El abogado argentino Fabián Salvioli visitó Costa Rica como parte de su trabajo con la organización no gubernamental (ONG) Centro por los Derechos Civiles y Políticos, la cual “lleva adelante misiones de seguimiento de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
Relató que integró el Comité cuando se evaluó a Costa Rica y que por ello “con mucho gusto” aceptó venir al país en una misión que detalló no es de examen de las situación de derechos humanos en el país, ni para establecer responsabilidades del Estado, sino para “facilitar el cumplimiento de la obligación de dar seguimiento a las posiciones del Comité y de esa manera garantizar mejor el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas sometidas a la jurisdicción de Costa Rica”.
La necesidad de la misión radica en que precisamente el país se ha atrasado en informar a ese Comité sobre avances en los temas puntuales del aborto, derechos indígenas y discriminación, “los tres temas sobre los que el Estado tiene que informar, no es que la misión los elige, son los que el Comité de Derechos Humanos decidió al adoptar sus observaciones finales”.
¿Constituyen esos temas las principales deudas de Costa Rica en derechos humanos?
No necesariamente, son los tres temas sobre los que el Comité estableció prioridad por una razón: el Comité siempre elige de todo lo que alerta, tres o cuatro asuntos sobre los cuales cada Estado tiene que informar al año, y ahí se toman en cuenta distintos factores, uno de ellos es la entidad, otra tiene que ver con factibilidad de llevar adelante esa tarea en un año, si hay que pedir una reforma constitucional, difícilmente el Comité lo ponga como seguimiento al año. Se examinan balanceadamente cuestiones que tiene que ver con la importancia de la temática, lo masivo de la situación y la factibilidad de tomar medidas progresivas para dar cumplimiento a las decisiones del Comité.
¿Qué han encontrado en el caso nuestro?
Tenemos reuniones con distintos actores tanto de la sociedad civil como del gobierno, estamos juntando información sobre las medidas que se van tomando o sobre las dificultades que pueden existir a los efectos de avanzar. No es nuestra misión hacer una evaluación, simplemente es recopilar la información pertinente a efectos de luego facilitársela al Comité de Derechos Humanos y que junto con otra información que reciba de parte la sociedad civil y del Estado, evalúe el grado de cumplimiento de las obligaciones.
Lo que sí puedo decir es que el Estado está atrasado, debió contestar sobre esto en marzo de este año, el Comité de Derechos Humanos le ha mandado dos recordatorios ya en ese sentido, el segundo de ellos venció en los primeros días de noviembre y obviamente esto marca una cierta dificultad, porque el Comité igualmente va a evaluar la situación del Estado y siempre es mejor tener la información que el Estado puede proveer. A nosotros nos han brindado cierta información que es una pena que el Estado no la brinde al Comité de Derechos Humanos.
Hay una comisión interinstitucional creada en Costa Rica para dar seguimiento a los órganos internacionales de derechos humanos. El Comité le dijo al Estado que debía agilizar el funcionamiento de esa comisión y hacerla dinámica para cumplir con sus propósitos. Esta comisión está comenzando a avanzar en su funcionamiento, pero probablemente no tiene todo el dinamismo que debería.
En Costa Rica a nivel de discurso todo marcha bien, por ejemplo en la legislación se establece el aborto impune, pero en la práctica no se cumple en los hospitales de seguridad social, el Estado dice que avanza en elaboración de sistema de consulta en comunidades indígenas, pero aún hay mucha conflictividad.
Son cuestiones de política pública y por eso el Comité de Derechos Humanos seguramente entenderá el proceso que se lleva adelante, pero naturalmente lo que juzga son resultados. Es decir, la presentación de proyectos o proyectos en trámite -por ejemplo el de consulta con pueblos indígenas sabemos que es laborioso y lleva tiempo-, me imagino que el Comité valorará el esfuerzo que se lleva adelante, pero no podrá decir que el resultado es exitoso hasta el momento en que efectivamente esté en marcha y que los derechos de los pueblos indígenas se vean garantizados en el marco de las consultas.
El Comité de Derechos Humanos lo que hace es acompañar estos procesos, evaluándolos a efectos de que se implementen decididamente sus recomendaciones.
La nuestra es una misión de seguimiento de parte de una ONG internacional que tiene por objeto facilitar la obtención de información por parte de lo que puede provenir de la sociedad civil, de otros interlocutores y de las distintas dependencias del Estado, que son las que deben implementar estas políticas públicas.
Dijo que hay un atraso en la obligación de informar, ¿cuales son las causas?
Esa pregunta habría que formulársela al Estado, a veces es difícil recopilar la información, a veces los teléfonos no están del todo sincronizados entre las diferentes dependencias, a veces las urgencias de la política pública puede llevar a quienes trabajan en el Estado a llevar adelante otro tipo de prioridades. Lo que sé, es que cuando el Estado no responde, es una oportunidad perdida. En buena medida venimos a incentivar a que el Estado pueda mostrar las cosas que ha llevado adelante en esta materia.
El tema de discriminación abarca mucho, ¿qué es lo que preocupa en el caso de Costa Rica?
El Comité ha marcado ciertas dificultades en el disfrute de derechos sin discriminación tanto para personas indígenas, población con discapacidad, LGBTI, poblaciones migrantes, solicitantes de asilo o personas afrodescendientes.
Se le ha dicho la estado que continúe intensificando sus políticas a efectos de eliminar esta discriminación, porque el Comité también da cuenta de que el Estado lleva adelante medidas en ese sentido y de hecho en reuniones que hemos tenido nos han mostrado una buena batería de medidas que se llevan a cabo.
Combatir la discriminación también implica combatir estereotipos arraigados en las sociedades y todo esfuerzo es poco, entonces hay que seguir avanzando para eliminar la discriminación en el plano del derecho como en el plano de la práctica.
Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es importante que el Estado avance en la adopción de la norma por parte del Ministerio de Salud en los casos ya establecidos en el Código Penal desde hace un siglo. No es lógico que esta situación se siga manteniendo. También hay casos presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que muestran las dificultades por las que han tenido que atravesar mujeres a las cuales se les obligó a llevar adelante su embarazo de forma completamente inviable y tuvieron que sufrir algo tremendo por falta de cobertura normativa y de sensibilidad de parte de la legislación. Estas son oportunidades para entender que hay que dar pasos adelante en esa materia y esto no debe ser un problema electoral para ningún grupo, es decir, ninguna persona con sensibilidad puede estar a favor de obligar a mujeres a llevar adelante embarazos inviables.
Y sin embargo, hay quien lo está y en periodo electoral.
Sí, pero el derecho internacional en derechos humanos es unánime y consistente, todos los órganos internacionales en todos los campos han dicho que en estas situaciones hay que permitir la interrupción del embarazo.
