La Comisión Especial Investigadora del caso Barrenador que involucra a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha convocado a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, al fiscal general, Carlo Díaz y a la contralora, Marta Acosta, dentro de la lista de personas llamadas a comparecer que involucrará a diversas figuras, incluidas los imputados por el caso Barrenador.
La mañana de este martes se dio la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades que están siendo investigadas y que han sido denunciadas en torno a la CCSS. En ella se aprobó la moción de audiencias iniciales.
La presidenta de dicha Comisión, Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional mencionó que la lista se efectuó en conjunto con las otras diputaciones que forman parte de la comisión: “Sobre la marcha, probablemente, surjan otras personas para llamar y las mociones las podemos poner en cualquier momento, pero yo si quería tener una lista grande para iniciar la calendarización de las distintas audiencias”, manifestó la legisladora.
La lista abarca 70 ciudadanos, incluidos 7 de los imputados por el Caso Barrenador: Marta Acosta, María Isabel Camareno, representante del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, Zeirith Rojas y Johnny Gómez, representantes de los patronos en la Junta Directiva de la CCSS y los exmiembros de la Junta Directiva: Jorge Luis Araya, Roberto Quirós y Jorge Arturo Porras.
También se convocó al fiscal general de la República, Carlo Díaz, miembro del órgano acusador de algunas de las irregularidades denunciadas, y Marta Acosta, contralora general, que forma parte del órgano del control del gasto de las entidades públicas.
Aunado a ello, Freddy González, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), fue llamado a comparecer.
UNIVERSIDAD informó que el 7 de octubre se aprobó la creación de esta comisión especial en la Asamblea Legislativa. La propuesta fue avalada por prácticamente todas las bancadas de oposición que le dieron 34 votos. En contra, votaron únicamente siete diputados del oficialista Progreso Social Democrático (PSD).
El objetivo principal de la comisión es indagar desde problemas administrativos como atrasos en listas de espera hasta denuncias legales como el caso Barrenador.
Este caso salió a la luz el pasado 23 de septiembre, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público dirigieron 28 allanamientos para indagar sobre las supuestas adjudicaciones con sobreprecio de 138 Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) a diferentes cooperativas.
