Este jueves 15 de junio, la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió sus recomendaciones al gobierno de Costa Rica sobre la violación al Convenio 122 sobre políticas de empleo, e instó a las autoridades a tomar acciones, entre otras, cosas, para que la Ley de Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal, se ajuste plenamente a esta normativa internacional y no vulnere principios fundamentales en el trabajo.
Pero aún más importante, le pidió indicar oficialmente la forma en que se consultó a los representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores el proceso de la Ley de Finanzas Públicas.
Lamentó esta Comisión de alto nivel internacional que el gobierno no haya establecido y aplicado una política nacional integral, destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido en consulta con interlocutores sociales, entre ellos, trabajadores y empleadores.
Pidió la CAN que se refuerce el diálogo social con una verdadera inclusión de las contrapartes de trabajadores y empleadores para llevar adelante cualquier iniciativa, sobre todo vinculadas con programas de empleo, incorporación de los jóvenes al mercado laboral y la promoción de la igualdad de género.
Asimismo, solicitó al gobierno costarricense proporcionar información sobre e impacto de las medidas que se han adoptado en el marco de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo y del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario.
Otra de las recomendaciones de esta Comisión es que deberá crear un Consejo Tripartito Nacional y enviar a más tardar el 1 de setiembre del año en curso un informe completo y exhaustivo de las acciones que se tomen en torno a estos señalamientos.
Durante la presentación de estas recomendaciones el gobierno costarricense se mostró molesto ante las conclusiones y aseguró el viceministro de Trabajo, Juan Manuel Cordero, que dichas resoluciones “deslucen a esta Comisión y desvirtúan las acciones del gobierno”.
“Nos extraña que pidan un examen técnico sobre la Ley 9635 (Finanzas Públicas) y consideramos que es un paso muy peligros hacia la inseguridad jurídica al hacer. No escucharon todos los avances que dio el gobierno y nos piden cuentas de programas de hace 5 años”.
Estas recomendaciones se dieron en el marco de la 111 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), luego de que Costa Rica quedará dentro de la lista corta de 24 países que son examinados por violentar convenios internacionales de trabajo.
Los que sí celebraron estas resoluciones fueron los representantes del movimiento sindical que participan en la Conferencia y que presentaron ante la Comisión las razones por las que consideraban que el caso de Costa Rica sí violentaba el Convenio 122.
De acuerdo con Fanny Sequeira, delegada designada por el sector trabajador explicó que hace 14 años el país no era identificado dentro de esta Comisión como una nación que incumple convenios de la OIT, pero la acción sindical internacional hizo un gran despliegue de incidencia ante las denuncias reiteradas del movimiento de trabajdores ante la OIT.
“Ha quedado en evidencia que no se ha dado un diálogo tripartito auténtico y efectivo en materia de empleo y formalización, no existe una política integral de empleo y la mayoría de los espacios de diálogo están estancados o bloqueados por la falta de voluntad política del gobierno, a pesar de sus discursos retóricos y simulaciones protocolarias”, detalló Sequeira.
Añadió la representante sindical que la Comisión no se dejó engañar por la narrativa, excusas y digresiones del gobierno y ahora emite sus conclusiones reiterando que Costa Rica debe recuperar el diálogo social y el tripartismo, y llevar adelante una política integral de empleo.
