Las dos principales solicitudes que realizó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a los diputados de cara a la elaboración final del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) tendrán un camino llano —o al menos eso dicen los diputados— en la nueva comisión especial que tramita la iniciativa.
Específicamente, las peticiones fueron añadir medidas para flexibilizar el cumplimiento de los destinos específicos de inversión (previstos por ley); así como el establecimiento de los incentivos públicos en cifras nominales y no porcentuales, como hasta ahora se hace por ejemplo con las anualidades.
Por un parte, para lograr la primera de las solicitudes, Aguilar sugirió recuperar un artículo que se encontraba en el proyecto original pero fue excluido por los antiguos legisladores del texto, con el cual quedaba abierta la puerta para que el Gobierno pudiera “presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos sanos y suficientes”.
Esta solicitud ya fue respaldada en la comisión y celebrada por el Ministerio de Hacienda; sin embargo, queda mucho camino por delante para la iniciativa, e incluso los diputados que reactivaron el artículo se comprometieron a realizarle mejoras para no descobijar programas sociales, según adelantó el frenteamplista José María Villalta.
En el caso de los incentivos públicos, el deseo de la ministra es que quede plasmada la posibilidad de pagar rubros como las anualidades a través de montos fijos (nominales) y no de porcentaje del salario base, algo que aliviaría la curva de crecimiento del gasto por remuneraciones.
Ambas medidas cuentan con el respaldo de la mayoría de miembros de la comitiva, un grupo que preside Welmer Ramos como único diputado de Gobierno (PAC), pero que dominan Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN), con tres y dos diputados de nueve totales, respectivamente.
De cualquier manera, estas fracciones dicen apoyar las medidas aunque con algunas consideraciones, pues afirmas que se opondrán a recortes abruptos en materia de transferencias si bien saben que debe existir un mayor control del Gobierno.
Al respecto, el liberacionista Gustavo Viales destacó que desde su partido están “dispuestos a darle esa potestad al Gobierno”, siempre y cuando “antes explique qué va a hacer con las transferencias, qué está pensando con el FEES, con el PANI y con otras entidades a las que se transfiere con base en el presupuesto”. “Así analizaremos nuestra posición en destinos específicos”, explicó.
Según el verdiblanco, la idea es proteger los planes institucionales actuales, pues dar flexibilidad daría a la ministra “toda la potestad para presupuestar a su antojo” y no querrían “dificultades” por eso.
Algo similar comentó el jefe de fracción de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, quien —si bien se opone a intenciones del Gobierno de fijar impuestos en alquileres, salud, educación y canasta básica— acepta que tanto los destinos específicos como los incentivos son recursos que “se tienen que regular”. “Yo creo que tiene que haber esa flexibilidad. Me parece que el asunto no tiene que ser tan rígido. Ahora, nosotros queremos que planten las mociones para ver su alcance y tomar una posición más clara”, señaló.
Tanto Liberación Nacional como Restauración Nacional mantienen una posición similar respecto de la posición que entonces deberá tomar el Ejecutivo, un espíritu propositivo fundamental para apoyar o no sus posturas. “Estaríamos totalmente de acuerdo en retomar ese tema, siempre y cuando sean ellos quienes decidan cuáles de esos destinos estarían tocando para, a partir de eso, nosotros poder reaccionar”, detalló la liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios (encargada de la aprobación del presupuesto nacional), Silvia Hernández.
Con estas medidas, el Gobierno buscaría disminuir la solidez de un presupuesto que estima rígido en más de un 90%, con gastos que excedieron los ingresos en un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 y apuntan a un desequilibrio del 7,1% al finalizar este año.
Pocos en contra
Ante las peticiones de la ministra son pocos los diputados que se oponen, al menos por ahora. Por el contrario, otros dos miembros de la comisión de nueve diputados también aseguran que piensan apoyar las iniciativas.
Por un lado, el oficialismo como proponente buscará impulsar la discusión desde la presidencia de la comitiva; mientras que el socialcristiano Pedro Muñoz no sólo aseguró que las intenciones de Aguilar “van en la dirección más adecuada”, sino que además indicó que deben profundizarse.
Según Ramos, esto ocurre en un contexto en el que existen «muchos puntos coincidentes en temas fiscales», algo que continuará potenciando desde su silla en la comitiva.
Por su parte, el rojiazul externó que desde su bancada “están de acuerdo con la dirección planteada por doña Rocío», aunque «tal vez propongan algo un poco más profundo, más intenso, pero siempre en la misma dirección. «Queremos más flexibilidad y que los números de los incentivos sean más pequeños”, apuntó.
Los detractores de las medidas en la comisión, al menos como están hasta ahora planteadas, son José María Villalta del Frente Amplio (FA) y Walter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN), quien fue enfático en que mantendrán una férrea oposición en ambas posturas.
“Hemos sido muy directos en el sentido de que no puede haber flexibilidad en los destinos específicos; por el contrario, nuestra iniciativa es que la gente que paga impuestos sepa para qué lo hace. Además, sobre los incentivos, creemos que lo que debe haber en la función pública es un estímulo y eso quiere decir que los incentivos se hagan de acuerdo a su capacidad de colaborar en una mayor eficiencia”, concluyó.
Diferencias de fondo
Para el frenteamplista, José María Villalta, aunque existen puntos de mejora en ambos rubros solicitados por la ministra Aguilar; son campos en los que deben tomarse decisiones adecuadas para evitar lesiones en programas sociales y en el salario de los trabajadores del sector público, muchos de ellos de funcionarios que inician funciones con remuneraciones bajas.
“Hay más de 160 destinos específicos, lógicamente algunos de esos han perdido actualidad y algunos efectivamente dan mucha rigidez al presupuesto, pero algunos tienen un sustento constitucional muy claro, donde la Sala IV ha dicho que no pueden ser violentados por el Ejecutivo pues van dirigidos a financiar programas sociales que atienden a la población más vulnerable”, apuntó
“Entonces, el problema con lo que quieren hacer en la Asamblea es que están eliminando prácticamente todos los destinos específicos, incluidos los que dan recursos al PANI, a Fodesaf, a las juntas de educación, a los subsidios para la vivienda (…) Nosotros creemos que sí se pueden flexibilizar los destinos específicos, como algunos que remiten a porcentajes de impuestos como la ley del PANI y el 7% del impuesto sobre la renta. Hay margen para discutir una mejor redacción, pero es muy riesgoso e inaceptable eliminarlos por completo porque apoyan a sectores que no pueden defenderse por sí mismos”, agregó.
Sobre estas apreciaciones, el aurinegro comentó que serán puntos que estará defendiendo a lo largo de todo el trámite del proyecto fiscal y que está dispuesto a ponerlas en la mesa de discusión a través de nuevas mociones. Su «preocupación»: «la poca flexibilidad” y «la visión fiscalista” que observa en la representación del Gobierno.
Según Villalta, dejando las propuestas como están —especialmente con la última moción aprobada en el campo de destinos específicos— la función del Estado quedaría sólo “en la buena voluntad” de los ministros de Hacienda, pues “se derogan artículos que dan financiamientos a los programas sociales más importantes del país”.
En el campo de los incentivos laborales, también manifestó su disconformidad con las intenciones actuales del Gobierno y de las otras bancadas, pues “lo primero es que habría que diferenciar entre incentivos y los elementos del salario”, tomando en cuenta que “una cosa es algo adicional y otra cosa son componentes del salario base”.
“En muchos casos son los mal llamados incentivos los que permiten que los trabajadores reciban un salario más decente, muchas veces más bajos que en el sector privado, y habría que diferenciar eso (…) Nosotros tenemos varios asesores trabajando en el tema y esperaríamos que Hacienda esté haciendo lo propio”, concluyó.
