La Comisión Intergerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no respaldó un estudio realizado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud que dio paso a la adjudicación millonaria de 10 áreas de Salud a tres cooperativas y una asociación.
Así se lee en el oficio GL-DABS-1146-2024/DFC-ACC-0845-2024/ GA-DJ-06239-2024 con fecha de 30 de julio 2024, firmado por el director y subdirector de la Dirección Jurídica de la CCSS, Gilberth Alfaro y Andrey Quesada; la jefe del Área de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado; y la directora de la Dirección de Aprovisionamiento, Adriana Chaves.
“El informe presentado ante Junta Directiva no tuvo respaldo por parte de la Comisión”, indicaron los funcionarios de la CCSS en el oficio enviado al auditor interno de la CCSS, Olger Sánchez.
Esto contradice a la directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, quien hace pocos días dijo al diario La Nación que ella mostró el análisis a sus compañeros y lo respaldaron, pero desconoce por qué no lo firmaron. Incluso, expresó que antes de remitir la recomendación a la Junta Directiva para que se adjudicara a las cooperativas ella le mostró el documento a sus compañeros. Ella formaba parte de esa Comisión Intergerencial.
Los funcionarios agregaron que Gutiérrez comentó el 1° de julio en la primera sesión de esta Comisión que la dependencia que lidera “como instancia técnica adscrita a la Gerencia Médica estarían considerando en el marco de sus competencias, preparar un estudio conforme a lo requerido por la Junta Directiva en el claro entendido que dicho informe debía ser remitido a las instancias técnicas competentes para revisión previa de viabilidad financiera y jurídica”.
Seguidamente, el 2 de julio, uno de los funcionarios de esa Dirección llamado Eric Gerardo Méndez, en una segunda sesión, realizó un ejercicio narrativo sobre la forma en que la Dirección desarrolló el estudio técnico estadístico respectivo.
Este ejercicio debía ser valorado, según indicó en dicha sesión el Lic. Arturo Herrera, por parte del Despacho de Gerencia Médica y su equipo. Posterior a esto se debía considerar su remisión a instancias técnicas previo a la emisión de un informe.
“Luego de la citada sesión no hubo más reuniones ni fue remitido informe final a instancias técnicas ni a la Comisión”, agregaron.
Fue precisamente Gutiérrez, una vez presentado el informe elaborado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, quien el pasado 5 de julio recomendó a la Junta Directiva adjudicar la licitación a las cooperativas.
Tras esta recomendación, el 6 de julio, la Junta Directiva de la CCSS acordó adjudicar la compra denominada “Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud de diez (10) Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Comisión Intergerencial fue conformada por la Junta Directiva de la CCSS el pasado 22 de junio con el objetivo de que analizaran si se disponía de los elementos para presentar una propuesta robusta y debidamente motivada en satisfacción del interés público, conservación de los actos, que vele por la continuidad de los servicios con el fin de determinar escenarios de una adjudicación total o parcial.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS este 1° de agosto separar a esta funcionaria de su cargo en la Dirección de Proyección de Servicios de Salud.
“Siendo que existe acto administrativo recomendado por la Ingeniera citada en el epígrafe, mediante el cual se sustentó el órgano superior institucional para adjudicar la licitación conocida en autos y teniendo a la vista el contenido de los oficios GL-DABS-1146-2024, DFC-ACC-0845-2024 y GA-DJ-06239-2024, en
posesión de la ANEP; es que, respetuosamente solicitamos a esta Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, que, en aras de garantizar que la Fiscalía y la Contraloría puedan realizar una investigación oficiosa y que se eviten posibles escenarios de persecución o hostigamiento laboral, se proceda a separar de forma cautelar a la funcionaria en cuestión, esto con el objetivo de darle contenido real al discurso presidencial de cero tolerancia a la corrupción en sus distintas expresiones», se lee en el oficio S.G. 21-25-3071-24 firmado por el secretario general del sindicato, Albino Vargas.
Fiscalía investiga
La Auditoría Interna de la Caja denunció el pasado 10 de julio ante el Ministerio Público la adjudicación realizada por la Junta Directiva de la institución a tres cooperativas y una asociación por un monto cercano a los ₡470 mil millones.
Así se lee en el oficio AI-1099-2024, con carácter de “confidencial”, revelado por UNIVERSIDAD el pasado 22 de julio.
“Se requiere respetuosamente a esa autoridad que dentro del ámbito de competencias y potestades jurisdiccionales que le otorga el ordenamiento jurídico pueda valorar lo expuesto en este documento y adopte las acciones que en derecho corresponda”, indicó la Auditoría Interna de la CCSS, en el oficio presentado ante el Ministerio Público.
En el oficio, la Auditoría Interna de la CCSS enumeró uno a uno hechos que este Semanario ha divulgado en los últimos meses respecto a esta polémica adjudicación.
Entre ellos, los estudios de costos realizados por dependencias de la CCSS que demostraron precios excesivos en las ofertas de las cooperativas, un “debilitamiento” en el cartel de licitación (según hizo constar una funcionaria de la institución) en un informe, así como un análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros realizado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud tras solicitud de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, entre otros.
En los hechos mencionados en la denuncia se encuentran mencionados la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, así como directivos y ex directivos de la institución como María Isabel Camareno, Roberto Quirós, Juan Ignacio Monge, y las funcionarias Karla Solano y María de los Ángeles Gutiérrez, entre otros.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que dicho oficio pertenece a la causa 24-000267-1218-PE, la cual se encuentra en investigación. El caso, por ahora, se tramita contra ignorado, es decir, por ahora no hay personas imputadas individualizadas.
A inicios del mes de julio, la Contraloría General de la República (CGR) abrió una investigación contra la CCSS luego de que la ANEP denunciara el pasado 15 de mayo la supuesta pretensión de directivos de modificar informes técnicos para presuntamente favorecer a las cooperativas.
Este mismo sindicato solicitó el pasado 12 de julio al mismo órgano contralor investigar la adjudicación por presuntas irregularidades.
