Una relativamente fugaz sesión de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dio lugar a una breve escaramuza, no demasiado pertinente al proyecto de ley en discusión, sobre las bondades de promover la importación y uso de vehículos eléctricos en el país.
La agenda de la sesión consistió en votar mociones presentadas al proyecto de ley de “Fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible”, tramitado bajo el expediente 24.171 y propuesto por la independiente Kattia Cambronero, Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el oficialista Manuel Morales.
Por un lado, las diputadas Katherine Moreira (PLN) y Cynthia Córdoba (PLP) manifestaron su oposición al impulso a este tipo de vehículos y al Plan Nacional de Descarbonización; por otro, Daniela Rojas (PUSC) y Kattia Cambronero plantaron cara para defender el proyecto de ley.
La propuesta consta de un único artículo que reforma los artículos 31 y 32 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico.
El artículo 31 tiene que ver con la implementación de los centros de recarga y dispone que su construcción y puesta en funcionamiento “le corresponde a las distribuidoras de electricidad”. La propuesta más bien busca autorizar “a toda persona física o jurídica, pública o privada, a que puedan instalar, desarrollar y operar centros de recarga de vehículos eléctricos, así como la venta el servicio de interés general de recarga de vehículo eléctrico”, bajo un reglamento que deberá emitir el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El 32 detalla sobre la venta de electricidad en esos centros de recarga y establece el requisito de contar con una concesión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). La propuesta elimina ese requisito, pero establece para esa institución las obligaciones de velar por el cumplimiento de requisitos de acceso universal, “precios justos”, calidad mínima y sostenibilidad.
La Aresep además deberá definir tarifas y fiscalizar a los centros de recarga.
El proyecto ya cuenta con dictamen afirmativo de mayoría y la Comisión se abocó a ver las mociones presentadas vía artículo 137 del Reglamento Legislativo.
Las mociones que se discutieron, según recriminó la diputada socialcristiana Daniela Rojas, presentaban cambios casi que cosméticos al título del proyecto, pero fueron aprovechadas por ejemplo por la liberacionista Katherine Moreira para aseverar que “el modelo actual de movilidad eléctrica en Costa Rica tal como se plantea en este proyecto es insostenible, excluyente y desconectado de las realidades económicas y sociales de nuestro país”.
Entre otras cosas, alegó que un 4,5% de la electricidad producida en el país proviene de la quema de hidrocarburos, lo cual consideró como una contradicción del sistema. Sin embargo, Moreira también se quejó de que en la zona de Limón sólo se puede recargar los vehículos en un restaurante de comidas rápidas, lo cual más bien pareciera reforzar la iniciativa del proyecto de ley, aspecto que fue observado por Rojas.
Como se dijo, la otra diputada que aprovechó la discusión de esas mociones para atacar la implementación del uso de vehículos eléctricos fue Cynthia Córdoba, quien se refirió al Plan Nacional de Descarbonización y criticó que se diseñó a partir de “los escenarios más caros”, porque “todo se limitó al tema de la transición a la energía eléctrica” y se excluyó “el tema de a neutralidad tecnológica, y la tecnología intermedia que puede favorecer más a los costarricenses y que puede hacer más competitivo a este país”.
Se quejó de que a las “Cámaras de Comercio” y a “diferentes actores del sector privado” en el contexto de la elaboración de ese Plan “los invitaron a una mesa de trabajo y esa es la consulta”. Dijo que ese Plan debe ser revisado.
Moreira además en una de sus intervenciones recordó que en octubre se realizó un procedimiento de urgencia para la contratación de servicios de arrendamiento y operación de cuatro bloques de potencia para generación térmica para ka planta eléctrica de Moín y la de Garabito. “De esta forma se contrató de urgencia a la empresa Sow Energy International por $24.097 millones, para Garabito, y a Greco International Project Limited por $58.000 millones para Moín”.
Luego intervino la socialcristiana Rojas, quien alegó por que la discusión de las mociones se apegue a su contenido y se quejó de que las dos mociones vistas hasta ese momento eran cambios en el título.
Esa diputada enfatizó que el proyecto de ley no se refiere a incentivos a vehículos eléctricos o híbridos y argumentó que aún si se toma los alegatos de Moreira y Córdoba como ciertos, ello no mina la necesidad de agilizar la instalación de centros de recarga.
Por su parte, Kattia Cambronero también defendió el proyecto de ley pues “recoge una necesidad de más de 25 mil usuarios de vehículos eléctricos” en el país.
Añadió que la propuesta surgió “del apoyo de los sectores usuarios de vehículos eléctricos”, e insistió al igual que Rojas en que no incluye incentivos para el uso de eléctricos, ni impuestos nuevos, sino que “le quita responsabilidades que se le dieron a las instituciones, sobre todo a las distribuidoras de electricidad, obligándolas a poner las estaciones de recarga, y lo que estamos permitiendo es que privados puedan hacer inversiones en puntos de recarga”.
Así, Cambronero fustigó a Moreira al aseverar que “me sorprende cómo se dice que es una necesidad urgente en una provincia evidentemente turística el tener más puntos de carga, pero se presenta más de cien mociones al proyecto de ley, cuando se sabe que en su comunidad esto es una necesidad para tener más atracción de turistas”.
“Eso es legislar con el hígado o con el corazón, pero esa no es la forma”, aseveró.
