La comisión especial de Educación de la Asamblea Legislativa decidió este martes archivar el proyecto de ley 24.501, que pretendía, entre otras cosas, tercerizar los servicios que brinda al Instituto Nacional de Aprendizaje.
En un inesperado giro, el legislador liberacionista Óscar Izquierdo, proponente del texto, se presentó a la comisión – que no integra- y explicó que aunque el proyecto llevaba “una sana intención”, se habían recibido criterios en audiencias y de forma personal sobre el expediente que lo llevaban a pensar que “no hemos logrado explicar de manera adecuada el propósito de este expediente”.
Además, con el fin de “acatar las solicitudes de algunos funcionarios del mismo INA”, el verdiblanco pidió “respetuosamente” archivar el expediente “con el propósito de construir una nueva propuesta y poder sacarlo adelante de mejor manera”.
“La intención jamás es traerle consecuencias negativas al INA, es todo lo contrario y me parece que no ha sido no hemos logrado pues socializarlo de la mejor manera para poder sacar adelante el proyecto con la intención que se tiene que es el fortalecimiento del INA como tal”.
La liberal Cynthia Córdoba sostuvo su apoyo al proyecto y dijo que lo encontraba “perfecto” pero afirmó que de no quedar aprobado apoyaría desde su despacho para realizar las mejoras que se consideraran necesarias para que el proyecto finalmente fuera exitoso.
Rocío Alfaro del Frente Amplio, dijo que ella estaba preocupada por el texto pues consideraba que a pesar de las buenas voluntades sobre el fortalecimiento del INA reproducían vicios de inconstitucionalidad que ya habían sido señalados sobre acciones de la junta directiva de la institución.
“Los elementos han sido advertidos tanto por el informe de servicios técnicos, también entre las audiencias que tuvimos, tuvimos a la Dirección General de Servicio Civil que nos dio suficientes insumos para indicar lo inadecuado, la incertidumbre jurídica en la que quedarían las y los trabajadores del INA, pero más allá de eso, del problema de generar un una lógica, unos mecanismos de derecho privado para administrar fondos y programas públicos en una institución autónoma para la institución, en cómo ha socavado el presupuesto que se tiene, en cómo ha impedido que se pueda invertir en nuevos programas o en los recursos necesarios para los programas existentes y en ese sentido me parece que efectivamente en este momento el texto no ha sido mejorado, modificado de forma adecuada. Creo que además tuvimos pues no tuvimos ocasión en la comisión de recibir más insumos».
Con cuatro votos a favor y cinco en contra, el expediente se archivó.
