impactaría en las ganancias.
Las proporciones de las ganancias se ven afectadas por el tamaño de las empresas. En una empresa con más ventas, la proporción de las comisiones tiene una afectación menor a su flujo de caja.
El Banco Central tiene un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley y, también, proponer la primera tasa política para los datáfonos.
Antes del reglamento, la autoridad monetaria deberá tener un estudio con referencias internacionales (Ramos asegura que es un trámite expedito, el BCCR deberá solicitar información a otros bancos centrales del mundo).
“Esta ley tiene que ser implementada en un tiempo récord”, afirmó el diputado.
Por otro lado, la ley también plantea regulación a medios de pago del futuro (pagos por medio de celular, códigos electrónicos, inclusive “biochips” que estén integrados al cuerpo de la persona).
“La ley abarca toda la gama de posibilidades de medios de pago, los existentes y los que se pudieran innovarse, nuevos”, afirmó Ramos.
Flexibilidad protege relación entre patronos y empleadores
La Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional (21.854) permitirá que los patronos, unilateralmente, reduzcan las jornadas de sus empleados y empleadas.
La medida “evitará los despidos”, según dijo la diputada y administradora de empresas, Yorleni León del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Como no me están despidiendo, la relación laboral sigue vigente. Sigo guardando mis periodos de cesantía, acumulando vacaciones. Sigo guardando una serie de beneficios que el trabajador tiene a su favor”, explicó León.
Para la legisladora, “las dos partes ganan” porque, tras la emergencia, el patrono podrá integrar sus empleados a trabajar tiempo completo, otra vez.
“El patrono también se da la posibilidad de seguir resguardando al personal que ya tiene capacitado, que conoce sus sistemas de producción. El patrono ha invertido en él para convertirlo en el recurso humano que la empresa necesita”, detalló León.
La ley establece que el patrono puede reducir la jornada de un empleado a un medio tiempo o un cuarto de tiempo. Esta posibilidad rige durante marzo, abril y mayo (durante el decreto de emergencia nacional).
“No nos separamos los legisladores de hacer un periodo más largo si así el Ministerio de Trabajo lo solicita y considera necesario”, explicó la diputada liberacionista.
En el caso de aplicar un medio tiempo, el patrono tiene que demostrar a la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo que hay una disminución de los ingresos superior al 20% comparando el mes vigente con el mismo mes del año 2019.
Para aplicar los cuartos de tiempo a sus empleados, los patronos deben demostrar una disminución de ingresos superior al 60%.
Los diputados añadieron un párrafo a la ley para que quienes no cumplan con esas disminuciones pero “sufra una afectación real a razón del suceso” también presente prueba a Inspección de Trabajo y sea autorizado.
La ley tiene una excepción para mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia.
“Para no que haya un despido masivo de mujeres embarazadas en las empresas, ellas pueden decidir si acogerse o no al fuero”, dijo la diputada León.
Los patronos pueden aplicar la legislación desde ya. Sin embargo, también deben solicitar un estudio, con pruebas pertinentes, a Inspección Laboral. De ser rechazada la petición, los patronos tienen posibilidad de apelar.
“Si hay un tercer rechazo, no procedería. El patrono debe tomar la decisión si continúa con su personal o si lo despide”, afirma León.
Pero, los patronos que apliquen la ley y no reciban autorización de Trabajo, deberán compensar por los días que no pagaron salario completo.
“Tienen que devolverles la diferencia del salario. Si los mandé con un 50% de flexibilidad, solo los tengo medio tiempo y no pago el otro medio tiempo, yo tengo que pagarles ese 50% y reportarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social”, explicó la diputada del PLN.
“Tengo que hacerle retroactivo esa diferencia salarial que el personal dejó de recibir durante los días que estuvieron en la modalidad”, afirmó.
La agenda económica del Covid-19
Estos son los proyectos que ha convocado el Gobierno.
Impuesto a utilidades del INS (21.860)
El gobierno convocó el jueves un proyecto que crea un impuesto a las utilidades netas del Instituto Nacional de Seguros (62% por este año y el 2021). El dinero irá a un fideicomiso con alguno de los bancos del Estado (BCR o BN).
Moratoria de impuestos (21.854)
Moratorias y exenciones para distintos tributos de Hacienda (IVA, renta, aduanas e impuesto selectivo de consumo). Este proyecto. Ya es ley.
Proyecto de datáfonos (21.177)
Propone que Banco Central ponga tope a las comisiones que cobran bancos y comercios por las transacciones con tarjetas y datáfonos para bajar costos en negocios. Ya es ley.
Flexibilización laboral en emergencias (21.854)
Los patronos pueden negociar reducción de hasta 50% de las horas laborales de una persona empleada si comprueban afectación por emergencia decretada. Ya es ley.
Préstamo de $500 millones (21.449)
El Gobierno firmó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que debe aprobarse por diputados. Espera su segundo debate.
Superávits hacia Estado (21.794)
Ley toma ¢226.145 millones de los superávits de 13 instituciones públicas y migra ese dinero hacia la caja única del Estado. Se le conoce como PAGAR. Espera su segundo debate.
Recursos para FODESAF (21.759)
A partir de los recortes a pensiones de lujo se girarán a programas de beneficio social en poblaciones de mujeres, niños, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad.
Perdón para deudores de CCSS (21.522)
Los patronos, trabajadores y asegurados podrán ponerse al día sin pagar multas o intereses acumulados.
