A pesar de la presencia de la jefa oficialista Pilar Cisneros, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico fue capaz de ofrecer un debate de altura y sobrio luego del cual se dictaminó afirmativamente el proyecto de “Ley de Crimen Organizado Juvenil”.
Se trata de una propuesta que se tramita bajo el número de expediente 24.006 y que ha sido polémica pues en aras de combatir la ola de violencia que mal atiende la administración Chaves, impone en el trato de la delincuencia por parte de menores de edad una actitud de “mano dura”, al decir del diputado Fabricio Alvarado (Nueva República), uno de los principales defensores de la propuesta junto a Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Además de Campos y Alvarado, el proyecto contó con el apoyo del socialcristiano Horacio Alvarado, del liberacionista Gilberth Jiménez y de la chavista Cisneros.
En la acera del frente se situaron la independiente Gloria Navas, la frenteamplista Priscilla Vindas y la liberacionista Alejandra Larios.
El proyecto consiste en la reforma de diversos artículos de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Ejecución Sanciones Penales Juveniles. En marzo del año pasado, cuando fue visto por la Corte Suprema de Justicia, se señaló entre sus principales problemas que presenta roces con legislación vigente y con tratados internacionales, principalmente por una definición de “delito grave” que contradice la Ley de Justicia Penal Juvenil, y por la creación de bases de datos de personas menores de edad en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en el Ministerio de Justicia.
Proyecto de Ley de Crimen Organizado Juvenil contradice normativa vigente sobre derechos de menores de edad
Incluye disposiciones que contradicen la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
Cuando inició la discusión, la independiente Navas, quien además es abogada penalista, subrayó que “existe toda la doctrina a nivel internacional en cómo tratar al menor de edad”, en el sentido de que se le debe tratar diferente “incluso en crimen organizado”, pues “cuando participa en estos hechos, aunque hay que reconocer que son violentos, todo eso se debe a que no van al colegio, no se educan, tienen hogares destruidos, hay toda una casual incluso hasta falta de madurez por las condiciones en que se crían”.
Posteriormente Campos intervino y dijo que la propuesta se planteó con el objetivo de “convertirse en una ley que creara un marco normativo eficiente en la lucha contra la participación de menores de edad no solamente desde una perspectiva utilitaria en bandas criminales, sino asumiendo roles de liderazgo dentro de esas bandas”.
Por ello, casi lamentó que tras un “proceso de depuración”, el proyecto “se redujo sensiblemente y no toca el Código Penal ni establece modificaciones a tipos penales”, sino que permite “el uso de herramientas tecnológicas como bases de datos de registro y demás, para la lucha contra el crimen organizado por parte de autoridades jurisdiccionales y de investigación”.
Campos dijo creer en “la estrategia de prevención”, pero “no está contemplada en este proyecto, porque es de otra cosa. También tenemos que resolver este problema crítico que enfrentamos como país”.
Tocó el turno a la frenteamplista Vindas, quien aseveró que “cada persona menor de edad que llegue a un proceso judicial o aun proceso penal es un fallo para la sociedad”.
La diputada añadió que “tenemos un Estado debilitado, instituciones debilitadas, que nos está pasando una factura muy cara. No tenemos un Poder Ejecutivo que esté accionando en las comunidades, no tenemos una acción de prevención, tenemos en este presupuesto 2025 cero inversión en prevención”.
Del proyecto criticó entre otras cosas que establece “nuevas pericias sin contenido presupuestario”, por ejemplo las pericias sicosociales, que se llevan a cabo por el Departamento de Trabajo Social y Sicología en la Sección Penal Juvenil, pero “hay carencia de ese tipo de profesionales”.
Tocó el turno entonces a la oficialista Cisneros, quien afirmó que “nadie dice que no se respeten las garantías de los delincuentes o sospechosos de un delito, pero llegó la hora de respetar los derechos de las víctimas”, interpelando directamente a Navas.
Una vez más la experiodista recurrió al argumento de instrumentalizar el dolor de una familia víctima de la criminalidad para promover una agenda punitivista. En este caso se trató de una que se vio afectada por la violación y asesinato de una joven por parte de un sujeto que cinco años antes había salido de la cárcel, un caso que no guardaba relación con el proyecto de ley.
En realidad el objetivo de la jefa de fracción fue atacar al Poder Judicial, siempre interpelando a Navas
Cisneros lamentó que “hubo que recortar y hubo que suavizar tanto este proyecto de ley”. Se refirió al hecho de que cuando una persona menor alcanza la mayoría de edad se elimina su expediente penal, un aspecto que ya había señalado Campos en su intervención y, de nuevo, cuestionó a Navas al respecto.
La liberacionista Alejandra Larios criticó el hecho de que la propuesta “equipara” las sanciones de las persones menores de edad con las de las personas adultas, “no le podemos dar un trato igual a personas que no son iguales”.
En cuanto a la creación de la base de datos, relató que ella misma consideró una opción similar en un proyecto que estuvo trabajando, pero al final no se incluyó porque “encontramos que eso más bien revictimiza a las personas menores de edad”.
Añadió que esa propuesta incluso violentaría la Ley de Justicia Penal Juvenil y convenios internacionales.
Cuando tocó el turno a Fabricio Alvarado afirmó que “un menor que dispara contra una persona para quitarle la vida no debe ser visto como un niño inocente. Es un asesino menor de edad”.
“Ya no podemos seguir esa política que prioriza los derechos de los criminales por encima de los derechos de las víctimas”, dijo en la que no fue la única oportunidad en que ofreció una copia al carbón de los alegatos de Cisneros.
“Que votemos a favor de este proyecto no quiere decir que estemos abandonando la idea de la prevención. Es un discurso equivocado decir que quienes hablamos de mano dura, de penas más fuertes y de que los delincuentes tienen que estar en la cárcel, sean mayores o menores de edad no estamos pensando en la prevención”, expresó.
En una segunda intervención, Navas debió explicar algunos conceptos básicos de la justicia penal, como el principio de presunción de inocencia o las complejidades que presenta la investigación de crimen organizado.
Apuntó que el tema en cuestión “no es un discurso político, es política criminal, sé que estamos muy cerca de las elecciones, aquí todo el mundo quiere ser otra vez diputado o presidente, yo no, ni partido político tengo, lo que quiero hacer es las leyes correctamente”.
Explicó entonces las tres etapas básicas del sistema de justicia criminal: la prevención, la ley y sanción y la ejecución de la pena. “Hemos trabajado durísimo en la ejecución de la pena, con ayuda de la Corte Suprema de Justicia, de los asesores, del Poder Ejecutivo, de la Dirección General de Adaptación Social, y el Presidente de la República dijo que era un mamotreto, ahí vamos a tener confrontación”.
Finalmente, apuntó que “no puedo votar a favor de este proyecto de ley, así como está no va a funcionar para lo que se pretende”.
Exclusión social potencia participación de jóvenes en delincuencia organizada
Comisión de Seguridad y Narcotráfico escuchó criterios expertos de la academia y el OIJ como parte de proceso para construir una nueva Ley de Crimen Organizado Juvenil.
