El proyecto de ley 21.424, que proponía la apertura del mercado institucional de alimentos en el Ministerio de Educación Pública, fue rechazado hoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación con cinco votos en contra y dos a favor.
Los dos votos a favor fueron del diputado Wagner Jiménez, quien propuso el proyecto, y la diputada Silvia Hernández. Ambos del Partido Liberación Nacional. En contra votaron: Mario Castillo (PAC), Mileidy Alvarado (RN), Ignacio Alpizar (Nueva República), Oscar Cascante (PUSC) y Enrique Sánchez (PAC).
El proyecto proponía la modificación del artículo 9 de la Ley 2035 establece que las instituciones del Estado deben comprar exclusivamente al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) por medio del CNP.
El diputado oficialista Mario Castillo justificó su voto en contra del proyecto alegando que representaría una afectación gravísima sobre más de 30.000 personas y familias productoras que en la actualidad le venden sus productos al PAI.
Según recordó Castillo, en el 2007 cuando se discutía el TLC con Estados Unidos, todas las fracciones menos el Movimiento Libertario acordaron proteger el mercado para los agricultores nacionales de cara a la apertura comercial, para garantizar su permanencia en esa actividad.
Además, indicó, el PAI y las ferias del agricultor son los únicos mercados exclusivos para los productores locales, y si se abre la posibilidad de que el programa le compre a cualquier proveedor, es imposible que los pequeños y medianos productores compitan con las grandes empresas transnacionales. Así, el legislador invitó a los otros integrantes de la comisión a votar en contra de la iniciativa, “nuestros agricultores y nuestras agricultoras nos lo van a agradecer”.
Por su parte, el socialcristiano Oscar Cascante indicó que el proyecto tenía factores a favor y en contra, “yo puedo dar fe de las múltiples razones que hay para votar en contra o a favor del proyecto, pero a mí, hoy, me mueven las familias de Arancibia de Puntarenas”.
El legislador indicó que familias productoras de esa y otra zonas rurales del país dependen de venderle sus productos al CNP y que por los altos costos de traslado, no sólo de insumos, si no del producto mismo, no pueden competir con los precios de una transnacional. “Es eso lo que me motiva a seguir apoyando a un programa que tiene sus problemas, pero debe prevalecer el interés por esas familias que necesitan el apoyo para llevar el sustento a esos hogares”.
Eso sí, dijo el socialcristiano, espera que se puedan hacer mejoras, como ajustar los precios del programa a la lista de precios de la feria del agricultor y a la de Senada. No obstante, insistió en la importancia de que los recursos del PAI se queden dentro del mismo estado, pues las utilidades se invierten en mejoramiento del programa y del mismo CNP, en vez de quedar en manos de un privado.
La diputada de Restauración Nacional, Mileyde Alvarado, por su parte alegó que el programa necesita mejoras pero que este proyecto no es el camino pues amenaza la estabilidad de familias costarricenses.
El diputado Ignacio Alpizar dijo que fue una situación difícil porque por un lado estaban las más de 30 mil familias productoras que por medio de organizaciones venden al Estado y que podrían verse afectadas. Por otro lado, dijo, están las Juntas educativas que recibieron alimentos de mala calidad.
“Yo soy agricultor y sé lo que cuesta” mencionó.
Alpizar también señaló que sigue siendo importante señalar las deficiencias del PAI y que espera que el Consejo Nacional de Producción tome la iniciativa como una advertencia de que “tiene que cambiar y mejorar” pero que “considerando que el expediente carece de algunas mejoras” tomó la decisión de votar negativamente y que espera que venga otro proyecto en el que puedan “hacerlo mejor”.
El proponente del proyecto, Wagner Jiménez del PLN, reclamó el silencio de gobierno y la fracción oficialista por “la orquestación” de una movilización de agricultores frente a su casa, el día de ayer y condenó “que cuando no se puede con el mensaje, se ataca al mensajero”.
El legislador indicó que la iniciativa tiene más de 3 años en discusión y que originalmente tenía “mucho apoyo, pero por presiones y por el efecto de la campaña electoral”, los votos han cambiado. “La semana pasada este proyecto tenía cuatro votos a favor de seis de esta comisión, hoy sólo va a tener uno, ¿Qué pasó en ocho días?”, se preguntó.
El liberacionista lamentó el previsible fracaso del proyecto pero aseguró que igual, daría su voto favorable pues “creo que es lo mejor para el país”.
La también liberacionista Silvia Hernández, que votó a favor el expediente, reclamó que la discusión sobre el mismo ha sido “moralista” y afirmó que “no hay nadie en este recinto que no esté pensando que las personas no son el centro de toda política pública”.
Según Hernández, el proyecto no es una afrenta a los pequeños y medianos productores si no que pretende mejorar la competitividad. “No es buena política pública gastar en sobreprecios”, dijo y agregó que espera que al menos la apertura de este debate permita que las cosas cambien.
Finalmente, ya sin sorpresas, el proyecto fue rechazado por cinco de los siete legisladores presentes, de modo que las instituciones del Estado deberán seguir comprándole de manera exclusiva al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) por medio del CNP y por ende, manteniendo a flote a más de 30.000 familias productoras.
El presidente de la Junta Directiva del Infocoop, Víctor Carvajal, dijo estaba complacido con el rechazo de las personas diputadas porque el PAI impulsa estándares de calidad en el sector: “Este rechazo da seguridad a nuestras cooperativas agrícolas para que sigan colocando sus productos”.
