Por cada compra realizada a través del datáfono en el comercio Pet Land, en Guadalupe, su propietario Siumen Chan debe pagar un 5% por comisión de tarjeta al Banco que le provee el datáfono a la tienda.
Esto sumado a una baja de 30% en las ventas en los últimos meses, ha puesto en aprietos a este comerciante de artículos y servicios para mascotas, quien asegura que muchas veces ha pensado en cerrar su negocio que tiene más de 20 años de existir o incluso cambiar el tipo de actividad.
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Para tratar de “desahogar” a los comerciantes, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, propuso un proyecto que plantea que se regulen las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos en el país y así beneficiar a más de 18 mil comercios, según la Cámara de Comercio de Costa Rica.
La iniciativa de Ramos pretende que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) sea la entidad que determine, luego de un estudio, cuál es la comisión que los bancos deberán cobrar a los comercios por el uso del dispositivo.
Las transferencias con tarjeta de crédito y débito implican el cobro de la comisión “de adquirencia”, que se acuerda entre el banco y el negocio por la provisión del servicio electrónico de pago; y la comisión de “intercambio”, que la retiene el banco proveedor del datáfono para traspasarlo al banco proveedor de la tarjeta.
Históricamente, las comisiones han sido fijadas por un acuerdo entre los bancos que data de 1992 y exceden -en gran medida- las tasas registradas en otros países del mundo en Europa y América. Este documento estableció comisiones mínimas del 1% para gasolineras, del 2% para supermercados y servicios públicos, y del 4% para el resto de los negocios.
De acuerdo con Ramos, estas comisiones actualmente pueden llegar a ser de 7%; mientras que en Europa tienen un límite de 0,30%.
Estos datos son respaldados por la Cámara de Comercio, la cual asegura que en Alemania se suprimieron comisiones interbancarias, y en España las comisiones por el uso del datáfono oscilan entre 0,20% para tarjetas de débito y 0,30% para tarjetas de crédito.
En países latinoamericanos como México, Argentina y Colombia, las tasas oscilan entre 1,4% y el 2,3% para tarjetas de crédito, y entre el 0,3% y el 1% para las tarjetas de débito.
“Hemos encontrado casos en el país en que pagan hasta el 7%. La moda es el 4%. En los países de mejor desempeño ver esto no supera el 1%. El sistema es uno en el mundo. No es que el sistema de pago de tarjetas es uno para cada país. Las marcas tienen un sistema que opera globalmente y que tiene costos globales. No se vale decir que un país puede ser más caro que otro por estos servicios”, aseveró Ramos.
“Uno esperaría que estas tarifas puedan bajar perfectamente 2% o 2,5% y que eso pueda ahorrarle a los costarricenses una cifra cercana a ¢180 mil millones o ¢190 mil millones con año que hoy están pagando de más principalmente las pequeñas empresas”, añadió.
El legislador destacó también que en el país existe un oligopolio, pues solo hay seis bancos que ofrecen el servicio de datáfonos. Entre ellos, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional (BNCR), el BAC y Scotiabank.
La aprobación de este proyecto ayudaría a que comercios como Pet Land, tengan una “mayor rentabilidad”.
“Un negocio que vende ¢10 millones al mes, que esté pagando 4%, tiene que destinar ¢400 mil al pago de datáfono como mínimo. Eso el negocio lo tiene que recuperar, es parte de sus costos. Entonces tiene que subir precios para recuperarlos. Si la comisión fuese como en Europa, entonces en lugar de pagar ¢400 mil lo único que tendría que pagar son ¢40 mil. Entonces serían ¢360 mil que le servirían para invertir más o bajar precios. Estoy seguro de que todos quieren ser más competitivos”, aseguró el diputado Ramos.
En esta misma línea, el dueño de Pet Land, Siumen Chan, destacó que los altos precios en los productos que venden los comercios se deben en su mayoría a los altos costos de operación; es decir, no es una práctica antojadiza.
A casos como el de Chan se suman otros comercios como la panadería Musmanni ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados. De acuerdo con la administradora, Rebeca Campos, tener datáfono no es para nada rentable para este negocio.
“Yo creo que el datáfono no es rentable para nosotros. Primero porque nos cobran mucha comisión y segundo porque cada vez la gente paga más con tarjeta que en efectivo. Es plata que el negocio deja de percibir como ganancia. Al final se convierte en un gasto más que hay que hacer”, aseveró Campos.
Campos agregó que los costos de operación también han golpeado esta panadería que tiene 21 años; sin embargo, cuentan con la ventaja de que el local es propio, pues de lo contrario “el negocio no dejaría nada”.
Rumbo a Plenario
El proyecto de ley 21.177 fue dictaminado favorablemente el pasado 22 de octubre en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
El proyecto contó con los votos a favor de los diputados Roberto Thompson y Daniel Ulate del Partido Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza y Paola Vega de Acción Ciudadana (PAC); y Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Por su parte, el diputado independiente Erick Rodríguez votó en contra de la propuesta.
La iniciativa propuesta por el diputado Welmer Ramos también incluye sanciones leves, graves y muy graves a las entidades financieras que obstaculicen el cumplimiento de esta ley.
Por ejemplo, se sancionará con multa de uno a diez salarios base cuando se retrase o no se remita la información solicitada dentro de los plazos consignados por el Banco Central, siempre y cuando estas acciones no hayan generado obstáculos a la entidad para atender el objeto de la ley. Asimismo, aplica si se remiten datos inexactos e incompletos.
En el caso de que estas acciones ocasionen daño al Banco Central para atender el objeto de esta ley, la falta se considerará grave y se sancionará con multa de once a cincuenta salarios base.
Se sancionará con multa de cincuenta y uno a cien salarios base cuando se cometan faltas muy graves como la entrega de datos falsos; la resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas infundadas o falsas, en el envío de los datos requeridos y la obstaculización en el cumplimiento del objeto de esta ley al Banco Central de Costa Rica, entre otros.
El proyecto establece sanciones por el incumplimiento de los topes máximos de comisiones. Quienes cometan esta infracción deberán pagar una multa equivalente al cobro en exceso que haya realizado y nunca menor a doscientos salarios base.
El Banco Central tendrá la obligación también de revisar periódicamente las comisiones autorizadas por concepto de comisión de adquirencia, intercambio y otras, con el propósito de ajustarlas de acuerdo con los principios detallados en la ley.
“Ojalá no vengan con el cuento de que el aparato en una pulpería sale más caro porque tiene menos frecuencia de uso. Le deben cobrar la misma cantidad que a otros comercios. La idea es que todos tengan misma comisión para que no haya competencia desleal”, mencionó Ramos.
El diputado destacó que hará lo posible para que a este proyecto de ley se le dé trámite rápido en el Plenario.
