El proyecto de ley 25.228, que permitiría al gobierno acceder a créditos por más de 134 millones de euros con el Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), enfrentó múltiples cuestionamientos en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El plan, pensado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para “mejorar la sostenibilidad, competitividad y participación económica de pequeños y medianos productores agrícolas”, llega en medio de una larga lista de solicitudes de empréstitos recientes del Ejecutivo a seis meses del cierre de su administración, lo que ha incrementado la molestia y los cuestionamientos entre los y las diputadas.
El “Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva” incluye cuatro áreas principales: fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura mediante la modernización de los servicios de extensión; implementar sistemas de trazabilidad para acceso a mercados; desarrollar infraestructura de riego en la región norte de Cartago; y establecer redes de frío para pescadores en Puntarenas. La meta es alcanzar a 10.500 agricultores, con financiamiento diferenciado para mujeres, jóvenes y territorios vulnerables.
Distintos diputados, sobre todo de Liberación Nacional (PLN), le expresaron al ministro del MAG, Víctor Carvajal, sus reservas sobre el proyecto. Los planteamientos más críticos los hizo Joaquín Hernández (PLN), quien señaló que el país está acumulando obligaciones a un ritmo acelerado. “Ahora en una sumatoria de solamente los créditos que están aquí en trámite (…) me da 2.194 millones de dólares que estaríamos endeudándonos como país”, dijo, y llamó la atención sobre el aumento continuo del gasto en intereses y amortizaciones. En una segunda intervención reiteró que su preocupación no era sobre el sector agrícola, sino sobre el impacto fiscal: pidió “buscar alternativas” para no sostener un crecimiento de deuda que eventualmente requeriría nuevos ajustes tributarios.
Sonia Rojas (PLN) centró su intervención en la situación de los productores frente a las importaciones. Aunque dijo estar de acuerdo con reforzar la asistencia técnica, advirtió que “muchos están ahorita enfrentando una falta de protección ante las importaciones (…) que los están dejando sin llevar ese alimento a su mesa”. Señaló que el país no ha logrado garantizar condiciones de competencia equivalentes y que la autosuficiencia alimentaria debería ser una prioridad.
El tercer liberacionista de la comisión, Luis Fernando Mendoza, expresó respaldo general al programa, pero pidió claridad sobre cómo se ejecutaría un modelo basado en pago por resultados. Subrayó que para recibir desembolsos “se necesitaban ver resultados”, por lo que consultó qué recursos iniciales estarían disponibles para activar los componentes. También señaló preocupaciones sobre la debilidad histórica de los programas de extensión y de los centros de investigación del MAG, especialmente el estado en el que han operado estaciones como Enrique Jiménez Núñez y Diamantes.
Como es costumbre en la comisión la chavista, Pilar Cisneros, se apartó de las objeciones sobre deuda y defendió el financiamiento en infraestructura productiva. Afirmó que existen “endeudamientos que son absolutamente productivos” y citó pérdidas económicas asociadas a la falta de inversión pública. Su compañero de bancada y fiel defensor de los importadores de arroz, Alexander Barrantes, enfatizaron la urgencia de incorporar tecnologías para atraer a jóvenes al sector, señalando que la edad promedio del agricultor ronda los 60 años.
En la discusión también se mencionó la preocupación sobre la capacidad de gestión del Ejecutivo en proyectos de gran escala. Rojas (PLN) aludió a la experiencia del préstamo PROERI, aprobado en 2024 para la intervención de infraestructura urgente y que presenta un avance mínimo a pesar de ya tener que mínimo estar en fase de ejecución todos los proyectos según las proyecciones iniciales. Legisladores advirtieron que este antecedente obliga a examinar con mayor detalle la ejecución del programa planteado por el MAG.
El ministro Víctor Carvajal respondió que el proyecto busca precisamente corregir rezagos institucionales. Señaló que el ministerio enfrentaba “una falta de liderazgo en el sector agropecuario”, estaciones de innovación “en abandono” y un sistema de extensión “muy debilitado”. Afirmó que el crédito permitiría recuperar capacidades, fortalecer centros de investigación Diamantes y el ubicado en Oreamuno, así como establecer un financiamiento estable que no dependa del presupuesto anual. Aseguró que el modelo de pago por resultados permitirá mejorar la ejecución y dar continuidad a las políticas sectoriales.
Carvajal detalló además que el programa incluye estudios para un distrito de riego en la zona norte de Cartago, el fortalecimiento de 14 sociedades de usuarios de riego y la construcción de reservorios, a fin de reducir la dependencia de ciclos lluviosos y mejorar la programación de siembras. Añadió que el esquema de banca de desarrollo permitirá créditos al 4% con avales del 75%, junto a fondos no reembolsables para prácticas sostenibles.
El expediente continuará su trámite en la comisión con el análisis de mociones y la elaboración del dictamen previo a su envío al Plenario legislativo.
