Este lunes, el Gobierno perdió a su segunda Comisionada LGBTIQ, después de que saliera a la luz pública que fue el Poder Ejecutivo quien negoció votos de las diputaciones cristianas para el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) en canje por introducir una cláusula de objeción de conciencia.
La activista y política Margarita Salas firmó una carta en la que increpa al presidente Carlos Alvarado porque “la administración que usted encabeza ha liderado un proceso en el cual se negoció la introducción de una peligrosa cláusula de objeción de conciencia a cambio de los votos de algunas diputaciones”.
“Esto abre una puerta no solo para vulnerar derechos, no solo de la población LGBTIQ+, sino también de las mujeres, personas con discapacidad, personas afro, de cualquier población en condiciones de exclusión. Como activista feminista y LGBTIQ, no puedo continuar trabajando de la mano de una Administración que, en lugar de estar protegiendo los derechos humanos, los está vulnerando. Continuaré mi lucha por los derechos humanos desde otras trincheras, como lo he venido haciendo por los últimos 20 años”, afirma Salas en un video que colgó en sus cuentas de redes sociales.
Hoy presenté mi renuncia al puesto de Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ. Como activista feminista y LGBTIQ, no puedo continuar trabajando de la mano con una administración que en lugar de proteger los derechos humanos los está vulnerando. pic.twitter.com/1NUX2FUOMf
— Maggie (@maggiewill) April 12, 2021
La funcionaria dice en su carta de renuncia que “esa cláusula en la legislación descabeza la única protección con la que contamos para que la capacitación en el sector público sea tanto un derecho como un deber. Como usted sabe, esta no es una amenaza potencial, es una realidad que ya está ocurriendo, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los actuales procesos de capacitación”.
“Dicha cláusula permite que el funcionariado público rechace cualquier capacitación que considere choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas. Señor presidente, esto es borrar con el codo todo el trabajo que hemos venido realizando desde hace años con el sector público, y también es socavar el necesario trabajo futuro en materia de cambio cultural institucional. ¿Qué impacto puede tener la aprobación de nuevas reglamentaciones y protocolos, si esta cláusula permite que quienes deben aplicarlos se nieguen a capacitarse en los mismos?”, advierte Salas en su carta al presidente Alvarado.
La semana pasada, UNIVERSIDAD publicó información de un informe de Servicios Técnicos en el que se afirma que existe una eventual inconstitucionalidad porque “podría violentar los principios de igualdad y no discriminación, así como el principio de legalidad” que están garantizados en la Carta Magna. También trascendió que la encargada de negociar la cláusula fue la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Diputada Vega: La ministra Pilar Garrido negoció objeción de conciencia con Nueva República
Oficialista dice que votará en contra del proyecto de Empleo Público porque tiene una “discrepancia ideológica muy alta” con Presidente y el Ejecutivo
Salas es conocida como la fundadora del partido Vamos, desde donde fue candidata a diputada durante las elecciones políticas del 2018. Asumió el cargo de Comisionada LGBTIQ en junio del 2020; después de que el primer comisionado, Luis Eduardo Salazar Muñoz, renunció al Gobierno de Alvarado en medio de la controversia política de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La persona en el cargo de Comisionada LGBTIQ+, según dice Casa Presidencial en su sitio web, se encarga de “dar seguimiento a planes contra todo tipo discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género en las instituciones públicas”. Es un cargo ad honorem.
La carta de renuncia de Margarita Salas se puede leer completa aquí:
Cargando...
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 