El Caso Diamante volvió a sacudir la Asamblea Legislativa, luego de la Comisión de Ingreso y Gasto rechazara el informe propuesto por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA) sobre este escándalo de corrupción, y la legisladora denunciara que las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) buscarán aprobar versiones similares a la suya que rechazaron, pero «suavizando» contenidos y excluyendo audiencias.
«Redactamos un informe drástico, transcribiendo todas las audiencias para llegar a conclusiones severas, porque la corrupción exige respuestas contundentes, pero solo los compañeros Paola Nájera y Manuel Morales del oficialismo votaron por esa propuesta», reclamó Guillén ante el Plenario.
Minutos antes, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el informe de Guillén fue rechazado con los votos del Dinorah Barquero, Katherine Moreira y Francisco Nicolás del PLN, Vanessa Castro del PUSC, y Yonder Salas, de Nueva República (NR). Esto implicará que en siguientes sesiones deberán discutir el informe presentado por Castro y firmado por el PLN (cuatro firmas), el informe que presentará el PLN (tres firmas) y el que anunció Salas al justificar su voto. El que obtenga mayoría pasará al Plenario, y solo en caso de que no obtenga aprobación, dará paso a que se conozcan las otras versiones.
El Caso Diamante estalló en el 2021, cuando las autoridades realizaron allanamientos en las municipalidades de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa, Golfito y Siquirres, en los que resultaron detenidos los alcaldes Johnny Araya (San José, PLN), Humberto Soto (Alajuela, PLN), Mario Redondo (Cartago, Alianza Demócrata Cristiana), Alfredo Córdoba (San Carlos, PLN), Alberto Cole (Osa, PLN), y Arnoldo Barahona (Escazú, Nueva Generación), en una investigación por pago de sobornos de las empresas Meco y Explotec, a cambio de favores para adjudicarse contratos de obras públicas.
Guillén reclamó que su informe contenía conclusiones severas, entre ellas, señalar al exalcalde del PLN, Araya, como «responsables de múltiples actos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, fraude de ley, obstaculización de la justicia y corrupción agravada», entre otras, y que solicitó a la Contraloría aplicar sanciones de destitución o inhabilitación de cargos públicos, así como la aprobación de reformas legales en temas como la prohibición de las llamadas «puertas giratorias», cuando una persona pasa de puestos públicos a privados, en un proceso en el que pierde la imparcialidad necesaria para vigilar fondos públicos.
La diputada aseguró que los otros informes incluían muchos de los elementos de su reporte, que inicialmente contaba con las firmas para ser de mayoría, pero que otros fueron suavizados o excluidos. En el caso del informe del PUSC, mencionó que se omitieron audiencias de las municipalidades de Golfito y Osa, y la recomendación de legislar contra puertas giratorias, mientras que en el del PLN indicó que se eliminaron transcripciones de audiencias que son la base para recomendar las sanciones más fuertes. «No me molesta que se hayan basado en secciones de mi informe, mucho menos decir que hay plagio; lo que me molesta es que se suavizaron partes importantes», dijo.
Esta mención del plagio la hizo luego de que los legisladores Castro y Nicolás indicaron que habían adoptado elementos del reporte de Guillén, pero que les habían dado una redacción diferente en otras partes.
«No me doy por aludida (con las denuncias de Guillen), porque el informe es mío, ni siquiera lo hicieron mis asesores, yo lo hice. Sin embargo, incluí elementos del suyo que me parecieron importantes», dijo Castro, quien aseguró que sus principales diferencias con el reporte de Guillén fue tratar de incluir elementos constructivos. «Una crítica constante a las comisiones es que no aportan nada, eso lo quise corregir con mi informe», dijo Castro.
Por su parte, Nicolás afirmó que en el PLN mantuvieron el «mismo enfoque de inicio» que Guillén, pero que hubo partes en las que tomaron la decisión de «una redacción diferenciada», aunque para señalar lo mismo. «Su trabajo inicial sirvió de base. No significa que no estemos de acuerdo en cuanto al fondo, sino en cuanto al proceso que se cita en cada uno de los informes», dijo el diputado del PLN.
A pesar de eso, Guillén insistió en que las cambios implicarán «suavizar» las conclusiones, y reclamó a sus compañeros por no mantener el apoyo a su informe, y lo reiteró en el Plenario. «Liberación y la Unidad han firmado un mismo informe (el PLN firmó el de Castro, y presentó una versión propia), y enterraron mi informe severo», dijo.
En el debate, los diputados Paola Nájera y Manuel Morales, del oficialismo, apoyaron la versión de Guillén. Nájera destacó que «al fin» se lograba llegar a la fase final de este expediente 23.206, que a su vez tuvo como antecedente el 22.546, en relación con el caso Cochinilla, y se preguntó si los costarricenses estarían dispuestos a mantener en el poder a los partidos que toleraban estos actos de corrupción y los encubrían.
Esto originó otra secuela, cuando los diputados Nicolás y Barquero reclamaron a Nájera por casos de corrupción en el actual Gobierno, y aseguraron que el PLN «no iba a tapar a ningún corrupto».
La comisión deberá retomar el debate a partir del informe de Castro en su próxima sesión. De entrada, la diputada insistió en que no estaba suavizando contenidos, por lo que aseguró que consultaría con Servicios Técnicos la posibilidad de incluir audiencias o recomendación de aprobar legislación, si fuera necesario.
