Los diputados de la Comisión de Energía, en forma unánime, votaron en contra del proyecto 21.244, “Autorización al ICE para investigar, explorar y explotar los recursos geotérmicos ubicados en áreas silvestres protegidas de la provincia de Guanacaste”, después de realizar audiencias a Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, y a Osvaldo Durán, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, en la que por diferentes motivos, ambos coincidieron en que la propuesta no era conveniente.
El proyecto 21.244 fue presentado en febrero del 2019 por la diputada Aida Montiel, que retomaba propuestas de dos proyectos legislativos en una dirección similar, pero que no lograron avanzar en la corriente legislativa. La votación en contra de los seis diputados presentes en la Comisión lo hizo moverse en dirección similar.
Originalmente iba a ser debatido la semana próxima, pero las audiencias fueron lapidarias. Primero fue Acuña, quien dejó claro que en su criterio, el proyecto no se justificaba dentro de la coyuntura actual.
Según indicó, la geotermia es estratégica para el país, ya que permite generar energía eléctrica, sin depender del clima ni de las condiciones de la superficie. Se trata de una actividad que tiene 250 megavatios de capacidad instalada, que aporta el 12,8% de la electricidad del país en un año, y que en el 2027 agregará otros 50 más, con la entrada en operación del proyecto Borinquen.
Acuña comentó que hace dos años se realizó un estudio para actualizar el potencial geotérmico en el país. Se identificaron reservas de 1.300 megavatios a una profundidad de 2,5 kilómetros. De estas reservas, 700 megavatios están en zonas limitadas (protegidas o habitadas), mientras 600 megavatios se ubican en áreas sin limitaciones. De estas hay 300 megavatios que no se han explotado.
En los niveles de 3 kilómetros de profundidad, se identificaron reservas de 2.200 megavatios, de las cuales 1.200 megavatios se ubican en zonas limitadas. De los 1.000 megavatios restantes, se estarían utilizando un 30%. “Tenemos un 70% que se podría explorar y explotar fuera de áreas con limitaciones, consideramos que se trata de potencial suficiente para un mediano plazo”, dijo Acuña.
Los legisladores tomaron nota de esto. La diputada Katia Cambronero resaltó que si existía un potencial de más del doble de la capacidad instalada en la actualidad, para proyectos que no son de rápida construcción, no se tenía necesidad de recurrir a este tipo de autorizaciones.
Sin embargo, Acuña no quiso cerrar totalmente la puerta. “Hablamos de las condiciones actuales, pero no sé si a futuro, con los planes de electrificación de la economía, es posible que se tenga que replantear esto”.
Por su parte, Durán fue más severo al considerar que el proyecto se trataba de una propuesta deficiente. “Es un proyecto carente de fundamento científico, no establece la necesidad de explotar la geotermia en las regiones protegidas. Este es el proyecto más flojo, técnicamente hablando, de los que se han presentado en esta dirección”, dijo.
Durán también alertó que la propuesta, mas allá de la impresión inicial de provocar un conflicto entre el ICE y los sistemas de áreas de conservación, tenía una fuerte orientación a incidir en los problemas de agua en Guanacaste. “Detrás de este proyecto parece que están los conflictos de agua, se abre la puerta para concesionar el patrimonio natural del Estado”, consideró.
Curiosamente, la mención del mayor peso del agua también había sido mencionada en la audiencia previa de Acuña, quien resaltó que en el texto, “mas del 60% se refería al tema del agua”, en lo que no veía la vinculación del ICE.
Luego de estas audiencias, los diputados tuvieron un receso, y posteriormente entraron a votar el texto, sin requerir discusión.