La comisión legislativa de Asuntos Hacendarios aprobó por mayoría un texto sustitutivo que pone límites al proyecto 23.330 impulsado el Poder Ejecutivo con el objetivo de relajar la regla fiscal aprobada en 2018.
Recogiendo advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), tendientes a mantener la regla fiscal como herramienta para sanear las finanzas públicas, siete de 11 miembros de la comisión votaron por la nueva versión del proyecto de ley.
La propuesta nueva quita del proyecto del Ejecutivo un artículo que hubiera sacado de la aplicación de la regla fiscal “los recursos provenientes de empréstitos internacionales, así como producto de donación del sector externo, cuya finalidad sea la formación de capital según la definición del clasificador económico del gasto público”, se lee en el informe rendido por la subcomisión que estudió el expediente.
La nueva versión también es distinta del proyecto original porque esta ya no plantea excluir de la regla fiscal el pago de intereses y comisiones de la deuda incorporados en el Presupuesto Nacional, se lee en el informe de subcomisión firmado por Paulina Ramírez (Partido Liberación Nacional, PLN), Carlos Felipe García (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) y Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista, PLP).
Además con el texto sustitutivo, en caso de aprobarse posteriormente, se excluye del alcance de la regla fiscal a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) en lo que respecta a la factura petrolera.
También la propuesta aprobada hoy indica que se mantendrían los actuales rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto corriente. “No resulta conveniente en este momento eliminar la opción de que la relación gasto corriente/PIB sea del 17%, ni tampoco liberar al gasto de capital de toda restricción fiscal, tal como se pretende en el inciso d) (del texto base)”, se lee en el informe.
A favor del texto sustitutivo votaron Ramírez, García, Jonathan Acuña (Frente Amplio), Ada Acuña (PPSD), Pilar Cisneros (PPSD), José Pablo Sibaja (Nueva República) y Luis Diego Vargas (PLN), quien sustituyó en la sesión a Feinzaig. En contra, Gilbert Jiménez (PLN), Sonia Rojas (PLN), Alejandro Pacheco (PUSC) y José Joaquín Fernández (PLN).
En febrero la contralora general de la República, Marta Acosta, había señalado a los diputados que el proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves “agrava los problemas de aplicación de la Regla” porque disminuiría la cobertura institucional “sin incorporar sanas prácticas de Hacienda Pública adicionales, ya que excluye diversas empresas e instituciones, parte del sector público no financiero (…) y elimina circunstancias que actualmente constituyen causal de aplicación de la Regla”.
También advirtió que el expediente oficialista reduce el efecto esperado sobre el control de la deuda. “Excluye los intereses, excluye los gastos de capital y los recursos del crédito externo, que son rubros que inciden significativamente en el déficit y en la evolución de la deuda”, razonó Acosta.
En complemento, apuntó a una visión “cortoplacista” del proyecto base, pues no se considera que “una reducción futura en el peso de los intereses abriría espacio fiscal para el resto del Gasto Corriente para una mejor provisión de bienes y servicios prioritarios”.
Además, la sustitución del texto del proyecto de ley recoge criterios atribuidos al FMI, que señalaba que la exclusión de entidades de las reglas fiscales debe basarse en los criterios del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) especificados por el Ministerio de Hacienda y que se debía evitar las referencias a la exclusión de los gastos de capital, las sentencias judiciales y los gastos de intereses de la regla de gasto.
El FMI también proponía crear una reserva general para imprevistos en el presupuesto (por ejemplo, una línea presupuestaria separada) que podría cubrir los gastos derivados de sentencias judiciales, entre otros, con sujeción a los límites máximos de gasto agregado, aspecto que se recoge en el texto sustitutivo.
El texto sustitutivo deberá ser sometido a votación en Hacendarios como eventual dictamen para que pase a manos del plenario y se encamine al plenario de la Asamblea Legislativa.
