La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa aprobó en votación por el fondo un proyecto de ley que establece la obligación para las entidades financieras, como bancos, de ceder a las autoridades tributarias información de sus clientes, pese a la oposición de los liberacionistas Francisco Nicolás y Danny Vargas.
Se trata de una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que introduce una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se tramita bajo el número de expediente 23.088.
El plan establece para “las entidades financieras y cualquier otra entidad que aun sin ser catalogada como financiera efectúe algún tipo de actividad financiera”, la obligación de “suministrar a la Administración Tributaria toda la información de sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios y se requiera para la implementación de instrumentos internacionales que contemplen el intercambio de información en materia tributaria”.
De previo a la votación de un informe de subcomisión y de la votación definitiva del proyecto, el diputado oficialista, ya no de Progreso Social Democrático (PPSD), Manuel Morales recordó que se trata de un “compromiso” con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para cumplir con las recomendaciones de su Foro Global de Transparencia y el intercambio de Información para fines Fiscales.
Morales relató que ese foro en años recientes hizo un par de evaluaciones de Costa Rica que “salieron mal”, en particular “en cuanto al marco legal interno se solicito al país que mejore sus estándares”.
Diputado Manuel Morales: bancos del país son resistentes a compartir información
Al igual que la negativa a brindar datos al Banco Central que ha trascendido en medios recientemente, dijo el diputado, aunque “en dimensiones muy distintas”, es evidente que los bancos no tienen voluntad de compartir información y eso es preocupante.
Indicó que el proyecto fue elaborado por representantes de ese Foro junto con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Ministerio de Hacienda, y que busca en primer lugar “conferir a la administración tributaria la competencia legal para supervisar, verificar y monitorear a las entidades sujetas a reportar (información) en aplicación de los procedimientos internos de control, el cumplimiento y entrega de información”.
El texto del proyecto también dispone que “se autoriza a la Administración Tributaria para que traslade la información financiera obtenida, a las jurisdicciones con las que tenga instrumentos internacionales vigentes que contemplen el intercambio de información en materia tributaria en cualquiera de sus modalidades”.
También indica que los bancos y otras entidades financieras “deberán cumplir, en un plazo no mayor de diez días hábiles, con todos los requerimientos individualizados de información que realice la Administración Tributaria en virtud de un convenio internacional. Dichos requerimientos serán firmados por el Director General de Tributación”.
El proyecto se aprobó con seis votos a favor y dos en contra, específicamente los liberacionistas, Danny Vargas y Francisco Nicolás.
Antes de la votación, Vargas expresó que “las motivaciones (detrás del proyecto) puedo entenderlas, pero ahorita el ambiente con lo que hemos visto con el Banco Central, no quiero ser parte de legislar para seguir dando más oportunidad de vulnerar información”.
Con ello Vargas hizo alusión a la reciente polémica en torno al Banco Central de Costa Rica (BCCR), que recientemente denunció a la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, por negarse a proporcionar información solicitada por esa entidad sobre operaciones crediticias en territorio nacional.
Las autoridades del BCCR han sostenido, entre otras cosas, que su solicitud de información se basó en requerimientos de la mentada OCDE del propio Fondo Monetario Internacional, dos organismos que han aclarado que es habitual el uso de datos individualizados o «microdatos» en el país, como los solicitados por el BCCR porque se utilizan para elaborar política pública como ya sucede en Portugal y Canadá.
Morales había dicho a UNIVERSIDAD que había una resistencia por parte de la banca a entregar datos e información relevante, aún cuando se pide general y anonimizada. Añadió que en aunque en «dimensiones muy distintas, pues lo que pide el BCCR es detallado e individualizado, esto evidencia que los bancos no tienen voluntad de compartir información y eso es preocupante».
BCCR: petición a Sugef sobre datos de créditos se basó en la ley y en requerimientos de OCDE
“La obligatoriedad de la entrega de la información solicitada a la Sugef fue expresamente validada por la Procuraduría General de la República mediante el criterio PGR-C-125-2023”, informó la institución.
BCCR: Datos crediticios se solicitaron a Sugef por iniciativa y para cumplir acuerdos con FMI
Los diputados de la comisión acordaron abrir un expediente de investigación sobre las solicitudes que ha realizado el BCCR a la Sugef y a los bancos.
Rechazan dos recursos más contra solicitud de información del Banco Central a Sugef
El tribunal dijo que ambos recursos se limitaban a criticar y denunciar la acción, pero no detallaban actos en que pudieran haber sido afectados o amenazados sus derechos fundamentales, o de qué forma.
Hazel Valverde: BCCR recibe datos individualizados desde hace 20 años y hasta ahora no hubo reticencia ni de Sugef ni de los bancos
La gerenta del BCCR recordó que con la entrada a la OCDE se reforzó la autonomía del BCCR (del Ejecutivo) y que por eso “resulta extraño” que sea ahora cuando se esgrimen dudas sobre esa autonomía.
